La sentencia de la Sala Constitucional sobre la Ley de Telecomunicaciones tiene un balance negativo porque, en relación a la democratización de las comunicaciones y la construcción de un modelo mediático más plural, pone más obstáculos que oportunidades.

En positivo, la resolución manda que la Asamblea Legislativa establezca mecanismos de asignación de frecuencias de radio y televisión alternos a la subasta al mayor postor. Es decir, mantiene la subasta pero manda que no sea el único mecanismo.

Y el otro aspecto positivo es la declaración de inconstitucionalidad de la renovación automática de las concesiones. Sin embargo, la Sala contradiciendo su propia sentencia permite que las actuales concesiones se renueven automáticamente.

Esto es altamente perjudicial para las posibilidades de diversificar el modelo de medios, porque perpetua por –al menos 20 años más– la actual estructura mediática dominada por pocos grupos empresariales que acaparan la mayoría de canales y frecuencias radioeléctricas.

A esto se suman los demás aspectos negativos de la resolución. Increíble pero cierto: la Sala declara constitucional el carácter de bien privado de las concesiones, la falta de límites a la concentración mediática, el uso ineficiente del espectro radioeléctrico y el no reconocimiento de los medios comunitarios y públicos.

Es decir, la Sala permite que concesionarios privados sigan lucrándose del (bien público) espectro radioeléctrico vendiendo o alquilando frecuencias, que los conglomerados mediáticos puedan obtener más concesiones, que se mantengan excesivos anchos de banda y que continúe la exclusión de los medios sin fines comerciales.

Pero hay un aspecto que deja estupefacto: la Sala ordena que en el futuro sistema digital los concesionarios actuales mantengan el mismo ancho de banda actual, sin importar cuántos canales o frecuencias más se obtengan con el dividendo digital.

Es decir, la sentencia no sólo mantiene la alta concentración mediática actual al permitir la prórroga automática de las concesiones del actual sistema analógico, sino que decreta anticipadamente que la concentración sea total en el futuro sistema analógico.

Así, los magistrados Florentín Meléndez, Rodolfo González, Sidney Blanco y Belarmino Jaime, le dicen al país ¡bienvenido al entierro de la democracia deliberativa!