Organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha contra la corrupción señalan que a siete días de realizarse la audiencia preliminar contra el expresidente Francisco Flores aún existe información pendiente de ser incorporada al expediente judicial, entre ella el dictamen pericial elaborado por un técnico financiero que determinaría la ruta seguida por los fondos desde su entrega mediante cheques al exmandatario hasta sus posibles destinatarios.

Los representantes civiles afirman que el proceso penal que se sigue en contra del expresidente por la comisión de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares, judicializado hace más de un año, ha puesto a prueba a la institucionalidad del Ministerio Público y el Órgano de Justicia salvadoreño, al ser el primer caso -desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992- en que un funcionario público de tan alta jerarquía es formalmente acusado por delitos de corrupción.

El resultado del mismo puede sentar un precedente en la justicia salvadoreña convirtiéndose en uno de los casos más emblemáticos en la lucha contra la impunidad en El Salvador.

Por ello, los abogados querellantes aún tienen la difícil tarea -de cara a la celebración de la audiencia preliminar- de recolectar suficientes argumentos jurídicos y prueba documental, a efectos de dirimir las responsabilidades en la comisión de estos delitos por parte del procesado.

Según las organizaciones civiles, el juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, Miguel Ángel García, también jugará un rol importante, pues a la luz de elementos recabados en la actual etapa, deberá decidir sobre el grado de participación o responsabilidad del imputado en los delitos que se le atribuyen y sobre la incorporación al proceso penal del crimen de lavado de dinero.

Por dicha razón, en esta última semana previa a la audiencia, las organizaciones realizaron un llamado a los diferentes actores de la sociedad y a la ciudadanía en general a estar pendientes del desarrollo y resultado de la audiencia preliminar, asimismo a los diferentes medios de comunicación privados, públicos y comunitarios a informar de manera clara y objetiva todos los acontecimientos que se susciten dentro de tan importante proceso.

También solicitaron al fiscal General, Luis Martínez, comportarse a la altura de su cargo dando debido cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y legales, defendiendo los intereses de la sociedad salvadoreña.

Estas declaraciones fueron vertidas por distintos representantes que dan seguimiento al proceso penal contra el expresidente Flores por la comisión de los delitos de corrupción con el fin de ejercer contraloría social al funcionamiento de las instituciones del sistema de justicia y el Ministerio Público en El Salvador.

Fuente: Transparencia activa