Para financiar las acciones del “Plan El Salvador Seguro”, elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, el gobierno busca recaudar 140 millones de dólares anuales. Y para esto propone grabar con un 10% los servicios de telefonía, internet y televisión por cable.

La propuesta está mal planteada porque el impuesto debe ser al patrimonio y a las ganancias de las empresas, y no a la factura que pagan los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

Como está planteada, la medida afectaría la situación económica de los sectores populares y medios, profundizaría el esquema tributario regresivo heredado de los gobiernos de ARENA y tendría un enorme costo político para la izquierda gobernante. Por tanto, el Ejecutivo debe retirarla de inmediato.

Y, en vez de esta propuesta equivocada, el gobierno debería, en primer lugar, combatir más efectivamente la evasión tributaria que supera 900 millones de dólares anules. También debe combatirse la elusión y el contrabando.

En segundo lugar, impulsar una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”. Esto incluye impuestos directos al patrimonio y a la ganancia de las grandes empresas (telefónicas, bancos, constructoras), así como también a los bienes de lujo y a las grandes transferencias financieras.

En tercer lugar, renegociar la deuda externa adquirida bajo condiciones desfavorables para el país: altos intereses y requisitos violatorios de la soberanía, la independencia y autodeterminación en las políticas públicas.

En cuarto lugar, ser más consecuente con el combate contra la corrupción procurando la depuración del Sistema Judicial y la elección de un Fiscal General capaz, honesto, independiente y comprometido con la lucha contra la corrupción, la impunidad y la violencia.

Así, el gobierno de izquierda estrecharía sus vínculos con las organizaciones progresistas y desenmascararía a la derecha oligárquica que quiere hipócritamente erigirse como defensora de los consumidores, se rasga las vestiduras por el endeudamiento y hasta se atreve a hacer marchas contra la corrupción.