En vísperas de iniciarse el proceso electoral, es conveniente hacer un repaso de lo que nos dejó el fujimorismo. Siempre hacer memoria, revisar la historia, resulta aleccionador.

 La alusión de los actuales líderes del fujimorismo acerca del buen resultado de la década que gobernó el país Alberto Fujimori (1990 -2000), con la asesoría de Vladimiro Montesinos - ambos actualmente en la cárcel purgando sentencias emitidas en procesos inobjetables – contrasta, sin embargo, con el daño estructural que dicho régimen infringió a la institucionalidad del sistema democrático, del cual hasta ahora no nos recuperamos, a pesar del tiempo transcurrido.

 Las livianas excusas de dichos dirigentes, herederos directos del autor de los estropicios, que van desde “los errores” hasta la estrambótica figura de “la democracia delegativa”, no son sino eso: pretendidas justificaciones en las que brota una gran dosis de insinceridad. Decir que haber interrumpido el sistema constitucional mediante al autogolpe del 5 de abril de 1992, fue un error (irrepetible porque ya no se volverán a presentar las condiciones que lo propiciaron), o, sostener que ante la situación de crisis que se vivía en ese entonces, el pueblo peruano entregó parte de sus derechos al gobierno para adoptar medidas, constituyen la más clara demostración de la falacia que arropa el propósito de enmienda con el cual el fujimorismo joven (el de los hijos) busca persuadirnos.

Los medios de comunicación literalmente comprados con dinero público – ese sí – falseando la verdad, distorsionando las cosas o inventándolas, con el exclusivo propósito de destruir al adversario, o demeritarlo, fue un sello característico de esa vergonzosa década. Se crearon diarios cuyo único fin fue lesionar el honor de las personas y de las instituciones. Se financiaron programas de televisión y se montaron producciones para ensalzar los logros de Fujimori y Montesinos, quienes juntos, vestidos con el mismo terno azul, uno frente al uno, sonrientes, cual dos de gotas de agua, comparecían para decirnos a los peruanos lo bien que estaba el país y, al propio tiempo, promover campañas de desprestigio para insultar a quienes osaran simplemente preguntarse por el daño estructural que las medidas adoptadas por la dictadura estaban produciéndole al Perú.

 Y entonces, ante la diatriba y el insulto injustificado, desde el propio gobierno, se sugería, para demostrar que las instituciones funcionaban, que quienes se sintiesen afectados acudiesen al Poder Judicial en busca de resguardo o reparación. Total –sostenían con ese cinismo característico de quienes gobiernan en el régimen de las apariencias – en el país existe una democracia en funciones con un Congreso elegido y, por cierto, un sistema de justicia independiente y autónomo, agregaban para que la verdad encubierta, o la simple y llana mentira, no fuesen advertidas. Claro que ir al Poder Judicial a pretender algún resarcimiento, exigir una simple rectificación o la sola aplicación de la ley, resultaba una ingenuidad sublime cuando se confirma, tiempo después, que las sentencias de los casos emblemáticos se redactaban en las oficinas de Vladimiro Montesinos, para ser firmadas por los magistrados encargados de administrar justicia en nombre de la nación, según reza el mandato constitucional.

 Confirmar, entonces, como lo está en esos hechos incontrovertibles que representaron los tristemente célebres vladivideos (son memorables las grabaciones en las que se resuelven los casos Luchetti y el referéndum contra la re reelección presidencial), que la perversa combinación de la prensa concentrada y el sistema de justicia maniatado, constituye una herencia directa del fujimorismo, no es otra cosa que relievar la historia inmediata del país.

Y algo más: no estoy muy seguro que ese fenómeno haya sido necesariamente erradicado en los actuales momentos, a pesar de la época transcurrida en democracia durante los últimos tiempos. No es que haya prensa ni sistema de justicia maniatada. Existe, sin embargo, en mi concepto, una prensa concentrada – sin duda perniciosa - y una judicialización –ciertamente indeseable - de la política. Se trata de un fenómeno, distinto – es verdad – al que generó el fujimorismo, pero hermanado en su esencia por estar reñido con los valores democráticos. Ya trataremos, en otra ocasión, de esta singular realidad.

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