Un 3 de enero de 1833 el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda tomaron por la fuerza de las armas Las Islas Malvinas, heredadas por Argentina como resultado de su independencia del Reino de España, en 1816. Este arrebato de parte de su territorio se produjo a pesar de las relaciones de paz existentes en ese momento entre el Reino Unido y Argentina. Fue un hecho violento que no encuentra otro calificativo que el de simple acto de piratería. La potencia colonial desalojó a la población argentina allí asentada, a las autoridades de las islas y a la guarnición militar, debilitada por otro ataque perpetrado meses antes por la corbeta usa-americana Lexington para eludir los controles del Nuevo Estado argentino en sus aguas territoriales. A partir de entonces las Islas Malvinas y los archipiélagos circundantes han estado bajo dominio británico, y habitadas por un poco más de dos mil súbditos de la potencia colonial ocupante. Esta es la historia.

Desde ese entonces la República Argentina viene reclamando al Reino Unido la reparación debida por el agravio inferido en estos ya más de 180 años de haber sido invadido parte de su territorio nacional. En la resolución 2065, en 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reconoció formal y expresamente la existencia de la disputa de soberanía sobre estos territorios y se exhorta a sus únicas dos partes, la Argentina y el Reino Unido a encontrarle una solución pacífica, a la mayor brevedad, a través de negociaciones bilaterales lo que hasta el momento no se ha podido hacer debido a la obstinada negativa británica a emprender el diálogo con Argentina, país que se ha comprometido a respetar el modo de vida y los intereses de los súbditos de la Corona allí trasladados.

 La recuperación de las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes es para los argentinos un sentimiento aglutinante que se ha convertido fuera de las fronteras del país suramericano en causa de condena a uno de los enclaves coloniales que aún quedan en el mundo. En este caso situado a poco más de 600 km del territorio argentino, sobre su plataforma continental, y a más de 12.000 km de la potencia colonial usurpadora.

El apoyo de Costa Rica a La Causa Malvinas, al legítimo reclamo de devolución de estas islas, por razones históricas, jurídicas y territoriales, se inscribe en el convencimiento de las múltiples, poderosas e incuestionables razones que la asisten y en las más nobles tradiciones civilistas y democráticas del pueblo costarricense. Son propias e inamovibles convicciones sostenidas, sin treguas condescendencias o pusilanimidades, en los irrenunciables principios de defensa de la Independencia y la Soberanía. Las Islas Malvinas le pertenecen a su legítimo dueño: El pueblo argentino.