El mensaje de impunidad es terrible: “Usted puede asesinar a alguien, descuartizarlo y después esparcir el cuerpo por distintos lugares; Fiscalía le abreviará el proceso y cambiará el delito para reducirle la pena; después saldrá de la cárcel de máxima seguridad e irá a un reclusorio común; y finalmente será dejado en libertad por un tribunal de justicia”.

Rodrigo Chávez Palacios confesó que cometió un homicidio con lujo de barbarie: asesinó y descuartizó a una persona, dejó las partes del cuerpo en diferentes sitios de Antiguo Cuscatlán; pero ayer recuperó su libertad.

Tras el fallo de una Cámara de lo Penal que ordenó la revisión del caso, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla lo puso en libertad ayer. Antes, durante el juicio, la Fiscalía ya le había abreviado el proceso y modificado el tipo de delito para bajarle la pena de 30 a 11 años de prisión, condena que empezó a pagar en la cárcel de Zacatecoluca (“Zacatraz”) pero después el “descuartizador” fue llevado a Apanteos.

Chávez Palacios no es cualquier asesino. Este bárbaro homicida es hijo de un influyente político demócrata-cristiano (Fidel Chávez Mena), ex canciller de la República y ex candidato presidencial que –irónicamente- hoy es miembro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, formado por el Presidente Salvador Sánchez Cerén.

Pero más relevante aún es que Chávez Palacios fue vicepresidente de la empresa canadiense Pacific Rim (cuyo presidente estuvo recién en el país, con el millonario mexicano Carlos Slim y el ex presidente estadounidense Bill Clinton, en un acto que resultó ser promocional del posible precandidato presidencial del oligárquico partido ARENA).

El “descuartizador” era el máximo representante de Pacific Rim en el país cuando –en junio y diciembre de 2009- fueron brutalmente asesinados los ambientalistas Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, líderes de la resistencia comunitaria contra los proyectos mineros en Cabañas. Marcelo Rivera fue desaparecido, torturado y asesinado; y Dora Sorto fue acribillada con un niño en sus brazos y otro de ocho meses en su vientre.

En esa misma época fueron amenazados de muerte periodistas de Radio Victoria, emisora comunitaria que informaba sobre los posibles daños de la explotación minera y se unió al esfuerzo comunitario de defender el medioambiente.

Por eso las organizaciones ambientales y comunitarias de Cabañas, apoyadas por ADES y ARPAS, pidieron que Chávez Palacios fuera investigado como posible autor intelectual de los asesinatos de los activistas antimineros y las amenazas contra los periodistas comunitarios. Pero el Fiscal General Luis Martínez, candidato a la reelección en el cargo, hizo caso omiso.