Llamado a la sensatez
- Opinión
La derecha legislativa está empecinada en aprobar en la sesión plenaria de hoy una reforma a la Ley de Telecomunicaciones.
La propuesta incumple lo establecido por la Sala Constitucional en la sentencia del pasado 29 de julio, violenta los estándares internacionales de libertad de expresión de expresión y no retoma elementos importantes que aportaron instituciones como SIGET y la Superintendencia de Competencia.
La reforma tampoco tomó en cuenta la propuesta presentada por la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo). En sintonía con la resolución de la Sala, los estándares de libertad de expresión y la urgencia de democratizar el espectro radioeléctrico, esta propuesta planteó mecanismos diferenciados para asignar frecuencias a medios públicos, privados y comunitarios.
Esta propuesta busca promover el pluralismo informativo que plantea la Sala y la diversidad mediática que impulsan la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y la UNESCO. Por eso también propone que la Superintendencia de Competencia vigile la concentración mediática y nuevos requisitos para renovar las concesiones.
Al contrario, la propuesta que impulsan ARENA, PCN y GANA vulnera el principio de igualdad en el acceso al espectro y elimina cualquier posibilidad de construir un esquema mediático más incluyente. Con el claro propósito de favorecer a los grandes medios, plantea que las “frecuencias locales” no podrán transferirse ni comercializarse, “no generarán derechos” y ningún concesionario podrá tener más de una.
Esto no sólo restringe a los medios con un perfil social, no lucrativo o comunitario, sino que perjudica las posibilidades de desarrollo de pequeñas radios y televisoras comerciales de cobertura municipal, departamental o regional.
Por lo demás, la reforma de la derecha parlamentaria dejó de lado el rol de la Superintendencia de Competencia en el control de la concentración mediática y la responsabilidad de los concesionarios (entre otros requisitos) para renovar las concesiones planteados en el fallo de la Sala, que es de obligatorio cumplimiento.
Por tanto, es necesario hacer (a ARENA, PCN y GANA) un enérgico llamado a la sensatez y la prudencia. La derecha legislativa debe regresar su dictamen a la Comisión Ad Hoc para que sea revisado conjuntamente con las propuestas de reformas que presenta hoy en el Ejecutivo y la resolución aclaratoria que –según anunció ayer el magistrado Sidney Blanco- la Sala emitirá este viernes o la próxima semana.
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