En las últimas tres semanas la Asamblea Legislativa aprobó varias leyes y reformas importantes, algunas de las cuales pasaron desapercibidas en los principales medios de comunicación.

Una es la Ley de Defensa Comercial, cuyo propósito es proteger la producción nacional frente a prácticas de comercio desleal y anticompetitivo que dañan la economía. La normativa busca revertir las indefensiones de los productores salvadoreños causadas por la liberalización y desregulación neoliberal.

Los gobiernos de ARENA desmantelaron el aparato productivo del país, privilegiaron las importaciones, proyectaron una economía de servicios y entregaron a empresas transnacionales rubros estratégicos como la banca, telecomunicaciones y distribución eléctrica.

Otra es la Ley de Reparación por Daños a la Moral que permite reparar los perjuicios provocados por errores judiciales, retardación de justicia o violaciones a derechos constitucionales. Mediante esta ley cualquier persona dañada en su honor y dignidad puede exigir una compensación monetaria.

De especial relevancia es la Ley de Probidad que sustituye a una caduca normativa que venía desde los años cincuenta y era ineficaz para prevenir el enriquecimiento ilícito.

La nueva ley restablece y amplía las competencias a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia para que reciba declaraciones patrimoniales de privados que participen en el manejo de fondos estatales y directivos de empresas de economía mixta, además de funcionarios públicos y sus grupos familiares.

Y entre las reformas destaca la realizada a los códigos Penal y Procesal Penal para que los delitos de abuso sexual contra menores no prescriban. Esta medida permite que agresiones sexuales contra niñas y niños puedan denunciarse, investigarse y judicializarse independientemente de cuándo se hayan cometido.

Esta reforma es la respuesta legislativa a los escándalos de pedofilia en la Iglesia Católica y casos de abuso sexual de sacerdotes contra menores, revelados a partir de denuncias de la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato.

También hay omisiones legislativas positivas. La más relevante es la retirada de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones que impulsaban ARENA y PCN. La caída momentánea del cuestionado dictamen abre la posibilidad de aprobar una reforma más integral al marco normativo de las comunicaciones.

Así que, a pesar de la deuda que significa no elegir a tiempo al nuevo Fiscal General, la Asamblea cierra el año con acciones positivas que merecen destacarse con la misma vehemencia que se denuncian los desaciertos parlamentarios.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

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