La Junta Nominadora para la elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia entregó al Congreso de la República la lista de los 45 aspirantes a magistrados que, según manifiestan  sus miembros, es producto de un riguroso proceso de selección y trabajo duro. Esta afirmación no la comparte la Comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ya que denunció que no se entregó información sobre las pruebas aplicadas y los resultados, mucho menos explicaciones porque ciertos aspirantes se metieron en la lista cuando se conoce que no aprobaron dichas pruebas. El presidente del Congreso, Mauricio Oliva,  integró una Comisión para seleccionar de los 45 a 15 aspirantes a magistrados que conforman una nómina que será sometida al pleno para su aprobación el próximo lunes 25 de enero de 2016.

La Comisión está integrada por tres  diputados del partido nacional y es presidida por uno de ellos; curiosamente el mismo que presidió la Comisión para investigar la corrupción que quedó en nada; dos diputados del partido liberal, uno  de ellos ligado al gobierno del presidente Micheletti Bain; dos  diputados del partido Libre, seleccionados con pinzas ya que se garantiza que no recibirán línea de partido ni de Mel Zelaya; dos  del Partido Anticorrupción (PAC) y uno  de la DC; quedaron fuera los representantes de los partidos PINU-social democrática ya que su única diputada (Sólo Doris) se ha pronunciado en contra del proceso y a favor de una votación individual y publica  y Unión Democrática (UD), un partido que perdió el rumbo hace mucho tiempo.

Si la votación dentro de la Comisión para la elección de los aspirantes que conformaran la nómina se hace por mayoría simple, la alianza de los partidos tradicionales sumado al diputado de la DC ganará, dejando a LIBRE y PAC “silbando en la lona”. No obstante, hay que tener presente que se necesitan 86 votos para elegir y aprobar dicha nomina (voto plancha) y todavía el Partido Nacional no los tiene, por lo que puede suceder que la elección se realice en forma individual y votación secreta; la sociedad civil no alineada pide votación publica en caso que esto llegue a suceder.

Antes de la elección de los 15 aspirantes, ya circulan perfiles de los posibles magistrados.  Hay un interés creciente por parte del partido de gobierno que el actual Coordinador de Fiscales, Rolando Argueta, sea el presidente de la Corte Suprema ya que a ellos le corresponde por cuanto liberales teñidos de azul han tenido el control de la Corte Suprema actual;  aspiran a que sean ocho (8) los diputados del partido nacional que se elijan; lo mismo puede decirse del partido liberal que aspira a que Edgardo Cáceres Castellanos o Jorge Burgos, ex/magistrado y juez respectivamente y catedráticos universitarios sea el elegido como nuevo presidente de la Corte Suprema. En el caso de LIBRE y PAC no hay candidatos a la presidencia, pero manifiestan que votarán en forma directa y audiencia pública por los mejores.

Si se analizan los puntajes de las calificaciones obtenidas por los 45 aspirantes se deduce que los primeros quince mejor evaluados serían en su orden los siguientes: María Fernanda Castro Mendoza (85.2%), Fernán Núñez Pineda (81.16%), Suyapa Petrona Truman (80.46%), Jacobo Antonio Cálix (79.36%), Any Belinda Ochoa Medrano (76.2%), Jorge Alberto Burgos Córdova (76.01),  Miriam Suyapa Barahona Rodríguez (75.46%), Lee Antonio Ramírez Paz ( 74.46%), Rolando Edgardo Argueta Pérez ( 74.25%),  Juan Wilfredo Castellanos Hipp ( 73.94%), Armando Urtecho López (73.64%), José Antonio  Fernández Flores (72.76%), José Rogelio Penagos Fajardo (72.67%), Karla Patricia García Arita ( 72.43%), y Danelia Gramizel Garay Caballero (72.23%). Pero estas evaluaciones son muy bajas si se analiza el puntaje obtenido en las audiencias públicas y hojas de vida,  y no revela los resultados obtenidos en la aplicación de pruebas de confianza.

La preocupación de organizaciones de sociedad civil no alineadas es que parte de los aspirantes estén ligados a casos de narcotráfico y lavado de activos, por lo que se desconoce si el listado enviado se depuró con la lista manejada por la Embajada de Estados Unidos donde aparecen los nombres de estos togados pero que la sociedad civil no la conoce, dejándose a los miembros de la Junta Nominadora la selección de una gran parte de los aspirantes más allá de las audiencias y revisión curricular. La Comisión nombrada por el Congreso e incluso los  diputados debe exigir estas listas y de nuevo realizar  una revisión de las hojas de vida y pruebas de confianza para garantizar un proceso menos contaminado.

De allí que, si se conocen las pruebas de confianza y los listados de la Embajada de EEUU, los puntajes pueden variar, más aun si se asignó la misma ponderación a cada criterio (CV, audiencia pública e idoneidad). En tal sentido, los diputados del Congreso pueden asignar mayor ponderación a los aspectos de idoneidad que incluye los valores morales y principios éticos.

Lo que el Soberano exige es la elección directa y en audiencia pública, donde los diputados tengan toda la información requerida y la oportunidad de poder preguntar. Una pregunta obligada es ¿Qué opinión tiene usted de la reelección presidencial? ¿Está a favor o en contra? Si contesta que sí, debe ser automáticamente descalificado ya que está violando con su declaración una norma constitucional en pleno hemiciclo legislativo. Algunos diputados son del criterio que este procedimiento es engorroso, y solo permite la elección con votación directa pero secreta. Lo cierto es que se está eligiendo una Corte Suprema por un periodo de 7 años y debe dársele garantían al pueblo que los magistrados electos son los mejores.

Para parafrasear a un economista de MIT, debemos transformar instituciones políticas extractivas en instituciones políticas inclusivas que apoyen a instituciones económicas inclusivas, lo cual es la base del progreso y reducción de la pobreza. Si seguimos con instituciones políticas y económicas extractivas nos hundimos más, y la claridad que puede brindar la coyuntura actual se convierta en oscuridad.  Las instituciones extractivas fomentan la corrupción e impunidad, y establecen reglas para el beneficio personal y lucro de una élite económica y política que carcome la sociedad.

Tegucigalpa, 22 de enero de 2016