La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia demandó ayer acciones estatales urgentes en temas prioritarios como seguridad pública, financiamiento gubernamental, lucha contra la corrupción, salario mínimo, crisis ambiental, pensiones y democratización de la comunicación.

Sobre violencia e inseguridad, plantea necesarias políticas integrales que combinen eficazmente prevención, represión, reinserción y atención a víctimas; y que la persecución penal golpee también al gran crimen organizado que utiliza a las pandillas, a quienes les proveen armas y a los políticos que estén detrás de la estrategia de generar terror con la violencia pandilleril.

Con respecto al financiamiento público, señala que el gobierno y las municipalidades necesitan recursos para atender las necesidades de la población, especialmente para financiar los planes y programas de seguridad, aumentar la inversión social y reactivar la productividad del país.

Para esto considera necesario que el Ejecutivo combata eficientemente la evasión tributaria, la Asamblea Legislativa apruebe una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más” y la Sala Constitucional ya no boicotee los ingresos del gobierno congelando la emisión de bonos.

En relación la corrupción, exige que la Fiscalía procese a todos los ex funcionarios corruptos y que el Sistema Judicial no genere impunidad, especialmente en el emblemático caso del ex presidente Francisco Flores y los “destinatarios” de los millonarios donativos de Taiwán.

Acerca del salario mínimo, respalda el incremento propuesto por el gobierno y las organizaciones laborales. Sostiene que el aumento de los salarios y la reforma fiscal progresiva son apuestas para una distribución más justa de los ingresos; y que el país debe repudiar la actitud mezquina e insolidaria de las gremiales empresariales que se oponen a la dignificación salarial.

Referente a la crisis ambiental, urge revertir el grave deterioro ecológico, sobre todo de los recursos hídricos; por lo que considera especialmente urgente aprobar la Ley General de Agua, bloqueada por los intereses privatizadores que defienden los partidos de derecha.

También reitera la demanda de prohibir la minería metálica y los agrotóxicos, implementar una política integral de gestión de riesgos y un plan de adaptación al cambio climático que evidencia sus estragos con las sequías de los últimos años.

Sobre la democratización de las comunicaciones, la Alianza espera que la reforma que estudia una comisión ad hoc conlleve a la democratización del espectro radioeléctrico y a una mayor diversidad mediática. Por eso apoya las propuestas de la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) y reivindica la comunicación como un derecho humano.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

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