Los condenables asesinatos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y ataques contra miembros del Batallón Presidencial indican que la delincuencia pandilleril no es sólo de las pandillas sino que es de crimen organizado y perpetrada estratégicamente.

Por tanto, la política de seguridad del gobierno –con énfasis represivo y enfocada casi exclusivamente contra las pandillas- debe cambiar sustancialmente. Esta política, además, en muchos casos, violenta el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos, como ha señalado en varias ocasiones el Procurador David Morales.

Publicaciones periodísticas llaman la atención sobre el posible cometimiento de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y otros atropellos inaceptables cometidos en la ofensiva gubernamental contra las maras.

El gobierno debe corregir su estrategia anti-delincuencial que parece golpear duro únicamente al eslabón más bajo de  la criminalidad (las pandillas), combatiendo con igual fuerza al crimen organizado y utilizando mejor la inteligencia policial y militar. Así lo planteó la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia a inicios de año.

La Alianza, incluso, pidió investigar a posibles actores políticos que podrían estar detrás de la estrategia de desestabilización que utiliza la violencia pandilleril para desgastar al gobierno y generar pánico en la población.

Cuando el modus operandi delincuencial incluye ataques contra agentes policiales y sus familiares, se está frente a una estrategia delincuencial organizada con fines desestabilizadores y terroríficos pensados posiblemente fuera de las clicas pandilleriles. Por tanto, la estrategia debe apuntar más allá de las zonas controladas por las maras.

El gobierno debe recuperar la visión integral de las políticas de seguridad y retomar el Plan El Salvador Seguro, levantando -junto con las organizaciones progresistas- la bandera del financiamiento para los planes de prevención, control y persecución penal, rehabilitación y reinserción, atención a víctimas y fortalecimiento interinstitucional.

Gobierno y movimiento social deben empujar una reforma fiscal progresiva que provea fondos para la seguridad, presionar a la perversa Sala Constitucional que bloquea la emisión de deuda pública y unir esfuerzos contra la evasión tributaria que rondo los 1,800 millones de dólares anuales.

La izquierda gobernante debe pasar a la ofensiva y emplazar a las élites oligárquicas y sus servidores políticos responsables de la grave situación violenta que sufre el país como resultado de la exclusión histórica, planes de seguridad fallidos y galopante impunidad.