El gobierno de la República con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) instaló la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih). Esta misión es la respuesta del gobierno y ciertas ONG internacionales y locales frente a la demanda del movimiento de los indignados que exigían y lo seguirán haciendo, en caso que la Misión fracase, la instalación de la Comisión Internacional contra Impunidad en Honduras (CICIH) que, como el caso de Guatemala, tiene competencias incluso para perseguir el delito y presentar acusación directa contra los corruptos y corruptores, incluyendo al presidente de la República.

Aunque las competencias de la Maccih son más limitadas, la sociedad hondureña espera que sus miembros persigan también el delito y denuncien las actuaciones de los operadores de justicia cuándo presenten acusaciones a la Fiscalía para que lleve a los tribunales de justicia a los involucrados en casos emblemáticos de corrupción como la quiebra de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), el despilfarro de recursos de la condonación de la deuda externa, sobreendeudamiento ilegítimo del golpe de Estado, el caso del Seguro Social, INJUPEM, IMPREMA, TRANS 450, Secretaria de Salud, Policía Nacional y el financiamiento de las campañas de los partidos políticos.

Se espera, y este es un clamor nacional, que la Maccih si no es escuchada o desatienden sus recomendaciones no se “raje” como en Guatemala confrontando a los operadores de justicia como la Fiscalía en caso que no les brinde información suficiente y oportuna de los casos investigados, o engaveten los expedientes y le den largas a los procesos técnicos, administrativos y jurídicos. Estas acciones deben ejecutarse antes de que se decida abandonar el país por las causas de falta de apoyo de los mismos operadores, lo que dejaría mal parado al gobierno de la Republica quién insistió en su conformación. La Maccih tiene un gran aliado, el pueblo hondureño, que espera justicia frente al saqueo despiadado de los fondos y recursos públicos; espera también que la investigación empiece por las cúpulas y no por los de abajo tal como se estiló con la traída reforma y depuración de la policía nacional.

Un tema no muy visible en las funciones de la Maccih es la reelección presidencial y el uso de los recursos del Estado y cooperación internacional para propaganda política. Es decir, los alcances de la Misión en la investigación de las fuentes de financiamiento para promover y comprar la reelección presidencial (pago a diputados del Congreso de la Republica para que voten a favor de una reelección continua), y su impacto en las condiciones de vida de la población (mayor desempleo y pobreza) al desviarse recursos a cumplimiento de un objetivo político.

En tal sentido, curiosamente con la llegada de la Maccih, llegó también la hora de la verdad para el presidente Juan Orlando Hernández. Tal como se había pronosticado antes de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, la Convención del Partido Nacional a celebrarse en fecha próxima apunta a un solo punto de agenda: la reelección del presidente, sin importar lo que diga el Congreso de la Republica cuando se le consulte a los diputados sobre el tipo de reelección que quieren: continua, indefinida o alterna.

Y es que los nuevos magistrados electos lucen dispuestos a cumplir con el mandato de sus antecesores, o sea dar plena vigencia a la resolución de aprobar la reelección presidencial por encima de la Constitución de la República. Es un compromiso sellado entre los llamados “caciques” del bipartidismo y el presidente Hernández, más allá de la voluntad y militancia política de los magistrados que sin excepción se duda que se opongan a este pacto de sangre entre “correligionarios”.

Frente a ello, la oposición más fuerte a la reelección vendrá del PAC y su líder, Salvador Nasralla, que habiendo sido traicionado por tres (3) de los diputados electos a su sombra al votar a favor de la planilla del Bipartidismo, no le queda más que la trinchera de la calle y redes sociales para protestar por la imposición de la candidatura del presidente Hernández. En el caso de LIBRE, la oposición será menor en tanto Mel Zelaya aspira a ser reelecto, ya que sondeos de opinión lo ponen arriba de su esposa Xiomara Castro. También es de esperar un renacer de las “Antorchas” cuya bandera de lucha sería la oposición a la reelección acompañado del encarcelamiento de los corruptos con la llega de la Maccih.

Aunque actores importantes como el embajador de los EEUU, James Nealon, consideran que no es conveniente en la actualidad sugerirles a los miembros de la Maccih qué temas tocar, el tema de la reelección está a la vuelta de la esquina. Igualmente, hay que avanzar desde ya en la demanda al gobierno de Honduras para: a) creación de unidades élites para el combate de la corrupción e impunidad; b) selección de jueces y fiscales desechando los procedimientos amañados que se siguieron; c) acelerar las extradiciones e incautación de bienes provenientes de la corrupción y narcotráfico; d) el aseguramiento del financiamiento de la Macchi (unos 8 millones de dólares en 2016); e) revisar actuaciones de miembros del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) duramente cuestionados por organizaciones de la sociedad civil hondureña; f) eliminación de Ley de “Secretos” y Ley de “Escuchas”; g) la ratificación del Convenio de la Misión por el Congreso de la República y su socialización en todo el territorio nacional.

La Maccih contempla la llegada al país de expertos en delito financiero, lo cual se justifica por las crecientes denuncias que el Sistema Bancario Hondureño ha sido penetrado por el Narcotráfico y se ha prestado al lavado de activos incluso de dirigentes de partidos políticos. Esta es una tarea pendiente ya que muchos de los recursos producto de la corrupción fueron lavados por está vía, y su balance no cuadra ya que lo que se robaron es mucho mayor de lo que se ha recuperado en bienes.

Finalmente, las campañas políticas pueden retrasar los resultados que se obtengan con las recomendaciones y acciones de la Misión, pero es importante considerar que en Honduras el tema político está ligado directamente a la corrupción e impunidad.

Tegucigalpa, DC, 25 de febrero de 2016.