Entre el 15 y 19 de febrero  de 2016 visitó al país una misión del FMI para conocer los  avances en el cumplimiento de las metas establecidas en el programa suscrito conjuntamente y, además, evaluar el comportamiento de la economía. La Misión se sintió complacida por los logros alcanzados en materia de recaudación de impuestos y reducción del déficit fiscal, lo que augura una sostenibilidad en las finanzas públicas. Igual apoyó al gobierno en la presentación de una ley de responsabilidad fiscal para que, entre otras cosas, el déficit fiscal no se vuelva a disparar como entre 2009 y 2013, controlándose el gasto corriente y endeudamiento de la economía nacional.

La Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal fue aprobada por el Congreso de la República con pocas enmiendas sugeridas por diputados de los partidos LIBRE y LIBERAL. Aunque el Ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, considera que la Ley no es una imposición del FMI, lo cierto es que dicho organismo busca blindar las finanzas publicas de las presiones políticas en una coyuntura donde debe garantizarse el pago del servicio de la deuda externa con mayores recaudaciones de impuestos y mejora en la eficiencia administrativa y técnica de las instituciones de gobierno responsable (s) de dichas recaudaciones.

El principal objetivo de la Ley es otorgarle al Estado solvencia fiscal en sus compromisos con los empleados, proveedores de insumos y servicios y acreedores internacionales, introduciendo además principios de transparencia, rendición de cuentas y estabilidad fiscal y financiera. Sin embargo, en el fondo, desde la perspectiva política, se busca que la inestabilidad económica causada por el abandono de la disciplina fiscal no se repita en este gobierno del “cambio profundo”, ya que con ello se pone en riesgo incluso el proyecto reeleccionista de Juan Orlando Hernández. Esto es así, en tanto el partido de gobierno tiene desde ya definida su estructura y estrategia de campaña y cubierto los gastos de la contienda política y no necesita echar mano del expediente del aumento del gasto en periodos electoreros para alzarse de nuevo con el poder.

La Ley crea la Dirección General de Política Macro fiscal (DGPMF), también recomendación del FMI, en tanto el trabajo de Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) de la Secretaria de Finanzas (SEFIN), no tenía los alcances ni competencias publicas para elaborar políticas y marcos fiscales de mediano plazo, proyecciones económicas y financieras de corto y mediano plazo, análisis de coyuntura sobre la economía del país y diseño de instrumentos técnicos para garantizar en forma efectiva la sostenibilidad de las finanzas publicas en el mediano plazo, evitando la injerencia de los políticos de turno.

Se establece un límite en el déficit del sector público y restricciones en la tasa de crecimiento del gasto corriente, justificaciones técnicas y aprobación por SEFIN de solicitudes para gozar del régimen de exoneraciones fiscales (individualizado), demostrando el sacrificio fiscal para el Estado al aprobarlas. Con esta legislación la proyección del Ejecutivo es que a partir de 2019 el déficit fiscal no sea mayor de 1%/PIB, y sólo en caso de emergencia nacional podrá aumentar a 2%,  muy por debajo de 7.9% en 2013. Este limite en un país como Honduras no es sostenible, en tanto se está satanizando el gasto corriente por igual aunque en ciertos o gran parte de los casos su contratación y destino sea beneficioso.

Un ejemplo es que  las transferencias corrientes a los gobiernos municipales son una fuente importante de recursos para el desarrollo del municipio, por lo que dada la diferenciación económica y financiera existente entre ellos, su  monto debe estar sujeto a la efectividad de la gestión que se realice y no a una restricciones presupuestaria previa. Lo mismo sucede con los fondos de contraparte que el Estado debe asignar para la ejecución de proyectos financiados por la cooperación internacional y los propios beneficiarios. Si un proyecto se enmarca en las prioridades de desarrollo nacional y demuestra que el impacto es importante para la economía y sociedad hondureña, la restricción en la asignación de recursos previa puede impactar negativamente en estas iniciativas de desarrollo local, regional o departamental.

Otro elemento a considerar es que la restricción financiera en gasto no dice nada del control que se debe ejercer sobre los legisladores al momento de aprobar el presupuesto y demás iniciativas de leyes como programas y proyectos, otorgamiento de exoneraciones a una empresa con varios proyectos y asignaciones de recursos (fondos) a fundaciones de beneficencia. Los legisladores no respetan las programaciones de recursos, más bien exigen que les asignen más fondos sin rendición de cuentas para el trabajo que realizan en las comunidades. ¿Quién controla el gasto exagerado del Congreso de la República? ¿Porqué no hay un artículo en la Ley que posibilite un mejor uso racional de los recursos del Estado con una legislación trasparente y rendición de cuentas?

Hay techo para el déficit fiscal, gasto corriente y  endeudamiento público, pero ¿Cuál es el techo para el gasto de inversión publica? No se legisla en esto, aun cuando Honduras necesita urgentemente aumentar los niveles de inversión pública para generar efectos multiplicadores en  la inversión privada y, con ello, fuentes de empleo sostenibles. Esta es quizá una de las principales “goteras” de la Ley de Responsabilidad Fiscal, ya que debería establecerse un limite mínimo en el gasto de inversión pública y no dejarse a la voluntad de las autoridades de gobierno y del FMI, donde en periodos de aumento del pago del servicio de la deuda externa la reducción del gasto corriente va a la par de la reducción del gasto de inversión pública.

Finalmente, detrás de este enfoque de restricción financiera con responsabilidad fiscal institucional, está una concepción monetarista  neoliberal que reza: todo gasto corriente y de inversión pública es malo por generar déficit fiscal y, consecuentemente, inflación. En países como Honduras todavía no hay un estudio serio que demuestre lo anterior, más bien en periodos de baja tasa de crecimiento del PIB y alto desempleo, el aumento del gasto público se convierte en una política de Estado y clamor nacional.

Tegucigalpa, 7 de abril der 2016