Por la información disponible, el diferendo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (el famoso ministerio de las colonias en el discurso oficial cubano de los años 60-70) y el gobierno mexicano, no apunta hacia el mejor de los desenlaces para lograr una eficaz e imparcial investigación que ya no será expedita, de la masacre de Iguala y los 43 estudiantes normalistas rurales desaparecidos hace casi 19 meses.

Me explico o por lo menos lo intento. Desde el Palacio Christiansborg, sede del parlamento de Dinamarca, acompañado del primer ministro de ese país, Lars Lokke Rasmussen, Enrique Peña Nieto repitió juicios que la Secretaría de Gobernación divulga en fechas recientes sobre el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que “estuvo concebido para un tiempo determinado” y ahora “es de esperarse el informe final que rinda” y coadyuve a la investigación exhaustiva que ha realizado la Procuraduría General de la República”.

Tan exhaustiva que el maestro (EPN dixit) Jesús Murillo, el de la “verdad histórica”, fue renunciado y como burócrata y amigo trasladado al frente de la Secretaría que hoy encabeza Rosario Robles, y para lo cual dejó sin trabajo gubernamental y bien remunerado, por fuera de la nómina, al hidalguense.

La invitación al GIEI para que coadyuvara a la investigación de Iguala, fue uno de los mayores aciertos del mexiquense de Atlacomulco, pero desde hace semanas evidencia una inocultable prisa para que los expertos regresen a sus casas. Y en tierra danesa Peña presumió como gran concesión: “Incluso, ese periodo fue ampliado a lo que originalmente el grupo de expertos había solicitado, que eran cuatro meses, ya que lo extendió hasta seis meses”.

Pero se acabó, insiste en repetirlo Roberto Campa en Washington primero y ahora aquí, el subsecretario que aparecía como el hombre más flexible e incluyente en Bucareli, mas no es así, como lo exhibió durante 2006, cuando fue candidato presidencial de Elba Esther Gordillo –hoy prisionera por un acto de venganza grupal–, para quitarle votos a Roberto Madrazo y ayudar a Felipe Calderón.

Como es costumbre en los presidentes mexicanos, explican en el extranjero en forma por demás sesgada lo que no se atreven a informar a sus gobernados: “Es un acuerdo que se está cumpliendo”. Más aún, explicó a los daneses que se trata de “una investigación profunda y exhaustiva”.

Para que a nadie quepa duda, “México tiene un sistema de protección a los derechos humanos”, un órgano autónomo y “ha establecido políticas públicas para avanzar en la protección de los derechos fundamentales”. Además “atiende buena parte de las recomendaciones que han hecho”, de las más de 2 mil que se han formulado 75 por ciento han orientado cambios en la legislación, en las políticas públicas y en acciones”.

Sólo que todas los relatores y representantes de la Organización de las Naciones Unidas que se dedican al derecho humanitario, tienen diagnósticos que molestan hasta la irritación a los gobernantes aztecas.

El diferendo entre la CIDH –apoyada siempre en su investigación sobre Ayotzinapa por el secretario general de la OEA, incluso en la petición de entrevistar a los que aquella noche y madrugada hicieron guardia en el cuartel del 27 Batallón de Infantería–, es previsible que crezca en tonos y alcances después de las torpezas oficiales o extraoficiales de emprender acciones de descalificación y linchamiento mediáticos contra los expertos y la CIDH, a cargo de grupos y personas vinculadas a Los Pinos y alrededores.

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