El modelo de corte neoliberal que se ejecuta en Honduras es innovador.  Al igual que Colombia, el gobierno de la República desarrolla un programa Marca País que trata de vender a Honduras en el exterior, ocultando los altos índices de violencia, corrupción, narcotráfico, impunidad, desnutrición, inseguridad alimentaria, pobreza, desempleo y autoritarismo político.

Tiene un énfasis en la atracción de inversión extranjera y turistas, para potenciar aquellos rubros más dinámicos en los cuales se tiene mayor grado de competitividad caso del café, los melones, puros, aceite de palma, turismo, maquila y cacao. Utiliza como embajadores a destacados hondureños que han triunfado en el exterior, caso de Salvador Moncada,  Maribel  Lieberman, Carlos Campos, Carmen Boquín y el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez. Pero deja por fuera, o por no estar interesados en participar, a Julio Escoto, Guillermo Anderson, Allan Mcdonald, Dino Fanconni  y Miriam Miranda, para citar unos cuantos.

Este programa coordinado por la Ingeniera Hilda Hernández, Ministra de Comunicaciones y hermana del presidente, cumple un año de vigencia. Está basado, según la Ministra, en tres criterios fundamentales: el orgullo nacional, sector turismo y la atracción de las inversiones. El orgullo se refiere a la identificación de los hondureños con la Marca y las cosas bellas que tiene el país, como Roatán, Punta Castilla, la Mosquita, la Biosfera del Rio Plátano desbastada por la deforestación y el gorgojo de pino, el parque Yaneth Kawas también consumido en gran parte por un incendio, la ciudad colonial de Comayagua, el lago de Yojoa en extinción, la ciudad de la Ceiba con serios problemas de energía eléctrica, el teatro Manual Bonilla muy distante al que soñó Froylán Turcios y el Museo de la Identidad Nacional, entre otros.

El turismo focalizado en la Industria hotelera y en la visitas a las Islas de la bahía, Golfo de Fonseca, Ciudad Capital, Comayagua, Castilla, Lempira, Ceiba y San Pedro Sula. Y las inversiones en la aplicación de un ley que da vida al Plan 20/20 liderado por empresarios de la industria maquiladora y turística cuya meta -difícil de lograr cuando se trata de generar empleos de buena calidad- es crear 600,000 mil empleos.

Los logros del programa se sintetizan en: a) 20 empresas que apoyan la Marca País con una proyección a 50 empresas a finales del año; b) Un millón de comentarios sobre consulta a la información sobre el programa; c) Cinco embajadores internacionales de la Marca País; d) Un programa económico de mediano plazo para atraer inversiones.

Según manifiesta la Ministra Hernández, hay detractores del programa. La primera crítica es que es un programa de gobierno no consensuado con organizaciones de desarrollo social y cultural, caso de las asociaciones de escritores, pueblos étnicos y microempresas de artesanías. A ello se debe la poca participación de estos gremios o grupos de escritores, músicos, actores, teatristas, pintores y escultores, muchos de ellos con renombre mundial. Otra crítica es que es un programa de élite donde solo se involucran a grandes empresas, que se benefician directamente de los incentivos que otorga el Estado como exoneraciones del pago de impuestos, subsidios y flexibilidad administrativa y tributaria.

Pero además desde la perspectiva de organizaciones gremiales, este programa excluye a un amplio sector de la población organizada en centrales obreras, grupos de interés como los maestros y organizaciones de sociedad civil que trabajan en la potenciación de la imagen país en el exterior.

El problema de fondo es la falta de apropiación de la Marca País por el ciudadano hondureño. En la actualidad, las encuestas de opinión independientes (ERIC-CESPAD) muestran que existe una mala percepción sobre la gestión del gobierno, especialmente cuando se involucran temas de corrupción, impunidad, violaciones a los derechos humanos, desempleo, costo de la canasta básica, impuestos  y devaluación monetaria; que afecta las condiciones materiales de vida las familias y su creencia en los valores de la democracia. Es decir, hay una mala percepción sobre la gobernabilidad del país y el funcionamiento de las instituciones publicas. Ello con todo lo que el Presidente de la República ha realizado en materia de estabilidad económica en el marco del convenio suscrito con el FMI, combate de la delincuencia y narcotráfico y el apoyo a las familias de bajos recursos económicos con los programas de compensación asocial.

La socialización del programa urge. Hay que involucrar a nuevos interlocutores y alcanzar una especie de pacto entre actores participantes. Además de las asociaciones gremiales, escritores, músicos y deportistas, las microempresas y los pueblos ancestrales también deben participar en forma directa y efectiva; incluso el gobierno debe llamar a la oposición política acerca de sus propuestas en el tema e incorporarlas en las estrategias de promoción y ejecución del programa. Se trata de abrir el programa a todos los hondureños, eliminado el sesgo gubernamental y centralista. En Colombia el gobierno del presidente Santos tiró al cesto de la basura todo el fanatismo ideológico de Uribe e involucró a la barriada. Un programa de todos y para todos.

Tegucigalpa, 7 de junio de 2016