Brasil está pasando por una de las situaciones políticas más delicadas de su historia reciente.  Desde1985, que marca el inicio de la transición democrática, hasta 2016, el país experimentó el período democrático más largo de su historia: 31 años.  Esta tendencia se interrumpió el 12 de mayo, cuando el Senado Federal suspendió temporalmente de su cargo a la Presidenta de la República, Dilma Rousseff.

El proceso de juicio político llevado a cabo por el parlamento nacional contra Dilma se basa en hechos que no constituyen delito de responsabilidad fiscal, conforme a lo dispuesto en la legislación nacional.  De hecho, el recurso jurídico montado en contra de ella es una cortina de humo para llevar a cabo un golpe institucional-mediático-jurídico, que comenzó el 26 de octubre de 2014, cuando Rousseff ganó en las urnas.

Inconforme con otra derrota, la derecha comenzó una campaña de oposición inconsecuente, que profundizó la crisis económica, diseminó la intolerancia y generó una gran inestabilidad política en el país.

Adoptó la táctica cuanto peor mejor para atacar el proyecto político que, durante los últimos 13 años, ha permitido la inclusión de más de 40 millones de brasileños que vivían en la pobreza, la inclusión de los jóvenes pobres en las universidades, programas de atención de salud para dar más dignidad y calidad de vida al pueblo brasileño.

Debilitado y sin mayoría en el Congreso Nacional, que tiene la composición más conservadora de los últimos 30 años, el gobierno no logró responder a los ataques y terminó aislado.

El golpe no ha tenido su desenlace final.  La presidenta será juzgada por el Senado Federal en un proceso que puede durar hasta 180 días.  Mientras tanto, el movimiento social brasileño sigue movilizado y en las calles, dispuesto a todo para defender la democracia y los derechos sociales obtenidos en el último período.

El escenario mediático

Es en este contexto que debemos evaluar la situación de los medios de comunicación en Brasil.  Éstos nacieron siguiendo el modelo privado-comercial estadounidense.  En las décadas de los 30 y 40, las radios ya habían adoptado este modelo, que se mantuvo con la aparición de la televisión, en los años 60.  El Código Brasileño de Telecomunicaciones de 1962, vigente hasta hoy, nació para organizar la explotación privada-comercial de las concesiones públicas de radiodifusión.

La dictadura militar se instala prácticamente en el mismo período histórico que la televisión.  Con los militares surge el primero y mayor conglomerado mediático del país: la Red Globo de Televisión, hoy Organizaciones Globo.

El escenario que siguió fue la concentración de la propiedad y el uso de las concesiones para el pago de favores políticos y, debido a eso, cristalizó un potente poder mediático, elitista y cuya representación social se establece a partir de los intereses económicos de la clase dominante.  No hay diversidad cultural, la enorme territorialidad brasileña no está representada en los medios de comunicación, y tampoco la pluralidad de ideas.

Lucha por una comunicación democrática

En los últimos años, sobre todo a partir de la primera elección del expresidente Lula, se ampliaron las voces que se alzan para exigir una comunicación más democrática.  El movimiento de lucha por la democratización de la comunicación se fortaleció y ganó simpatizantes.  Se acrecienta el debate sobre el carácter estratégico de la confrontación con el monopolio privado de los medios de comunicación para transformar el país e implementar un nuevo proyecto de desarrollo económico y social en Brasil.

El Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación (FNDC), que es un espacio de articulación de los movimientos sociales brasileños en torno a esta agenda, ha desarrollado en los últimos años varias campañas para presionar al gobierno y debatir el tema de la comunicación.

En 2009, el último año del segundo mandato del gobierno Lula, conseguimos, después de mucha lucha y diálogo, garantizar la realización de la 1ª Conferencia Nacional de Comunicación, con la participación de un segmento pequeño de radiodifusores, de empresarios de las telecomunicaciones, del sector público y de la sociedad civil.  Se aprobaron más de 600 propuestas que podrían promover políticas públicas de comunicación de carácter democrático.

Luego, se creó un grupo de trabajo coordinado por el entonces ministro de la Secretaría de Comunicación Social para preparar el anteproyecto de un nuevo marco regulatorio para el sector de las comunicaciones.  Sin embargo, ya al final del gobierno, la propuesta se entregó al nuevo gobierno de Dilma Rousseff, en manos de su primer ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo.  El proyecto fue archivado.  Rousseff asumió el cargo en 2010 afirmando que en la comunicación el mejor control es el control remoto.

A partir de las propuestas producidas en la Conferencia, el FNDC elaboró, en 2012, un proyecto de ley de Iniciativa Popular de los Medios Democráticos, una propuesta para reglamentar las disposiciones de la Constitución Federal que trata de la Comunicación Social Electrónica.  El proyecto se convirtió en un instrumento de lucha y presión política para movilizar a la sociedad por un nuevo marco regulatorio de las comunicaciones.

Lamentablemente, no conseguimos ni siquiera acercarnos a la meta de más de un millón quinientos mil firmas, que se requería para someter el proyecto al Congreso Nacional. Pero realizamos debates y actividades públicas en torno al contenido de la propuesta, para concienciar y atraer a más activistas para la democratización de la comunicación.  También levantamos el lema: Dilma, ¡Regula ya!, como presión sobre la presidenta para llamar la atención sobre la urgencia de esta agenda.

En 2014, con el agravamiento de la disputa política y el incremento del tono bélico y golpista de los medios de comunicación, la presidenta afirmó, en su campaña de reelección, que una de las prioridades de su segundo gobierno sería encaminar la discusión sobre la regulación económica de los medios de comunicación.  Es justo lo que el monopolio no quiere, ya que la regulación económica es hacer cumplir por ley lo que determina nuestra Constitución en el artículo 220, que la comunicación no puede ser objeto de monopolio.

En marzo de 2015, el FNDC realizó el 2° Encuentro Nacional por el Derecho a la Comunicación, en la ciudad de Belo Horizonte.  Más de 700 activistas de todo Brasil acudieron a la cita para analizar fórmulas para fortalecer la lucha por la democratización de la comunicación.  Nuestro lema, ya en medio de las amenazas golpistas que rondaban el país era: Sin comunicación democrática no hay democracia.

Gobiernos progresistas ignoran la agenda

El hecho es que Dilma abandonó su compromiso de campaña.  La estrecha victoria que obtuvo en octubre de 2014 y la acción golpista del consorcio opositor formada por los medios de comunicación, el poder judicial y los partidos de derecha, inmovilizó al gobierno.

La falta de comprensión de los gobiernos progresistas sobre el carácter estratégico de la agenda de comunicación, se tradujo en no enfrentar el tema y no hubo debate público sobre la regulación de los medios de comunicación.  Los medios privados se mantuvieron sin reglas, abusando del privilegio de ser la única voz que habla masivamente a 200 millones de brasileños.  Estos medios fueron los principales articuladores de la desestabilización política y económica del país, promoviendo ataques permanentes al gobierno, espectacularizando las noticias y creando un clima de odio y terror cotidiano que llevó a una parte considerable de la sociedad a defender la bandera de la salida de la presidenta.  La sociedad brasileña está a merced de unos medios concentrados y golpistas.

Medios alternativos y narrativa contra-hegemónica

La lucha política de cuestionamiento al discurso único de los medios privados se da desde los medios alternativos, de la prensa del movimiento sindical, popular, estudiantil, de muchos canales de comunicación creados por comunicadores populares, de los blogs de opinión, del activismo en las redes sociales, de colectivos y cooperativas de periodistas que se atreven a recorrer su propio camino, lejos de la sala redacción de los grandes medios de comunicación.

Los medios de comunicación alternativa han dado voz a sectores invisibilizados y criminalizados por los medios hegemónicos y de hecho han enfrentado el golpe, defendiendo la democracia y los derechos.

La acción de la comunicación alternativa está disgustando mucho a los monopolios, a los partidos de derecha y a la élite conservadora.  Para tratar de acallarla, se sirven de la Justicia, a través de acciones que imponen sanciones económicas desproporcionadas a los medios alternativos.  Quieren acallar, mediante la intimidación o el estrangulamiento económico, a los sectores que se atreven a presentar una narrativa contrahegemónica de los acontecimientos en curso en el país.  También hemos visto casos de violencia moral, física e incluso el asesinato de comunicadores en Brasil.  La censura económica y privada es hoy el principal obstáculo para la libertad de expresión en el país.

En este escenario, el FNDC, que en abril pasado celebró su XIX Plenaria, señaló que es el momento para la resistencia y la lucha para impedir retrocesos y defender la democracia.  La primera medida del gobierno provisional fue poner fin al Ministerio de Comunicaciones.  Si ya hemos enfrentado dificultades para colocar la agenda de democratización de la comunicación en los gobiernos democráticos y populares, con un gobierno de facto que representa los intereses de las élites y los medios de comunicación privado-comerciales, será imposible.

El desafío del movimiento de lucha por la democratización de la comunicación en este momento es evitar el cierre de la Empresa Brasil de Comunicación y tratar de asegurar que no haya interferencia política en su línea editorial; tenemos que luchar para defender la reciente experiencia de comunicación pública en el país.  Tenemos que defender a los medios de comunicación alternativos de los ataques que vendrán, garantizando instrumentos de sustento material de los que han surgido y la defensa de la integridad de los periodistas, comunicadores sociales, blogueros y demás, o sea de las personas que producen los medios de comunicación alternativos a diario.  Impedir los retrocesos en el ámbito de Internet, tratar de bloquear proyectos de Ley que desfiguren uno de los pocos logros en el campo de la comunicación, que fue la aprobación del Marco Civil de Internet.  Y, sobre todo, el reto, junto a los movimientos sociales, es defender la democracia y denunciar el golpismo en nuestro país.

- Renata Mielli, periodista, es Coordinadora General del Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación (FNDC), Secretaria General del Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé.

Artículo publicado en la revista “La comunicación en disputa”, América Latina en Movimiento No. 513-514, mayo-junio 2016, http://www.alainet.org/es/revistas/513-514