La Corte Suprema de Justicia (CSJ) es, irónicamente, la principal promotora de la galopante impunidad en impera en el país. Al menos tres situaciones lo confirman contundentemente.

En primer lugar, el inminente fallo de la Corte Plena que negará la extradición de los involucrados en la masacre de los jesuitas de la UCA: la semana pasada se filtró a los medios que ya existe un proyecto de resolución que rechaza la petición de la Audiencia Nacional de España. La espuria resolución tendría el apoyo de la mayoría de magistrados.

Así que el cobarde asesinato de Ignacio Ellacuría y sus compañeros seguirá impune, por decisión de la Corte Suprema de “Justicia”.

En segundo lugar, la negativa de la Sala Constitucional de revertir la Ley de Amnistía. La ominosa normativa es un obstáculo para procesar a los responsables intelectuales y materiales de las masacres, asesinatos, desapariciones forzadas y demás crímenes cometidos durante la guerra civil.

Masacres como las de El Mozote, El Sumpul y El Calabozo seguirán cubiertas por esa vergonzosa legislación que fue aprobada para favorecer a delincuentes de lesa humanidad, criminales de guerra y violadores de los derechos humanos.

Y en tercer lugar, la falta de depuración de los jueces corruptos que favorece la impunidad de la mayoría de crímenes que suceden actualmente.

La Corte Plena y su Dirección de Investigación Judicial caminan a paso lento en este urgente proceso: publicaciones periodísticas señalan que entre 2015 y 2016 sólo 52 jueces han sido sancionados por “faltar a la ética”, y actualmente están pendientes de resolver 941 casos de denuncias contra jueces.

La CSJ, por tanto, incumple su función constitucional de garantizar la pronta y cumplida justicia, y más bien promueve la impunidad que genera más violencia y criminalidad.

El país deber tomar cartas en este asunto. El Ejecutivo y la Asamblea Legislativa deberían exigir, en el marco de la colaboración entre poderes de Estado, que la Corte asuma su responsabilidad; y las organizaciones de la sociedad civil deben presionar a la Corte Plena y a la Sala Constitucional.

Además de incumplir sus funciones, la Corte interfiere y bloquea el trabajo de los demás órganos estatales. Ejemplo emblemático es el boicot de la Sala Constitucional a los ingresos del Ejecutivo mediante la reversión de medidas tributarias y el bloque a la emisión de los 900 millones de bonos para financiar programas de salud, educación y seguridad pública.