Si las prioridades del Estado y la sociedad fueran determinadas por la gravedad de los problemas, la principal prioridad de país sería reducir el gravísimo deterioro ambiental.

Contaminación del 92% de los ríos y quebradas, existencia de apenas el 2% del bosque natural, altos niveles de contaminación del aire en el Área Metropolitana de San Salvador, efectos del cambio climáticos, amenaza de la minería metálica, etc. Esto debería provocar una declaratoria de “emergencia nacional permanente”, que obligue al Estado a actuar prioritariamente en la solución de dicha problemática.

Así, el Ejecutivo estaría obligado a implementar políticas integrales de recuperación del ecosistema y la Asamblea Legislativa aprobaría las leyes de agua, prohibición de la minería, soberanía alimentaria, proscripción de agroquímicos tóxicos y otras normativas que duermen el sueño de los justos en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático.

Es inaceptable la indiferencia gubernamental frente a la delicada situación ambiental. El Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) ha sido irrelevante durante los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén (lo fue también en la época de ARENA, pero se supone que los gobiernos de izquierda se preocupan más por el medioambiente).

Siendo el país entero un enorme basurero, es insólito que el MARN ni siquiera haga campañas para que la gente no bote la basura en la calle y no haya lanzado una “gran campaña nacional de limpieza” que movilice al país y establezca restricciones a las empresas generadoras de bolsas, latas, plásticos.

En relación a la amenaza minera, la administración Sánchez Cerén incumple su promesa de -al menos- promulgar un decreto ejecutivo que establezca una moratoria a la explotación minera, ante la irresponsabilidad de la derecha legislativa que bloquea la aprobación de una ley prohibitiva de esa nociva industria.

Y qué decir de la Corte Suprema de Justicia, que tardó casi 20 años para instalar los tribunales ambientales establecidos en la Ley de Medioambiente aprobada en 1998 (sin que FUSADES o Aliados por la Democracia acusaran a la Corte de desacatar una orden de la Asamblea),

Ojalá, pues, que la institucionalidad estatal, sobre todo Ejecutivo, Asamblea y las alcaldías, se pongan en función de la emergencia ambiental, y que la población lo exija. Es cuestión de sobrevivencia nacional, está en juego la continuidad de la vida.