Liliana Miranda, arquitecta y directora del Foro Ciudades para la Vida, alerta sobre el futuro incierto de Lima debido a la falta de planeamiento urbano y el resultado de poner por encima la inversión del boom inmobiliario, antes que la seguridad de los peruanos. La especialista lamenta que las municipalidades hayan abandonado su rol como planificador y conductor de las ciudades. Además, como integrante del colectivo “Costa Verde de todos” comenta sobre la acción de amparo que interpusieron ante la Municipalidad de Lima por la construcción del tercer carril en dicha vía.

P.- ¿Cuál es el reto que tenemos como país en el crecimiento urbanístico? Con el “boom inmobiliario” Lima por ejemplo redujo sus áreas verdes, cuenta con 2,79 m2 de áreas verdes por persona, cuando la OMS recomienda 9 m2.

R.- En este momento la tasa de crecimiento poblacional ha bajado, ya no tenemos un boom de crecimiento poblacional. Lima se está moviendo de 2% de tasa de crecimiento a 1,2%; pero como hay un boom inmobiliario, hay una presión por la construcción. En zonas como Miraflores, San Isidro, Surco, entre otros, hay departamentos de 300 m2 donde viven dos personas o tres, en cambio en los barrios populares lo que tienes es 3,8 personas por habitación; es decir, ya hay un proceso de tugurización. Hay un nivel de desigualdad tremendo en la ciudad.

P.- ¿Cómo organizar la ciudad con visión de largo plazo? Con una mirada integradora, que tenga una concepto de ciudad.

R.- Para empezar necesitamos un alcalde con visión, que tenga capacidad de liderazgo y de entender que no está ahí solo por cuatro años, sino que tiene que dejar una mirada de largo plazo tanto en habilitación urbana y de vivienda, como en la del transporte y equipamiento de áreas verdes. También necesitamos instrumentos de gestión y que sean implementados, que se cumplan y se respeten. Por ejemplo, no hay un plan de reducción de riesgos aprobado, ¿dónde está el mapa de peligros aprobado, vinculante y que defina las zonas de alto peligro no mitigable de la ciudad? Y que allí no entre nadie más para no seguir reproduciendo el riesgo.

P.- ¿Quiénes son los responsables de este crecimiento desordenado, sin planeamiento integral y sin ordenamiento territorial?

R.- Las municipalidades porque tienen la competencia de planificar el crecimiento urbano y esta gestión de la Municipalidad de Lima no lo hace pese a que tiene un Plan de Desarrollo Metropolitano elaborado, no consultado ni convalidado con los actores metropolitanos. Tenemos más de un año y medio de su gestión, y el plan sigue encarpetado, no lo quiere debatir ni aprobar.

P.- ¿Qué importancia tiene el ordenamiento territorial para combatir el crecimiento desordenado y hacinamiento?

R.- Las normas están dadas por el sector vivienda para que las municipalidades provinciales hagan acondicionamiento territorial. El gobierno regional es encargado de hacer ordenamiento territorial, en este caso Callao y Lima Metropolitana, pero el municipio no ha empezado ni el plan de acondicionamiento territorial, menos el Ordenamiento Territorial, con las justas tenemos el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao al 2035 que ha sido abandonado por esta gestión.

P.- No está establecido un marco claro sobre las zonas de riesgo donde no debería construirse, ¿por qué este descuido?

R.- La zonificación urbana aprobada rara vez se respeta porque hay mucha presión por el negocio inmobiliario. Por ejemplo, en el acantilado en Miraflores declarado intangible por la propia gestión de Castañeda, se quiere construir un hotel de cinco estrellas, el Hyatt. Este municipio distrital de Miraflores ya le dio licencia. La Sociedad Geológica del Perú dice que ahí no se debe construir.

P.- El sector construcción ha tenido un auge sostenido en la última década, pero no se puede afirmar lo mismo de las reglamentaciones ni de la modernización de los sistemas de agua y energía, tampoco de los diseños arquitectónicos ni de los métodos de planeación del crecimiento urbano, ¿por qué?

R.- Si nosotros dejamos que la lógica del mercado inmobiliario decida sobre la ciudad, lo que hemos obtenido es la ciudad que venimos construyendo los últimos 10 años, se ha promovido la inversión inmobiliaria y se ha dejado que la empresa privada “solucione” el problema de vivienda en el país, la cual no ha atendido a los sectores más pobres, el D y E. Sumado a que las municipalidades han abandonado su rol como planificadoras y conductoras del crecimiento de la ciudad, y como resultado se ha incrementado el riesgo, hay dos millones de personas viviendo en laderas que podrían perder la vida ante un sismo.

P.- La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) confirma que el 70% de viviendas construidas son informales, ¿por qué no se están fiscalizando y sancionando a estas construcciones, qué organismo es responsable?

 R.- Lo que pasa es que la informalidad en la construcción es en resultado de un proceso de generación de vivienda y construcción del hábitat popular que en los años 70 el Estado avaló y promovió por el boom poblacional, pues la gente vino masivamente del campo a la ciudad.

Con la Ley de Barrios Marginales con Manuel Odría se promueven este tipo de asentamientos. En general, aquellos que sí cumplen con la norma terminan teniendo el derecho a un título, el Estado se los entrega. Lo que no se les da es un juego de planos ni asesoría técnica para que construyan adecuadamente la vivienda. El resultado es, por ejemplo, lo que está pasando en El Agustino donde tenemos el más alto índice de tuberculosis en todo el país porque en las viviendas no hay ventilación, tampoco iluminación ni asoleamiento lo que hace que el contagio sea muchísimo más fácil.

P.- ¿Qué papel está jugando el Estado en la regulación del boom inmobiliario?

R.- El Estado mediante Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento creó en Fondo MiVivienda que ha tenido durante muchos años el mismo modelo, otorgando bonos especialmente a los sectores B y C. La demanda de los sectores A y B está casi completa. En el sector C aún queda un grupo que está esperando acceder a la vivienda, pero no tiene los recursos y los precios ya subieron.

Se ha tenido que duplicar el bono y el margen del costo de la vivienda. Además nuevamente es el sector C y los menos favorecidos del sector B los que están recibiendo el subsidio. El sector D y el sector E no reciben nada y no lo vienen recibiendo durante los últimos 15 años.

P.- ¿Qué rol deben cumplir las municipalidades en ordenar la capital? ¿O necesitamos un solo ente que regule esta situación?

R.- En realidad Lima ya necesita una autoridad metropolitana de planificación urbana y del transporte. El Instituto Metropolitano de Planificación tiene algunas facultades, pero existe la Gerencia de Desarrollo Urbano del municipio de Lima y además existen 52 gerencias de desarrollo urbano en los distritos, es un monstruo de 100 cabezas.

P.- ¿Sedapal tiene la capacidad de atender las demandas que ha generado el boom inmobiliario?

R.- Lo que Sedapal tiene en este momento es un problema de gestión. Desde mi punto de vista, está siendo presionado por la ley de la mercantilización. Tiene que rendir plata y si le da agua o no a la gente, es otra cosa. Sedapal brinda agua a los asentamientos sin conexión de agua, generalmente invasiones, mediante cisternas y la gente allí paga S/15 por m3, ¿cuánto pago yo en mi casa (Miraflores)? S/4 el m3, ¿cuánto paga alguien en Lince o Jesús María? S/2.50 el m3, ¿cuánto paga una minera por m3? S/0.009 el m3, que alguien me explique por qué esa diferencia.

P.- El Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao (PLAM 2035) calcula una demanda de dos millones de viviendas a futuro en Lima y Callao, ¿estamos preparados para cubrir esta demanda?

R.- Yo tengo mis dudas sobre eso, ese PLAM es un proyecto que no ha sido debatido. Si estuviéramos en 2% de tasa de crecimiento podría ser, pero ya no lo estamos. El mismo Instituto Nacional de Estadística (INEI) está diciendo que estamos en 1,3 % de tasa de crecimiento. Probablemente la demanda de vivienda sea menos de un millón, entonces no tendríamos que estar generando tantas zonas urbanizables porque vamos a tener un montón de nuevas casas sin gente.

P.- 8 mil inmobiliarias y constructoras son informales, según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ¿Cómo valora esto?

R.- Ahora todo se confía en el sector privado y aquí tenemos el resultado, 15 años de sector privado que no nos ha conducido ni a calidad, ni a seguridad, ni han resuelto el problema de vivienda de los más pobres sino que lo han empeorado.

P.- Otro tema crítico en la ciudad es el caos vehicular y las pocas ciclovías,  las autoridades municipales han reducido áreas verdes a fin de aumentar carriles para los vehículos. En ese sentido, ¿cuál es el futuro de Lima?

R.- Si seguimos así, probablemente Lima va a ser una de las ciudades más peligrosas del mundo, no solamente en temas de seguridad física, de que te atropelle un carro o te choquen si vas en bicicleta; sino también de inseguridad porque la fragmentación y desigualdad va a generar más violencia.

P.- Según CAPECO, la venta de viviendas en la capital crecerá 20% este año debido al uso de fondos de las AFP. ¿Qué impacto tendrá esto en la ciudad?

R.- Se va a seguir acrecentando el mismo problema, la idea es que exista una fórmula en la cual se rescate el sistema de planificación urbana de la ciudad y que no reproduzca el riesgo, que ponga por delante el mapa de peligros y la necesidad de la vivienda de los sectores más pobres.

P.- El Poder Judicial admitió la acción de amparo que el colectivo “Costa Verde de todos” junto al instituto Idlads interpusieron contra la Municipalidad de Lima por la construcción del tercer carril en la Costa Verde, ¿qué motivó esta iniciativa?

R.- En el caso de la Costa Verde, el colectivo “Costa Verde de todos” organizó una serie de actividades, incluso acamparon en el momento en el que se estaba construyendo el tercer carril (fines del 2014) y lograron un acuerdo con la que en ese tiempo era alcaldesa de Lima (Susana Villarán) para no construir nada porque se dieron cuenta que no había espacio suficiente para todos los carriles. Cuando entró Castañeda, lo construyó por encima del acuerdo perjudicando muchas zonas, en especial Punta Roquitas y La Pampilla donde se ha afectado más o menos 6 metros y medio de playa.

Además, por los accidentes sucesivos que vienen ocurriendo -donde incluso ciclistas han muerto- y como resultado de una especie de concesión que hace la alcaldía al colocar el malecón, genera un nuevo problema pues está el riesgo de colapsar ante las olas y la erosión costera, además de superponer el uso peatonal y de ciclovía en el mismo espacio. Esto va contra las normas, el diseño vial también es malo. Entonces se procedió a presentar una acción de amparo que en principio fue desestimada, pero ahora ha sido aceptada.

Créditos: Claudia Alagón

P.- ¿Cuál sería el siguiente paso y qué consecuencias tendría un desenlace favorable para ustedes?

R.- Nosotros lo que estamos pidiendo es que se puedan corregir todos los problemas que se han dado en esa zona. El tramo de la Costa Verde, en especial la zona de mayor angostamiento de la vía en Miraflores, tiene el más alto índice de accidentes del país. Antes la carretera más peligrosa del Perú era la Carretera Central, pero en este momento hay más índices de accidentes en la Costa Verde. Lo que estamos teniendo es un diseño vial que mata. Lo que tienen que hacer es anular el tercer carril y bajar la velocidad en esa carretera, es decir, convertir a la Costa Verde en una vía que no pase los 40 km/h y además recuperar el espacio de la playa.

Video entrevista: https://goo.gl/l1hOR5

Link de la entrevista: http://goo.gl/uZPlew

Fuente: Gran Angular

www.elgranangular.com

Fotos: Claudia Aragón