“No basta con que todos sean iguales delante de la ley. Es necesario que la ley sea igual delante de todos”, dijo hace ya varias décadas atrás Salvador Allende. La frase no puede ser más acertada para la realidad del Perú de estos años, en donde la justicia se ha convertido en el privilegio de algunos y en una forma de castigar y perseguir a quienes puedan chocar con los grandes intereses de quienes la administran.

Eso es justamente lo que ha pasado con Gregorio Santos, gobernador regional de Cajamarca, quien hasta hace unos días estaba encarcelado por una prisión preventiva que se alargó 25 meses. A Santos se le acusa por el delito de colusión, y tiene varios procesos abiertos, pero ninguno de ellos justifica judicialmente una prisión preventiva, menos aún de esa extensión sencillamente impresentable. Nunca hubo riesgo de fuga, y Goyo, como casi todos lo llaman, había asistido a todas las citaciones sin falta, pero eso no importó.

Lo que le importó a quienes administran la justicia en nuestro país era lo que significaba Gregorio Santos para la política. Él había decidido abanderarse junto con las mayorías cajamarquinas en el rechazo al proyecto minero Conga llevado a cabo por la desprestigiada empresa Yanacocha. Había decidido que iba a defender la voluntad popular de la gente que lo eligió y que no estaba dispuesta a que explotaran y contaminaran su tierra. Además, Santos se había consolidado como una voz anti modelo neoliberal teniendo un gran apoyo de su región, así se constató en la última elección donde fue el candidato presidencial favorito por lejos para Cajamarca.

Justicia diferenciada, arbitraria y parcializada, usada como venganza política. Una situación que en definitiva viene deslegitimando permanentemente el Estado de derecho y la democracia, dejando el mensaje que el acceso a la verdadera justicia es una excepción en el Perú. Los grandes medios de comunicación y diversos sectores políticos, ya sea por parcialidad interesada o silencio finalmente cómplice, han hecho suyo este atentado que ofende a la dignidad de la Nación toda y da un golpe más a la de por si exangüe institucionalidad de un país cada vez más fragmentado.

No es menester nuestro señalar si Gregorio Santos cometió delitos, no tendríamos los recursos para llegar a alguna información certera, esa es justamente la tarea del Poder Judicial que, lamentablemente, se ha visto tergiversada por este despropósito del que Santos ha sido víctima.

Hoy Goyo está libre y afrontará, como siempre debió hacerlo, sus procesos en libertad y ejerciendo su derecho y el del pueblo que lo eligió a cumplir el mandato ciudadano de las urnas. Algo que debería ser normal en cualquier democracia sana y auténtica.

Fuente: http://diariouno.pe/columna/la-libertad-de-goyo/