Tardó más de un año el titular del Ejecutivo federal para reconocer en una pieza discursiva lo que es del dominio público, porque lo padecen millones de mexicanos, esto es: que crecieron los delitos de alto impacto y que éstos, asegura, son determinantes en el repunte del índice de homicidios dolosos registrados.

Mientras en 2015 hubo un promedio de 46 homicidios dolosos diarios en la república, de enero a julio de este año se han reportado 53 asesinatos de este tipo cada día, según cifras brindadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la sesión número 40 de éste último.

Entre las entidades más impactadas por la violencia están Sinaloa, Veracruz, Guerrero, estado de México y Tamaulipas. Los índices de homicidios dolosos reportados contemplan que entre agosto de 2014 y julio de 2015, en el país se contabilizaron 15 mil 949 casos. En tanto, de agosto de 2015 a julio de 2016, el Secretariado Ejecutivo reportó la comisión de 16 mil 832 homicidios dolosos. Los informes registran que el repunte comenzó en marzo de 2015, cuando los casos se incrementaron de mil 200 mensuales en promedio, hasta más de mil 800.

Ante la cruda (no etílica) realidad que coloca a los homicidios dolosos, en particular, y la inseguridad pública, en general, como otro de los grandes pendientes del gobierno junto al muy prometido crecimiento de la economía, además de abatir la corrupción institucional en los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión –el cáncer social más extendido y enraizado en México–, Enrique Peña anunció “una nueva estrategia integral para actuar en los 50 municipios del país de mayor incidencia en los delitos de alto impacto”, los que concentran el 42 por ciento de los homicidios dolosos, y que son determinantes en el repunte delictivo.

Estrategia que no se apiada del uso de tal nombre, pues por más que se busca información sólo contempla, al decir de Miguel Ángel Osorio: Fortalecer las capacidades locales a través de mejores herramientas y recursos “para cerrar el paso a la impunidad”. Garantizar el uso homologado de los centros estatales de prevención del delito. Hacer esfuerzos integrales y sostenidos “para destacar y atender adecuadamente las causas sociales de la inseguridad”. Poner en operación el número 911 para el 3 de octubre en 17 estados y el resto hasta ¡junio de 2017!

La “nueva estrategia” parte del enfoque de que crecieron los delitos locales por lo que Peña Nieto hizo otro llamado a los gobernadores para ocuparse del problema con sus propias corporaciones, porque las fuerzas federales actuarán “invariablemente de manera subsidiaria y temporal”.

Con tal enfoque y el recuerdo oficial de que en “en los dos primeros años de esta administración” lograron contener “de manera notable” la tendencia creciente de la violencia en el país, los gobernantes van por más en materia de seguridad pública en medio centenar de los municipios mexicanos.

Para ello decidieron actuar “con sentido de urgencia” por parte de los tres órdenes de gobierno; con “políticas de largo plazo” que no se enuncian y “trascender coyunturas y calendarios políticos” para fortalecer la seguridad de la población; contemplar como “urgente fortalecer las capacidades locales”; responder “con acciones serias, integrales y con visión de Estado”, mismas que tampoco enlistaron.

Así pareciera estar en chino o árabe abatir la tendencia alcista en homicidios dolosos. Más aún cuando la representación de la sociedad civil es más postiza que una dentadura.

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