El oligárquico Grupo Poma continúa su ofensiva judicial contra activistas que le incomodan. Tras la absolución de la ambientalista Sonia Sánchez, Inversiones Roble arremete ahora contra el tuitero Alejandro Muyshondt, a quien también acusa de difamación y calumnia.

Sonia Sánchez fue procesada por difamación, luego de denunciar irregularidades en los permisos ambientales y advertir sobre los posibles daños de un proyecto urbanístico de Inversiones Roble en Santo Tomás. Sin embargo, el Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador no encontró pruebas contra ella y la absolvió el pasado 23 de agosto.

Ahora Muyshondt enfrenta la misma acusación, tras publicar en la red social Twitter información sobre el escándalo de los llamados “Panamá papers” que relacionan a Inversiones Roble con empresas offshore, información que fue retomada de otros medios de comunicación.

Sobre los juicios por calumnia, difamación o injuria ha llamado la atención en reiteradas ocasiones la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según la Relatoría, estos procesos pueden ser utilizados como mecanismos para coartar la libertad de expresión y de prensa, acallar voces críticas y perseguir periodistas y defensores de derechos humanos que incomodan a sectores de mucho poder político o económico.

Y esto fue evidente en el caso de Sonia y lo es también en el de Muyshondt. El poderoso grupo Poma, a través de Inversiones Roble, utiliza como represalia judicial las demandas por difamación y calumnias contra una líder comunitaria que cuestiona sus proyectos urbanísticos nocivos ambientalmente y contra un informador ciudadano que señala sus prácticas empresariales que podrían constituir delitos de evasión fiscal.

Por tanto, el país no debe pasar desapercibidos estos procesos judiciales y rechazarlos cuando, en casos como el de Sonia Sánchez y Alejandro Muyshondt, representan actos de persecución y represalia judicial de grupos poderosos que ven en la crítica y en el activismo ambiental amenazas contra sus mezquinos intereses económicos o políticos.

Para absolver a Sonia Sánchez fue clave la denuncia y movilización de organizaciones ambientalistas y de mujeres. Ojalá que en el caso de Alejandro Muyshondt se pronuncie la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

Como ARPAS, rechazamos y condenamos en forma contundente esta persecución y represalia judicial del Grupo Poma y sus lacayos.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)