La renuncia de Enrique Peña Nieto como titular del Ejecutivo federal es una demanda, exigencia y grito que cada día gana más adeptos como lo mostraron los muchos asistentes a los tres conciertos de Roger Waters, el británico legendario que enardeció multitudes juveniles, adultas y de la tercera edad en el Foro Sol y el Zócalo, el pasado miércoles, jueves y sábado.

A dos meses del inicio del recorrido por el penúltimo año de gobierno de Peña Nieto, el deslinde e incluso la confrontación política e ideológica con él, adquirió más temprano de lo acostumbrado decibeles altos, pero reproduciendo una constante del sistema político mexicano de 1929 a la fecha, esto es, enfocar todas las baterías contra el gobernante en turno para vender más y mejor al que dentro de dos años sacará del gran bache en que metió al país el señor que apenas en 2012-14 era el “reformista” impar, “el salvador de México”, el “gran arquitecto”, “el líder del año” para medios, grupos e instituciones estadunidenses e inglesas.

Los que como el Grupo Televisa coadyuvaron decisivamente a construir la candidatura presidencial y el triunfo en las urnas –mediando la compra de muchos votos que justificaron cínicamente con el argumento de “todos los partidos lo hicieron”–, ahora se encuentran entre sus principales “críticos” por medio de los intelectuales asalariados del oligopolio mediático.

Es un escandaloso travestismo de opiniones y juicios mediáticos que se alinea con los intereses de grandes corporativos trasnacionales, incluidos por supuesto los mexicanos, debido a los intereses afectados con las 13 reformas que tanto presumía Luis Videgaray, o bien no satisfechos a plenitud o de plano ignorados para atender a los nuevos magnates mexiquenses, aliados al grupo gobernante, es decir: los noveles multimillonarios que surgen sexenalmente.

Son grandes intereses a los que viene como anillo al dedo una petición, demanda, exigencia que, además, sirva de cauce para lo que Enrique Peña llama “malestar social” y sus adversarios “encabronamiento social”.

No importa cómo se le llame, pero sí y mucho que la renuncia signifique una salida a las ansias populares de satisfacción de necesidades vitales que van desde la seguridad pública y el empleo a secas, hasta el trabajo bien remunerado y la seguridad social.

Desde el ángulo de las formalidades jurídicas vigentes a partir de las reformas de Felipe Calderón, la renuncia presidencial significaría que el secretario de Gobernación, en este caso Miguel Ángel Osorio pase a ocupar su lugar en Los Pinos y Palacio Nacional hasta concluir el sexenio del esposo de Angélica Rivera.

Visto desde la perspectiva de la legislación vigente, misma que los poderes fácticos y la partidocracia harán respetar porque en ello les va su presente y futuro, el hidalguense sería sacado de la carrera presidencial y favorecidos en forma directa o indirecta sus compañeros de partido (José Antonio Meade y Aurelio Nuño, entre otros) que pujan por la candidatura tricolor, amén de Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle.

Es decir, la renuncia de Peña además de un conducto para presionarlo desde las elites del poder fáctico e institucional, es un camino para alterar los supuestos de la sucesión presidencial y persistir en el engaño de la “renovación sexenal de la esperanza”, el relevo de hombres y nombres en la conducción del país como vía para el “cambio”, sin alterar políticas y programas de gobierno que condujeron a México a la situación en que se encuentra.

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