Comunidades organizadas de Cabañas y Chalatenango, apoyadas por la UCA, protestaron la semana pasada frente a la sede del Banco Mundial por el retraso en la resolución de la demanda de Pacific Rim/Oceana Gold contra el Estado salvadoreño.

El caso se dirime en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), donde la transnacional minera demandó al país por negarle permisos de explotación del subsuelo nacional. La empresa exigió una indemnización de 300 millones de dólares.

Sospechosamente el CIADI viene postergando la publicación de una resolución que tiene lista desde hace un par de meses, mientras la empresa intenta “negociar” (bajo la mesa) con el gobierno.

Las organizaciones exigen la publicación inmediata del fallo y piden que el gobierno lo acepte sólo si favorece al país, porque una resolución que beneficie a Pacific Rim/Oceana Gold sería violatoria de la autodeterminación y soberanía nacional.

La minería de metales es ambiental y socialmente inviable en El Salvador debido a la estrechez territorial, la crisis hídrica y alta densidad poblacional. Además, la empresa no cumplió requisitos legales, causó daños ambientales y generó graves conflictos en comunidades de Cabañas, donde fueron asesinados varios ambientalistas.

Por eso el país debe establecer un marco jurídico que prohíba definitivamente la explotación minera. La Mesa Nacional frente a la Minería presentará la próxima semana una propuesta de decreto ejecutivo, ante la negativa de la Asamblea Legislativa de aprobar la ley planteada desde el año 2005.

La propuesta de decreto también será una prueba a la voluntad política del Ejecutivo, que siempre se excusa en la “falta de correlación legislativa” para no avanzar en la prohibición de la nociva industria minera.

Las actividades mineras son permitidas por la Ley de Minería aprobada por la derecha parlamentaria en 1995 y las licencias de exploración fueron otorgadas por gobiernos de ARENA: a Pacific Rim/Oceana Gold le dieron el ex presidente Francisco Flores y el ex ministro de Economía Miguel Lacayo.

En este espacio editorial, también rechazamos cualquier resolución del CIADI que favorezca a la empresa minera y proponemos impulsar con urgencia un marco legal prohibitivo de la minería: una ley o, al menos, un decreto ejecutivo.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)