De acuerdo con las aseveraciones del auditor Superior de la Federación, existen denuncias de hechos en la Procuraduría General de la República “contra al menos15 gobiernos estatales” en los que se encontraron “uso indebido de recursos” y “algunos” gobernadores “tienen responsabilidades claras”.

Para Juan Manuel Portal “prácticamente todos” están en ese caso, aunque no necesariamente contra el gobernador, sino contra el uso indebido de recursos federales, y se presentan las denuncias. Algunos de los mandatarios tienen responsabilidades por omisión o acción, pero “las denuncias no van contra una persona, van contra los hechos”.

Recordó el contador público que hay investigaciones desde hace tiempo como resultado de la revisión del informe de la cuenta pública. Cada año que se presenta el informe se tienen resultados que tienen que ver con lo que está pendiente de aclararse y cuando no se soluciona esto se presenta “una promoción de responsabilidades administrativas o denuncias de hechos en la PGR. En ese proceso estamos permanentemente”; todo lo anterior a tono con lo reportado por Angélica Enciso en La Jornada (15-XI-16).

En el país donde los funcionarios dictan “instrucciones” públicamente –empezando por el presidente, como si tal cosa fuera la solución del problema cuando sólo es una forma de lucimiento–, la titular de la Secretaría de la Función Pública y hasta hace tres semanas de la PGR, informó que giró “indicaciones para realizar acciones concretas en la SFP”. ¿Cuáles? Poco importa para Arely Gómez, se trata de salir al paso como lo hizo en la PGR, dicen sus críticos, pero los padres de los 43 de Ayotzinapa fueron los primeros en oponerse a que cambiara de funciones en el sexenio de Enrique Peña: primero senadora, después procuradora y ahora secretaria.

Gómez González y Portal Martínez coincidieron en donde la primera dictó la conferencia La ética y profesionalización en la prevención, detección y análisis del fraude. La hermana del empleado del primer círculo de Grupo Televisa, Leopoldo Gómez, planteó que pidió la revisión y actualización del código de ética de la administración pública federal, la guía para identificar y prevenir conflictos de interés, políticas, lineamiento, guías y manuales para ponerlos al día con las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Todo ello “contribuirá para una hacer campaña de sensibilización y capacitación”.

Resulta tragicómico que la señora esté concentrada en sensibilizar al funcionariado cuando el anterior mandatario de Sonora Guillermo Padrés Elías y su hijo, Guillermo Padrés Dagnino, ya están presos por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita (que la PGR no atina a cuantificar) y después de que Elías se entregó al salir del programa Ciro Gómez Leyva por la Mañana, en tanto que las autoridades evidenciaron una increíble incapacidad para detenerlo; tal como sucede con Javier Duarte, quien al parecer sigue pitorreándose de los mexicanos; cuando también los exgobernadores Rodrigo Medina (Nuevo León), Roberto Borge Angulo (Quintana Roo), César Duarte (Chihuahua), Jorge Herrera (Durango) y Humberto Moreira (Coahuila) enfrentan imputaciones, investigaciones o sospechas por delitos similares.

La inacción de la PGR y la SFP estimula la percepción ciudadana de la existencia del encubrimiento e impunidad como una constante de éste y los anteriores grupos gobernantes, lo que multiplica la crisis de credibilidad en la que se encuentran las instituciones.

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