Otra vez los omnipotentes magistrados de la Sala Constitucional se ponen por encima de la ley y se declararan exentos de la contraloría ciudadana, a la que están sujetos todos los funcionarios públicos. Ya casi se declaran magistrados Dioses y piden reverencia al pueblo.

No es broma. El oficial de información de la Corte Suprema de Justicia, que es un protegido y protector de la Sala, rechazó la semana pasada una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que ordena revelar las demandas que tienen en su contra los susodichos magistrados.

En un acto que contraría el sentido de transparencia y rendición de cuentas, el funcionario judicial alega que la resolución del IAIP violenta la independencia judicial, la legalidad administrativa y que la información solicitada es confidencial.

Así, la Sala que gusta dar lecciones de legalidad y democracia al esto de instancias estatales, hacia adentro actúa en forma opaca y autoritaria. Los magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco se niegan a informar sobre sus gastos, viajes, demandas en su contra, etc.

Los magistrados tampoco quieren informar sobre la reunión que tuvieron en julio de este año con los propietarios y directores de los principales medios de comunicación de la derecha en un local del oligárquico Grupo Poma, a pesar de que el IAIP les ordenó decir quien convocó, los temas y los acuerdos de dicha reunión.

Hace un par de meses, en una entrevista televisiva, Sidney Blanco y Rodolfo González se declararon al margen de la legalidad. Los tristemente célebres magistrados dijeron que ninguna demanda procede contra en su contra porque a ellos “los protege la Constitución”.

Los magistrados rechazan demandas contra ellos mismos, no se abstienen en casos donde tienen marcados conflictos de interés y cometen tantas arbitrariedades por las cuales el Fiscal General debería procesarlos y la Asamblea Legislativa destituirlos. Pero ninguno se atreve a enfrentarlos.

Lo primero que hizo el flamante nuevo presidente legislativo Guillermo Gallegos fue ir corriendo a reunirse con la Corte Plena a ofrecerle “buenas relaciones entre órganos estatales”, acción disfrazada que en el fondo buscaba rendir pleitesía a los magistrados de la Sala Constitucional.

Por tanto, el país no debe permitir que estos magistrados sigan violentado la ley y se burlen de la ciudadanía. Al menos no dejar que al terminar su gestión queden impunes, por lo que desde ya deben prepararse demandas por actos arbitrarios, prevaricato y otros delitos por los cuales tienen que terminar en la cárcel estos señores.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)