El lenguaje derivado del modelo de corte neoliberal confunde. Habla de banca de desarrollo pero usa una política económica recesiva para restringir el crédito productivo y solidario a favor de los campesinos, campesinas, microempresarias y trabajadores urbanos sin tierra y oportunidades para adquirir una vivienda digna. En Honduras este lenguaje está de moda después del golpe de Estado, llegando al extremo de confundir banca de desarrollo con banca corporativa.

Es por eso y otras razones que el gobierno de la Republica sigue firme en sus intenciones de fusionar los bancos que tienen competencias públicas en materia de canalización de recursos al agro nacional, las mi pymes y construcción de viviendas de menores costos. Se trata que el llamado “banco bueno” absorba la cartera del “banco malo”. El banco bueno es el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y el banco malo es el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA).

BANHPROVI es un banco de segundo piso, que apoya la intermediación financiera para que se destinen mayores recursos a la `producción y vivienda, mientras que BANADESA es el banco malo de primer piso, responsable de otorgar y recuperar créditos destinados a la producción agropecuaria y en menor medida a las mi pymes.

El gobierno ya había enviado un anteproyecto de Ley al Congreso Nacional para aprobar la fusión de ambos bancos, pero no obtuvo la mayoría de votos requeridos (86 votos) ya que se trata de derogar una legislación que está protegida por la Constitución de la Republica, en tanto BANADESA es un banco de desarrollo que busca que los que no tienen acceso directo al crédito lo hagan en condiciones favorables (tasas de interés, plazos y garantías) con el apoyo de Estado.

Este rechazo no fue impedimento para que el gobierno de la Republica iniciara una campaña para facilitar la aprobación en Consejo de Ministros de un Decreto Ejecutivo que posibilita a corto plazo la fusión o Alianza con el apoyo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y representantes de organizaciones de productores, ganaderos, campesinas y sector privado.

El argumento del gobierno es que BANADESA tiene una cartera podrida de arrastre de 500 millones de lempiras que no ha podido recuperar (¿o sanear?) por la alta politización e ineficiencia administrativa y financiera. Esta cartera seria administrada por BANHPROVI que tiene solvencia y ha demostrado eficiencia en el manejo, cobro y otorgamiento de los recursos. Igual, BANHPROVI se haría cargo también del resto de la cartera, unos 4,500 millones de lempiras, que al parecer no está contaminada. Se ha detectado también una cartera que no se sabe la cuantía de la mora, las garantías y los deudores, lo que demuestra la mala administración del banco y corrupción.

Se sabe que el patrimonio de BANHPROVI supera los 9,600 millones de lempiras y tiene préstamos por cobrar de más de 8,700 millones de lempiras. Pero además opera como banca corporativa donde están representados el gobierno (BCH, Finanzas, Desarrollo Social, Economía y Comercio y Director del IHSS), un representante de la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo (FOPRIDEH), un representante de las organizaciones obreras, cooperativas, Mi pymes, sector vivienda, sector industrial, sector bancario y sector financiero, todos designados por el Presidente de la República.

Y está es quizá una de las principales preocupaciones de los partidos de oposición en el Congreso de la Republica, o sea un mayor control por la Presidencia de la Republica en la dirección del gobierno corporativo del banco, ya que en caso que falte el representante del Banco Central para presidir la Asamblea de Gobernadores, asume la coordinación el Ministro de Finanzas, hombre de entera confianza del presidente Hernández. En el caso de BANADESA, el problema es que la Junta Directiva la preside el Ministro de la SAG y no puede ser ejercida directamente por Casa de Gobierno, al menos eso dice la regla.

La otra preocupación es que dicha fusión de los bancos se promueve a pocos meses de las elecciones internas de los partidos políticos, donde ha sido costumbre el uso de los recursos públicos y no públicos para financiar las campañas políticas, más allá de lo que diga y recomiende la MACCIH al aprobarse la nueva ley de financiamiento electoral. Este debe ser desde ya un tema de investigación del Fiscal argentino de la MACCIH, Manuel Garrido, ya que mucho del dinero de la corrupción se destina y sale de la política.

En complemento, destaca el problema del blindaje del nuevo banco a crearse. A criterio del Asesor Presidencial, Ebal Díaz, este blindaje está garantizado por el hecho que participa el Banco Central de Honduras (BCH), la CNBS está alerta, los sectores beneficiados están representados en el gobierno corporativo, y por primera vez en Honduras las condonaciones de deuda estarán proscritas. Sin embargo, nadie de los actores institucionales, sociales y privados involucrados podrá contradecir una orden de la Presidencia de la Republica, ya que todos están supeditados a su mandato. En la práctica, el nuevo banco enfrentaría también esta situación.

Esta discusión acerca de la fusión de los bancos, centrada más en motivaciones e intereses de corto plazo, no ha permitido abrir un debate más amplio sobre la concepción de una banca de desarrollo dentro del modelo de corte neoliberal vigente en Honduras. En primer lugar, en una banca de desarrollo el gobierno de la Republica actuando en su condición de institucionalidad publica y no privada, es quien asume los riesgos al apoyar y priorizar el otorgamiento de recursos financieros a sectores y poblaciones que enfrentan de entrada serias limitantes estructurales para acceder a dichos recursos. Es una intervención diferenciada en cuanto a montos de los créditos, tasas de interés, plazos, garantías, tipos de rubros a explotar, mecanismos de recuperación, y cubrimiento de los riesgos financieros.

El gobierno actual manifiesta que la fusión conducirá a la creación de un Banco de Desarrollo del Estado (¿BANADESA eso es?), pero bajo una administración corporativa, donde la discriminación y la diferenciación por tipo de productor y cliente estén ausentes. BANHPROVI, creado en 2006, todavía no se ha enfrentado a situaciones donde tenga que asumir todo el riesgo de préstamos directos otorgados a este tipo de clientes, y más bien tiene el espacio de escoger a sus clientes e intermediarios financieros. BANADESA, con todo los problemas del mal manejo de fondos e ineficiencia operativa atribuidos por los ideólogos del proyectos de fusión, si ha tenido que asumir ese riesgo; es más, muy poco se le ha capitalizado con recursos frescos ya que lo que le asignan son carteras contaminadas, y la acumulación de decretos de condonación por el Congreso Nacional para favorecer a diputados, empresarios, ganaderos, grandes productores, banqueros y dirigentes políticos.

Finalmente, una preocupación de organizaciones campesinas no contaminadas, es que la fusión puede afectar y hacer desaparecer el llamado crédito campesino y étnico, en tanto la evidencia demuestra que los fondos del fideicomiso FIRSA creado por el gobierno, son pocos y no llegan a los pequeños y micro productores. La solución del gobierno es el diseño de nuevos productos financieros con los productores, mi pyme y asociaciones de pobladores que demandan soluciones habitacionales en forma rápida y masiva, pero falta identificar los demás servicios de apoyo (asistencia técnica, capacitación, comercialización, trasferencias tecnológica, terrenos, etc.), que deberán ser canalizados por el Estado, lo que es más difícil por la política económica contractiva seguida con apoyo del FMI. Pero más que eso, se necesitan nuevas y mejores políticas públicas que sirvan de soporte a las intervenciones a nivel de unidades de producción rural, servicios y desarrollo de la infraestructura económica y social.

Tegucigalpa, DC, 30 de noviembre de 2016