Para sacudirse un poco la presión de las organizaciones populares y la ciudadanía crítica, la Sala Constitucional hizo la semana dos cosas que sólo se explican desde la mentira y la demagogia con que actúan los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco.

La primera cosa es una denuncia sobre supuestas amenazas de muerte: Florentín Meléndez acusó directamente al FMLN y al gobierno, y después Rodolfo González dijo que detrás de las amenazas hay militares que reciben órdenes superiores. Ambos magistrados quedaron en ridículo ante el rechazo contundente de las instancias señaladas y por no presentar ninguna prueba.

El propósito de esta maniobra falaz es intimidar a las organizaciones, movimientos y sectores sociales críticos de las actuaciones de los susodichos magistrados: busca que los miembros de la sociedad civil progresista, para evitar ser acusados de presionar y amenazar a la Sala, se callen ante sus arbitrariedades y -con su silencio-las avalen.

Y la segunda cosa es la no admisión de dos demandas de inconstitucionalidad, una contra la emisión de los 550 millones de dólares en bonos de deuda pública y otra contra la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas, ambas promovidas por personeros de la derecha.

Con esto la Sala busca evitarse las críticas que habría generado la suspensión del referido financiamiento estatal y la anulación de la elección en el ente contralor, y quitarle argumentos a quienes la cusan de responder a las estrategias de la derecha oligárquica. Con esto, los magistrados pueden decir “ven que no hacemos todo lo que la derecha nos pide”…

Lo anterior demuestra que Jaime, González, Meléndez y Blanco son verdaderos artistas de la mentira y la demagogia.

Por eso las organizaciones populares, movimientos sociales, sectores democráticos y toda la población honrada deben responder con más movilización y presión social contra la Sala. Ni denuncias falsas ni acciones demagógicas deben mermar las pertinentes críticas hacia los magistrados peones de los mezquinos poderes oligárquicos y designios foráneos.

Y los acusados por Florentín Meléndez y Rodolfo González deberían dar aviso a la Fiscalía sobre sus señalamientos calumniosos y difamatorios.

También es necesario exigir al Fiscal General que prosiga la investigación contra el magistrado Jaime por posible evasión tributaria, y que proceda con el resto de demandas por prevaricato y actos arbitrarios que involucran a magistrados de la Sala Constitucional.