El Acuerdo de Paris entró en efecto el 4 de noviembre 2016. Es el resultado de décadas de negociación en el seno de la Organización de Naciones Unidas sobre el calentamiento global. Todos los países del mundo reconocen que el calentamiento global es una consecuencia de la actividad humana que se ha convertido en una peligrosa y creciente amenaza tanto para la estabilidad de la vida en el planeta como para la seguridad de la especie humana.

El objetivo central del Acuerdo de Paris es impedir que el aumento de la temperatura superficial promedio supere los 2ºC para finales de siglo con respecto a la época preindustrial. Para alcanzar este objetivo es imprescindible evitar que continúe aumentando la concentración de los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera. En el caso del CO2, correspondiente al 76% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, es necesario evitar que su concentración supere las 450 partes por millón.

El aumento de temperatura ya supera 1ºC con respecto a la época preindustrial, mientras que la concentración de CO2 en la atmósfera supera las 400 ppm, excediendo en 43% al promedio de la época preindustrial. Las tendencias actuales conducen a la superación del límite de las 450 ppm en apenas 20 años.

Para evitar que la concentración de CO2 supere las 450 ppm es necesario reducir drásticamente el consumo de combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón. Para el año 2050 es necesario reducir las emisiones de CO2 en al menos un 70%, lo que implica una reducción proporcional del consumo de combustibles fósiles. 

Para optimizar la cantidad de energía utilizada y minimizar las emisiones de CO2, es necesario que al menos dos tercios de las reservas probadas de hidrocarburos permanezcan bajo tierra: el 37% de las de petróleo, el 84% de las de carbón y el 30% de las reservas probadas de gas natural.

Estas implicaciones representan un gigantesco reto para Venezuela. No sólo porque su economía depende en una alta proporción de las exportaciones de petróleo, por disponer de las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo (300 mil millones de barriles) y por contar con la octava reserva global de gas natural y la segunda mayor del hemisferio occidental después de Estados Unidos (5.6 billones m3). El reto se debe también a la obligación de contribuir con la reducción de emisiones, un compromiso particularmente significativo debido a que Venezuela registra en la actualidad no sólo las mayores emisiones de CO2 por habitante de América Latina, sino también las mayores emisiones de CO2 por unidad del producto territorial bruto en la región. 

En consecuencia, urge la diversificación efectiva de la economía nacional y la definición de una estrategia para superar los retos del calentamiento global, optimizando los esfuerzos para el monitoreo y la reducción de emisiones, la mitigación de sus efectos y la adaptación a las inevitables consecuencias de los cambios climáticos que se avecinan. El éxito depende de la participación activa de la ciudadanía, por lo que se requiere de una estrategia complementaria para la educación y la diseminación de información con el fin de facilitar la participación protagónica de la ciudadanía en tales esfuerzos.

Entre las medidas más urgentes se encuentran: ponerle fin a la deforestación, un injustificado crimen que según la FAO arrasó con 164.000 hectáreas de bosques naturales cada año durante el período 2005-2010; reducir de 15% a no más de 1% la quema de gas en mechurrrios para el 2020; mejorar la penosa eficiencia energética de la economía nacional en al menos un 20% para el 2020 y en un 40% para el 2030; mejorar el lamentable rendimiento del parque automotor en al menos un 40% para el 2030; ampliar los sistemas de transporte público; reducir los subsidios a los combustibles fósiles; sustituir el uso de diesel por gas natural en la generación de electricidad, preferiblemente en plantas de ciclo combinado; prohibir la comercialización de bombillos incandescentes, pues convierten en calor el 80% de la electricidad que consumen y sólo un 20% en luz; impulsar el desarrollo de energías limpias, como la solar y la eólica, fijando como objetivo la generación de al menos un 20% de la energía eléctrica a través de paneles solares y molinos de viento para el 2030; establecer al menos 4 millones de hectáreas de plantaciones con mezclas de especies nativas para restituir cuencas hidrográficas seleccionadas durante el período 2017-2030, con la consecuente extracción de millones de toneladas de carbono de la atmósfera.

Cualquiera que sea la estrategia nacional que se defina debe complementarse con la promoción de una política regional latinoamericana en el mismo sentido, con el propósito de impulsar medidas conjuntas regionales a través de los mecanismos disponibles de integración, tales como CELAC, MERCOSUR, UNASUR, CEPAL, ALBA y PETROCARIBE.

Julio César Centeno

Universidad de los Andes - Venezuela

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