Genera expectativas el anuncio de un posible nuevo acuerdo nacional, en el marco de la celebración del 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. El Presidente Salvador Sánchez Cerén y el canciller Hugo Martínez informaron la semana pasada que, con apoyo de Naciones Unidas, el gobierno gestiona la suscripción de un acuerdo de país.

El anuncio gubernamental coincide con declaraciones de ARENA expresando disposición al diálogo. Luego de retirarse de la mesa de discusión de la problemática fiscal, el principal partido opositor dijo en un comunicado el fin de semana que está de acuerdo en buscar consensos. Ya se sabrá si la disposición expresada por el partido oligárquico es real o si sólo es una declaración demagógica.

En todo caso, es importante plantear las problemáticas urgentes que deberían ser temas prioritarios de un posible acuerdo nacional para una paz integral y una democracia plena.

Primero, la situación fiscal. Urge un pacto fiscal que resuelva el déficit de ingresos gubernamental y permita acabar con la evasión, evitar más endeudamiento, reformar el sistema de pensiones y aprobar una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”. La meta es proveer al Estado de todos los recursos necesarios para atender las necesidades de la población, propiciar la justicia tributaria y procurar una distribución más justa de la riqueza.

Esto significa que ARENA cesa inmediatamente su estrategia de boicot financiero contra el gobierno y pide a la Sala Constitucional no emitir más sentencias que contribuyan a esa perversa estrategia. Esto también implica que toda la derecha empresarial, mediática y oenegera asuman una actitud diferente.

Segundo, la seguridad. Debe haber un compromiso de implementar una estrategia integral de seguridad que combine prevención, represión, reinserción y atención a las víctimas. El acuerdo sería retomar todas las acciones del Plan “El Salvador Seguro” y garantizar el financiamiento necesario para su implementación, priorizando en la inversión social que prevenga la violencia a través la generación de oportunidades de empleo, educación y recreación para la juventud.

Tercero, la situación ambiental. El país urge medidas que reviertan el grave deterioro del medioambiente, especialmente de los recursos hídricos. En tal sentido es necesaria la aprobación de una ley de agua que garantice la protección del vital líquido y el acceso para toda la población. Prohibición de la minería, saneamiento ambiental y prohibición de agrotóxicos, son también urgentes.

Y cuarto, la calidad de la democracia. El país debe avanzar de mayores niveles de democracia mediante la creación de mecanismos de participación directa, como plebiscito y referendo; así como también mayor acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. Debe haber un compromiso de combate real contra la corrupción pública y privada.

Finalmente, el compromiso de cumplir los acuerdos y la disposición de siempre buscar acuerdos.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)