ARENA anunció ayer que recurrirá a la Sala de lo Constitucional para anular la aprobación del presupuesto nacional de 2017. El presupuesto fue aprobado por los grupos parlamentarios del FMLN, GANA, PCN y PDC; el partido oligárquico, consecuente con su estrategia de boicot financiero contra la izquierda gobernante, votó en contra del financiamiento público.

Tras perder el debate y la correlación parlamentaria, el partido opositor buscará que los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco pongan su grano de ARENA contra el gobierno, como lo hicieron anulando el FONAT, los 900 millones de dólares en bonos y varias reformas tributarias, entre éstas la que gravaba a las grandes empresas que declaran pérdidas para evadir el pago de sus impuestos.

Esto no deja más opción que presionar a la Sala. Todas las organizaciones progresistas, sectores democráticos y población honrada debe movilizarse para exigir que los magistrados se abstengan de revertir el presupuesto, como pretenden los dirigentes y diputados areneros.

Ya se comprobó la efectividad de la presión social: la semana pasada la Sala se abstuvo de admitir una demanda de inconstitucionalidad contra la elección en el Consejo Nacional de Salario Mínimo. Los magistrados tienen pendiente pronunciarse sobre el caso, pero al no hacerlo antes del 15 de enero permitieron que el incremento del salario mínimo se aplicara; la demanda perdió efecto por no ser admitida antes de que las empresas elaboraran la primer planilla de este año.

Lo mismo puede decirse de la admisión de la demanda contra la elección del magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas. El plan era golpear fuerte al Tribunal anulando a todos sus magistrados, pero la denuncia pública del perverso plan lo desactivó: en vez de un granadazo, la Sala usó un franco tirador.

Así que, frente al anuncio de ARENA de recurrir a sus amigotes de la Sala para revertir el presupuesto nacional, el país entero debe exigir que los magistrados no se atrevan a hacerle el juego político a la derecha oligárquica y a su estrategia confesa de asfixiar financieramente al Ejecutivo.

La movilización ciudadana también debe ser contra la bravuconería política de ARENA que -en tono de amenaza contra el gobierno y los partidos que aprobaron el presupuesto- también advirtió que no va a avalar ningún financiamiento público y anunció su retiro definitivo de la mesa de negociación de la crisis fiscal. Semejante actitud, exhibida en pleno debate sobre nuevos acuerdos nacionales, debería generar un generalizado repudio social.

Según la encuesta publicada ayer por la UCA, el 70% de la población aprueba la firma de un nuevo “acuerdo de paz” que conduzca a la solución de los problemas estructurales del país. ARENA, que piensa siempre en clave electoral, debería tomar en cuenta ese dato.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)