En medio de la celebración del 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz y del debate sobre la necesidad de nuevos acuerdos de país, pasa desapercibida la conmemoración de otro aniversario estrechamente relacionado y que -por tanto- no debe quedar en el olvido: el 85 aniversario del genocidio de 1932.

Las causas económicas, sociales y políticas de la rebelión indígena-campesina de enero de 1932 son las mismas que provocaron la guerra civil de los años ochenta; y sobre los cadáveres de los 30 mil masacrados se instaló la dictadura militar que terminó con el fin de la guerra en enero de 1992. Por tanto, no se puede hablar de los Acuerdos de Paz sin mencionar lo sucedido hace 85 años.

Los autores intelectuales de la masacre del 1932 fueron los terratenientes que se negaban a pagar más de 0.25 centavos la jornada en el campo y sus descendientes ahora no quieren pagar el aumento al salario mínimo, sabotean financieramente al gobierno y no quieren suscribir acuerdos nacionales. Por eso, no se puede hablar de nuevos acuerdos olvidando los hechos de 1932.

La insurrección indígena-campesina se debió -en primer lugar- al despojo histórico de la tierra, pues los terratenientes se apropiaron primero de las tierras bajas para cultivar añil y después de las montañas para sembrar el café; y -en segundo lugar- a las precarias condiciones económicas y sociales en que vivía la mayoría de la población, en contraste con la opulencia de la minoría de ricos explotadores.

La oligarquía de hoy basa su riqueza en esa herencia histórica y en su modus operandi actual que incluye evasión y elusión tributaria, pago de salarios bajos, irrespeto al medioambiente y un Estado corporativo para su beneficio exclusivo (lo hicieron hasta 2009 y pretenden retomar en 2019).

Así que por toda esa conexión histórica con el genocidio de 1932, no debe pasar desapercibido este 85 aniversario. La memoria de las personas que murieron luchando por sus derechos y mejores condiciones de vida, debe motivar a las organizaciones progresistas y sectores democráticos a presionar por un “nuevo acuerdo de paz” para un país más justo e incluyente.

Este acuerdo debe abordar fundamentalmente aspectos económicos relacionados con el modelo de desarrollo, esquema tributario, inversión social y financiamiento de la seguridad. Como acto de contrición por los crímenes de sus padres y abuelos, los actuales oligarcas deberían mostrar voluntad política para lograr acuerdos nacionales orientados a reducir la exclusión y desigualdad causantes de la pobreza, violencia, migración, etc.

Ojala, pues, que el 85 aniversario del genocidio indígena y campesino de enero de 1932 no pase desapercibido hoy que celebramos los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Esto, porque más allá de las actividades realizadas por comunidades indígenas en Tacuba el pasado fin de semana, pareciera que muy pocos se han acordado.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)