El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, evalúa positivamente los primeros cien días de su gestión, destacando como principales logros la “austeridad y transparencia” que han permitido -según dice- el ahorro de dos millones de dólares al Estado mediante la eliminación del seguro médico privado y la reducción en gastos de boletos, viáticos, combustible y la suspensión de compras de nuevos vehículos.

Sin embargo, “la austeridad y transparencia” no son realmente dos rasgos distintivos del desempeño del diputado Gallegos: varias acciones criticables desmienten al “austero” y “transparente” presidente parlamentario, entre éstas la asignación de medio millón de dólares de fondos públicos a una organización de su esposa y colaboradores políticos.

Además del marcado conflicto de interés y tráfico de influencias del flamante presidente parlamentario en este caso, la organización financiada con dinero público es de labor desconocida: el semanario digital El Faro no encontró rastro de programas de prevención de violencia en ningún municipio del área metropolitana donde supuestamente trabaja. Entonces, ¿en qué gastó los 500 mil dólares la señora de Gallegos y compañía?

Y si dejamos la “austeridad y transparencia” del manejo presupuestario legislativo y revisamos las actividades parlamentarias relacionadas con la función de legislar para resolver los problemas del país, la gestión de Guillermo Gallegos sale todavía más reprobada.

Es cierto que la Asamblea aprobó aunque sea tardíamente el presupuesto estatal de este año y también la prórroga a las medidas extraordinarias de seguridad pública implementadas por el Ejecutivo. Sin embargo, Gallegos no ha gestionado la aprobación -y ni siquiera ha agendado en el debate legislativo- medias urgentes, sobre todo de los ámbitos económico y ambiental.

En lo económico Gallegos no ha procurado la aprobación de la Ley de Cobro Coactivo que permitiría al Ejecutivo combatir más eficientemente la evasión tributaria, ni promueve el debate de la urgentísima reforma al sistema de pensiones que ayudaría a contener el endeudamiento previsional que ronda los 3,400 millones de dólares.

Y en lo ambiental, el presidente parlamentario no apoya la aprobación de la necesaria Ley General de Agua, ni acelera la aprobación de la propuesta de ley prohibitiva de la minería metálica presentada por la Iglesia Católica y la UCA. La despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico, tampoco está en la agenda de Gallegos.

En conclusión, los primeros cien días del diputado Gallegos como presidente de la Asamblea muestran una gestión insuficiente. Insuficiente en relación a las normativas urgentes de país y también insuficiente con respecto a la misma “austeridad y transparencia” que cacarea el parlamentario de derecha en los medios de comunicación hegemónicos.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)