Varios ex funcionarios públicos destituidos por la Sala de lo Constitucional anunciaron ayer que demandarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco.

El ex miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), ex diputados suplentes y ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) defenestrados por la Sala, entre éstos su ex presidente Salomón Padilla, se sumarán al magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Ulises Rivas en la búsqueda de justicia ante la institucionalidad internacional.

Los magistrados de la Sala han destituido a más de un centenar de magistrados de la Corte de Cuentas, CSJ y TSE, miembros del CNJ y diputados de la Asamblea Legislativa, todos por supuestos vínculos con el gobernante FMLN o partidos “aliados”, a ninguno por pertenecer al oligárquico partido ARENA.

Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en resolución emitida por el ex Procurador David Morales sobre el caso del ex magistrado de la CSJ Salomón Padilla, las destituciones de funcionarios por presuntos vínculos partidarios constituyen violaciones de derechos políticos, entre éstos el de optar a cargos públicos.

Por tanto, la demanda de los ex funcionarios despedidos por la Sala es justa. Su destitución es constitutiva de actos arbitrarios, prevaricato y otros ilícitos penales consignados en algunas denuncias contra miembros de la Sala presentados en la Fiscalía.

Los magistrados de la Sala tampoco deben quedar impunes por otras resoluciones ilegales: las que reflejan conflictos de interés (Belarmino Jaime en casos sobre telecomunicaciones), las que bloquean los ingresos públicos, las que invaden funciones de otras instancias estatales, etc. Jaime, Meléndez, González y Blanco deben ser procesados por los delitos cometidos.

Algunos miembros de la Sala, además, tienen otras acusaciones. Belarmino Jaime, por ejemplo, está señalado de posible evasión tributaria. En septiembre de 2016, la Fiscalía informó que investigaba dos casos de evasión que vinculan a Jaime: GCA Telecom por 3.2 millones y a IP Holdings por 2.7 millones.

Los magistrados de la Sala no deben quedar impunes: la Fiscalía debe investigarlos y procesarlos en los tribunales de justicia, la Asamblea destituirlos o la población obligarlos a renunciar. El peso de la ley debe caer sobre todo funcionario que abuse del poder, transgreda la ley y violente derechos humanos, incluidos los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)