El 6 de diciembre del 2015 los 18 partidos de derecha y ultraderecha de Venezuela agrupados en su frente político Mesa de la Unidad Democrática (MUD)ganaron por abrumadora mayoría las elecciones legislativas, obteniendo 109 de un total de 167 escaños en la Asamblea Nacional (así se llama el Congreso o Parlamento). Se cuestionó por fraudulenta la elección de 3 diputados del Estado de Amazonas, por lo que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió la proclamación de éstos; pese a esta prohibición la oposición los juramentó por mero cálculo político, pues con ellos lograba mayoría calificada (2/3 partes de la Asamblea = 112 de un total de 167 diputados), lo que le daba nuevas atribuciones, entre ellas derogar leyes orgánicas.  Por tomar esa decisión el TSJ declaró en desacato a la AN y señaló que sus decisiones eran nulas mientras continuara en esa situación; esto implicaba que la derecha tenía la opción de rectificar, cosa que no hizo hasta el pasado 9 de enero.

Gracias al control de la Asamblea Nacional, la oposición venezolana ha utilizado a este órgano del Estado, no para legislar sino para torpedear al Poder Ejecutivo y forzar la salida o el derrocamiento de Nicolás Maduro, que es el objetivo declarado inmediato no sólo de la derecha de ese país sino de toda la derecha de América Latina y del imperialismo (recuérdese la Orden Ejecutiva de Obama del 9 de marzo del 2015 – que sigue vigente – que declara a Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”). 

Así, a pesar de que la destitución por juicio político en el parlamento no está contemplada en la Constitución, el martes 25 de octubre del 2016 la derecha venezolana inició en la AN un juicio político al Presidente Maduro, aunque luego el propio Henry Ramos Allup tuvo que admitir que esa figura no iba a ser posible.  Al darse cuenta de esto, la derecha buscó otra figura y nombró una comisión para “evaluar la posibilidad de que declare el abandono del cargo por el Presidente de la República”, quien acababa de regresar ese día de una gira relámpago por los países de la OPEP y no OPEP buscando la estabilización y recuperación de los precios del petróleo.

A sus acciones golpistas desde el parlamento, la MUD acompañó acciones de masas y convocó a una “toma de Venezuela” para el 26 de octubre, a una huelga general para el 28 del mismo mes y a una marcha hacia el Palacio de Miraflores para el 3 de noviembre con el fin de entregar una “carta de destitución” al Presidente (y, presumiblemente, tomar el Palacio de Gobierno).  El golpe de Estado derechista fracasó, no sólo porque la MUD no pudo concentrar las fuerzas que aspiraba sino fundamentalmente porque las clases populares salieron masivamente a las calles en defensa del Gobierno y de las conquistas de la Revolución Bolivariana. (Véase el artículo “El golpe que no fue”, publicado el 5/11/2016 en la web venezolana Aporrea: https://www.aporrea.org/actualidad/a236663.html).

En un nuevo capítulo del golpe de Estado continuado, el lunes 9 de enero del año en curso la derecha y ultraderecha aprobaron por 106 votos en la Asamblea Nacional la declaración (falsa y absurda en lo jurídico y lo político) de abandono del cargo por parte del Presidente de la República; previamente acordaron la desincorporación de los tres diputados de Amazonas, en un intento de anular la causal de desacato.  Sin embargo, toda la población de Venezuela sabe (y a nivel internacional también) que desde que asumió su mandato Maduro no ha dejado ni un día de ejercer sus funciones gubernamentales y de Jefe de Estado (al margen de que las ejerza bien o mal).

La noche del miércoles 29 de marzo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió la Sentencia 156, uno de cuyos puntos decía textualmente: “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.  Inmediatamente, los medios de prensa burgueses de todo el mundo, el Secretario General de la OEA, varios gobiernos y políticos de derecha de América Latina empezaron a repetir a voz en cuello la acusación de Henrique Capriles Radonsky, María Corina Machado y otros derechistas que en Venezuela se había producido un autogolpe de Estado; para desinformar aún más a la opinión pública mundial, muchos políticos y periodistas han tenido, incluso, el descaro de acusar y propalar la doble falsedad de que “Maduro disolvió la Asamblea Nacional”, tergiversando los hechos, pues ni el presidente de Venezuela fue el autor de la sentencia, ni la sentencia del TSJ disponía la disolución de la AN sino el retiro temporal de sus competencias.

Al conocer la sentencia del TSJ y el Pronunciamiento de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, considerando que las sentencias del TSJ violaba el orden constitucional y el modelo de Estado, el Presidente Nicolás Maduro convocó a una sesión urgente del Consejo de Defensa de la Nación para resolver el impase entre los poderes del Estado. El Consejo, presidido por Maduro, se reunió el 31 de marzo y exhortó al TSJ a revisar las decisiones 155 y 156.  El 1 de abril el Tribunal Supremo de Justicia restituyó la inmunidad parlamentaria a los diputados y suprimió, de la sentencia 156, el texto señalado más arriba.

Reacciones en el Perú

El régimen de Kuczynski, que viene conspirando desde el año pasado, al igual que Almagro desde la OEA, para que a Venezuela le sea aplicada la llamada Carta Democrática, retiró al Embajador del Perú en ese país.  Los grandes medios radiales y televisivos dieron amplia cobertura a las declaraciones de Capriles Radonsky, Corina Machado y otros connotados dirigentes de la oposición venezolana, quienes pintaban la situación en su país no sólo como de autogolpe de Estado sino como de caos total y hambruna popular.

Es que la derecha de ese país es copartícipe del plan diseñado por el Pentágono, uno de cuyos puntos busca y pretende justificar la intervención y ocupación militar de Estados Unidos y otros países en Venezuela utilizando el argumento de una supuesta “crisis humanitaria”. Para lograr una opinión pública internacional favorable a tal ocupación, al derrocamiento y al cambio del régimen venezolano por otro que sea afín a los intereses hegemónicos de Estados Unidos existe desde hace algunos años una campaña constante de todos los medios al servicio del imperialismo que insiste casi a diario en el desabastecimiento, las colas, la falta de medicinas, la supuesta hambruna y toda clase de problemas, exagerándolos e incluso inventándolos, a la vez que callan los aciertos y mejoras en favor de la población. Para tener una idea de lo que implicaría tal intervención, téngase en cuenta el reciente ataque militar ordenado por Donald Trump contra Siria, que presenta como “operación castigo” contra el Gobierno de ese país, acusándolo falsamente de haber utilizado armas químicas contra su propia población (y, esto, a pesar de la presencia militar rusa en Siria).

Pero no sólo el Gobierno y los partidos de derecha arremetieron contra el Gobierno venezolano sino también la dirigencia del Frente Amplio.  Verónika Mendoza, ex candidata presidencial de la agrupación, consideró que la resolución del TSJ rompía el equilibrio democrático y que era hora de escuchar al pueblo venezolano para “recuperar la democracia y relanzar el proceso de transformación social”.  Por su parte, Marco Arana, líder de Tierra y Libertad (partido integrante del FA), concedió entrevistas a varios medios escritos, radiales y televisivos y fue más lejos: “en Venezuela lo que hay ahora es una ruptura del orden constitucional, una ruptura de la posibilidad de encontrar una salida democrática; es una dictadura”; abiertamente pidió la intervención de la OEA: “los países hermanos y los presidentes de la República en América Latina deberían acudir a la OEA para encontrar garantías y solución a esta injerencia del Poder Judicial sobre el Legislativo, que es inaceptable” (América Televisión).

De los políticos y periodistas de derecha del Perú no llama la atención su posición sobre los sucesos en Venezuela, que, en general, es la misma que la de la derecha venezolana y que obedece al plan del Pentágono para aislar al gobierno, derrocarlo y conseguir el cambio de régimen en ese país.  Pero, con respecto a lo expresado por los dirigentes de un sector de la izquierda peruana, cabe la reflexión: si la preocupación de los líderes del Frente Amplio por la democracia en Venezuela es sincera, ¿por qué no condenaron el intento de destitución al presidente de ese país por parte de la oposición parlamentaria, a fines de octubre e inicios de noviembre del año pasado, y tampoco el absurdo acuerdo de “abandono de cargo” del 9 de enero de este año? (sólo por mencionar dos de las varias intentonas golpistas de la oposición utilizando el parlamento).

Yendo más atrás: ¿cuál fue la posición de los dirigentes del FA con respecto al plan golpista insurreccional violento “La Salida”, que incluyó las llamadas “guarimbas” y acciones terroristas, que encabezaron Leopoldo López, María Corina Machado y el entonces alcalde de Caracas Antonio Ledezma durante el primer semestre del 2014, que dejó un saldo de 43 muertos y 800 heridos, la mayoría de ellos chavistas?  Y si extendemos a América Latina: ¿por qué Marco Arana no condenó el golpe de Estado contra el Presidente Manuel Zelaya de Honduras, ocurrido el 28 de junio del 2009, ni la destitución de Fernando Lugo en Paraguay, el 22 de junio del 2012, ni de Dilma Rousseff en Brasil, el 1 de setiembre del 2016?; ¿qué autoridad moral tienen los mandatarios usurpadores que salieron de estos golpes de Estado, ni el lobista Kuczynski y otros gobernantes neoliberales y corruptos de América Latina para intervenir o dictar desde la OEA “pautas democráticas” a Venezuela, en donde existe no sólo democracia representativa sino participativa y protagónica de los sectores populares?

¿Por qué la Cancillería peruana y el régimen de Kuczynski no retiraron al Embajador del Perú en Brasil cuando fue destituida injustamente la Presidenta Dilma Rousseff? ¿Por qué todos los que han denunciado autogolpe en Venezuela no se rasgaron las vestiduras saliendo a hablar de defensa del estado de derecho, ni pidieron la intervención de la OEA ante el golpe de Estado en Brasil, ni cada vez que la derecha ha intentado dar un golpe de Estado al Gobierno de Venezuela?  En el hipotético caso de que la mayoría fujimorista en el Congreso acordara la vacancia de PPK por incapacidad o por cualquier otro motivo, ¿acaso no dirían que es un golpe de Estado?

De todo lo expuesto más arriba no debe inferirse que el gobierno de Nicolás Maduro esté marchando muy bien, sin desaciertos.  Tanto al interior de Venezuela como en el exterior, varios analistas de las filas revolucionarias no lo cuestionan por supuesto dictador sino, por el contrario, por blandengue, por pseudosocialista (socialdemócrata), por no romper y acabar de una vez (expropiar) el poder económico de la burguesía y avanzar hacia el socialismo y el ecosocialismo, de acuerdo al Plan de la Patria legado por Hugo Chávez, así como también por no depurar de las filas gubernamentales a funcionarios corruptos.  Sin embargo, corresponde al propio pueblo venezolano, a las fuerzas integrantes del Gran Polo Patriótico y al propio Gobierno tomar las medidas correctivas.

11.4.2017