Guatemala es un país cuya estructura económica excluye y explota. Esto es visible al examinar la situación de la población de 14 años de edad y más respecto al mercado y los derechos laborales.

A partir de los datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de noviembre 2016 (III), se observa que poco más del 40% de la Población en Edad de Trabajar se reporta como Inactiva. No es casualidad que, en este grupo, 8 de cada 10 sean mujeres. Este es un primer nivel de exclusión porque, al no tener o estar buscando un empleo remunerado, se invisibilizan las actividades que estas realizan y que constituyen un aporte esencial para la continuidad de la vida en sus familias y comunidades. Además, se las margina del acceso a condiciones mínimas de vida –como la posibilidad de un ingreso propio–.

Luego está la Población Económicamente Activa conocida como PEA, representa casi el 60% de la Población en Edad de Trabajar. Este porcentaje se divide en dos grupos: El primero los desocupados que representan el 2.4% y el segundo los trabajadores activos que representan el 97.6% de la PEA. El grupo de los desocupados, es decir, aquellos que están buscando un empleo u ocupación, pero no la encuentran pues no hay puestos disponibles ni en el mercado formal o informal de trabajo, tienen dos rasgos destacables. Y es que 8 de cada 10 desocupados tienen niveles educativos superiores al promedio –mayores a educación primaria– y se encuentran entre los 18 y 35 años. Esto podría estar reflejando que el mercado laboral guatemalteco genera predominantemente empleos de baja calificación y excluye a los más jóvenes.

El segundo grupo que se refiere a los trabajadores activos, es decir quienes sí reportan estar insertos en algún tipo de ocupación. Son casi el 98% de la PEA, entre los que al menos 1 de cada 10 reporta realizar más de una actividad, lo cual es indicativo de explotación extrema. Entre las características de los ocupados destaca que un segmento muy reducido –el 3.3%– son patronos o empleadores –en su mayoría hombres, adultos y no indígenas–. Estas son personas que poseen propiedades y medios para producir. Otro segmento –el 25.4%– han sido catalogados como trabajadores por Cuenta Propia, es decir que realizan actividades autónomas para generar ingresos, pero sin contar con la garantía de un patrimonio o capital, tampoco emplean a nadie más. Un tercer segmento de este conjunto –el 10.2%– realiza algún tipo de actividad por la que no recibe remuneración –es población predominantemente rural, joven y con bajos niveles educativos–. Estos dos últimos segmentos, al no depender de un patrón o empleador, quedan por fuera de toda consideración y medición sobre el cumplimiento de garantías laborales. Esto patenta su situación de exclusión.

Finalmente están los asalariados, que representan el 61% de la Población Económicamente Activa y Ocupada. Por su relación de dependencia, es el único tipo de trabajadores que pueden exigir el cumplimiento de derechos laborales frente al Estado. Sin embargo, ni siquiera este segmento ve respetadas esas garantías.

Veamos, según esta misma fuente –la ENEI 2016 (III)–, casi el 66% de los asalariados carece de un contrato que garantice estabilidad en el empleo y respalde el reclamo de sus derechos. Solamente el 32% está afiliado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS–. El 64% no recibe ninguna prestación laboral –como el bono 14, aguinaldo o bono vacacional–. En el 93% de los casos no existe un sindicato en sus espacios laborales, y cuando lo hay solo 4 de cada 10 están afiliados. Adicionalmente, el 70% recibe un salario inferior al mínimo vigente y en suma el 97% reporta ingresos salariales que no cubren la Canasta Básica Vital –que incluye mínimo alimentario, servicios básicos (agua y luz), vestuario, vivienda, salud, transporte, recreación y educación–.

Ahora bien, es necesario tomar conciencia que este escenario de exclusión y explotación no se genera solo. Lo producen actores concretos –personas con nombres, familias con apellidos, empresas y organizaciones con nombres conocidos– que han concentrado poder político y económico. Estos han actuado con total impunidad para evadir el cumplimiento de la legislación laboral vigente –el Código de Trabajo–. Han hecho gala de prácticas de corrupción y clientelismo, con ello han maniatado al Ministerio de Trabajo y las inspectorías correspondientes, evitando que el Estado asuma su rol tutelar de los derechos de los trabajadores. Recurriendo a prácticas autoritarias del pasado han ejercido violencia en contra de iniciativas y organizaciones sindicales –llegando incluso al asesinato de miembros y dirigentes– (de esto hay casos documentados que se encuentran en tribunales internacionales y nacionales). Son los mismos que abogan por leyes de fomento al empleo que solo favorecen sus ganancias. Promueven salarios diferenciados disminuyendo los ingresos de la población.

Que “nos den trabajo” no es ningún favor. Cuando trabajamos, en condición de dependencia o no, alguien se beneficia de nuestra fuerza vital, tiempo y capacidades para obtener ganancias. El intercambio debería ser justo, nuestro trabajo debería ser bien remunerado y deberían ser respetadas las garantías laborales. Es tiempo que asumamos un papel activo en el conocimiento y defensa de nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras de este país.

Guatemala, 16 de mayo del 2017.

1. La edad mínima autorizada para trabajar, según el Código de Trabajo, es 14 años. La población menor de esa edad que realiza alguna actividad es considerada en situación de explotación infantil, por tanto, es una violación a los derechos de la niñez y adolescencia.

Leslie Lemus

Investigadora Asociada de AVANCSO

http://avancso.codigosur.net/article/entre-la-exclusion-y-la-explotacion-la-ausencia-de/