La sospechosa captura del director de Centros Penales, Rodil Hernández, realizada ayer por órdenes de la Fiscalía, debería alertar a los sectores progresistas y democráticos sobre el deterioro y manipulación institucional que favorece intereses electorales de la derecha oligárquica.

Varios analistas consideran que la sorpresiva detención de este funcionario del Ejecutivo podría esconder propósitos perversos: desviar la atención pública de las denuncias sobre el pago irregular de sobresueldos a ex funcionarios areneros, “manchar” la celebración del tercer aniversario del gobierno o desestabilizar al gabinete de seguridad pública que -a juzgar por sus resultados- ha logrado un alto grado de coordinación interinstitucional.

De ser así, el país estaría frente a un gravísimo manoseo e instrumentalización de la Fiscalía tendiente a afectar políticamente a la izquierda gobernante y favorecer al partido ARENA. El Fiscal General, Douglas Meléndez, tendría que ser removido del cargo, dado el sesgo y parcialidad de sus actuaciones.

Lo mismo estaría pasando con la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La Corte Plena se negó a investigar a los ex funcionarios areneros señalados de recibir sobresueldos de la partida secreta de Casa Presidencial, pero sí ordenó que la Sección de Probidad indague sobre los ex funcionarios del gobierno del ex presidente Mauricio Funes.

Esto evidencia el sesgo con que actúa la CSJ investigando a ex funcionarios del anterior gobierno del FMLN, contra quienes no existen señalamientos concretos; mientras protege a ex funcionarios de ARENA que sí aparecen señalados por recibos filtrados por el bloguero Alejandro Muyshondt.

Igualmente actúa la Fiscalía. Teniendo decenas de denuncias contra “los destinatarios” de los fondos donados por Taiwán, magistrados de la Sala Constitucional, ex funcionarios que recibieron sobresueldos y contra otros altos personeros de ARENA, el Fiscal Meléndez prefiere procesar a Rodil Hernández.

Semejantes arbitrariedades no deben permitirse. La semana pasada el jurista Félix Ulloa propuso crear una comisión para auditar las actuaciones de la Sala Constitucional, esta comisión -sin embargo- debería auditar también las actuaciones de la Corte Plena y la Fiscalía.

Frente a los abusos fiscales y judiciales, es patético el rol de la Asamblea Legislativa. Los diputados no tienen la responsabilidad y la valentía de destituir a los magistrados de la Sala y al Fiscal que abusan de su cargo, actúan sin imparcialidad y siguen el guion trazado por la oligarquía para recuperar el gobierno.

Por tanto, la ciudadanía democrática debe plantearse ya recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otras instancias de la justicia internacional a demandar a los magistrados de la Sala y al Fiscal.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)