Una vez más el Juzgado de Letras de Trujillo emite una resolución parcializada, a favor de los inversionistas canadienses, que se apropiaron en la última década de la bahía de Trujillo. El Juez de Letras de Trujillo, el Sr: Víctor Manuel Meléndez Castro, determinó un sobreseimiento provisional a los dirigentes Garífunas; César Geovanny Bernárdez Herrera, Celso Alberto Guillen Mejía, Cosme Enrique Ávila Bernárdez, acusados de usurpar su territorio ancestral.

A partir del golpe de Estado del 2009, la Bahía de Trujillo paulatinamente ha sido entregada a empresarios extranjeros, sin que se haya efectuado consulta previa, libre e informada sobre los proyectos de turismos de enclave que se ha establecido en las comunidades Garífunas y sus hábitats funcionales. 

En el caso específico de CARIVIDA, propiedad del canadiense Patrick Forseth, demuestra la inexistencia de un Estado de ley en Honduras, además del incumpliendo de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitidas a  favor de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

El empresario canadiense compró un terreno comunitario, el que fue utilizado por un proyecto de ecoturismo comunitario de mujeres, el cual se vieron obligadas a abandonar ante la violencia imperante en la zona.  Posteriormente la Municipalidad de Santa Fe impulsó la venta ilegal, con el apoyo del Instituto de la Propiedad.

Desde el 2008, Randy Jorgenson conocido en su país como el “Rey del Porno”¨, inició una compra masiva de terrenos ubicados en las comunidades Garífunas,  cometiendo un fraude en las compras de tierra en las montaña aledaña a Trujillo, el que fue denunciado en el 2011, tardando el canadiense cuatro años para presentarse en los juzgados.

En contraposición, en el caso de la dirigente comunitaria Medalime David, las autoridades tardaron 8 días un cumplir la orden de captura, la que fue ejecutada de forma violenta por los miembros de la Fuerza Naval.

Los conflictos territoriales que se está agudizando en la Bahía de Trujillo, demuestran la complicidad del Estado de Honduras en la expulsión premedita del pueblo Garífuna de Honduras. Bajo el marco de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) -conocidas también como ciudades modelo- se viene fraguando el desalojo de más de 20 comunidades Garífunas, que se encuentran ubicados dentro de cinco zonas consideradas factibles, Ciudades Modelos (ZEDE).

El racismo insertado dentro de la sociedad hondureña, especialmente entre los operadores de justicia, que ven al pueblo Garífuna como extranjeros, impide la aplicación de un estado de ley, dando lugar a una desprotección jurídica impidiendo el derecho al debido proceso.

La presencia del canadiense Patrick Forseth frente a los juzgados con un grupo de personas a favor de su empresa CARIVIDA, demuestra la capacidad de destrucción del tejido social comunitario. El canadiense pagó a sus acompañantes - el lumpen de la ciudad de Trujillo- para que lanzaran consignas a favor de su empresa y el “desarrollo” que asegura está beneficiando a Guadalupe.

En la sentencia emitida por la Corte IDH en el caso de Punta Piedras vs Estado de Honduras, indica claramente que “Los jueces y órganos vinculados a la administración  de justicia deben tomar en cuenta el tratado (Convenio 169) sino también la interpretación que del mimo ha hecho la Corte Interamericana, interprete ultima de la Convención Americana”.

La determinación asumida por el Juez en el caso de CARIVIDA no se apega a la jurisprudencia del sistema Interamericano de Justicia, de ahí asumimos la imposibilidad de agotar los recursos internos, ante la contravención con los principios de debida diligencia y plazo razonable.
 

Sambo Creek junio 16 de 2017

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH