En diciembre pasado se cumplieron diez años de que Felipe Calderón Hinojosa (FCH) iniciara la llamada “guerra contra el narcotráfico”, y pese a los miles de muertos, desaparecidos y desplazados, al día de hoy los mexicanos aún no entendemos en su totalidad el fenómeno desatado. Para explicar la situación que se presenta en el horizonte bien valdría la pena recurrir a la fábula la rana hervida de Olivier Clerc: si echamos a una rana en una olla con agua caliente escapará de un salto al sentir el brusco cambio en su ambiente; en cambio, si el agua está fría y su temperatura va aumentando lentamente, la rana podría morir hervida sin apenas darse cuenta de ello…

Tras la militarización, la apertura.

Para Carlos Fazio la guerra contra las drogas no se debió a una iniciativa de FCH sino a una serie de acuerdos realizados entre funcionarios del aparato de inteligencia de Estados Unidos (EU) y dos personajes clave del posterior gabinete de seguridad de FCH: Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna.^[1] Si bien no existen documentos oficiales públicos que puedan confirmar la versión, el cable 06MEXICO4937 fechado el 1 de septiembre de 2006 y filtrado por Wikileaks, afirma que el embajador Anthony Garza detalló a sus superiores que una vez confirmada la victoria de FCH por el Tribunal Electoral un equipo de la misión diplomática que él coordinaba se uniría al equipo de transición del panista para promover y hacer progresar las áreas que son prioritarias para los intereses de EU.^[2]

Pero ¿qué interés tendría EU en impulsar la guerra al narco en territorio mexicano? Expertos en materia de seguridad y geopolítica brindan algunas hipótesis interesantes;

1. Saxe asegura que el esquema de guerra no convencional del Pentágono adoptado por FCH con la guerra al narco avanzaba en sus objetivos reales: la entrega a EU del proceso de toma de decisiones en materia de seguridad, la fragilización de la jurisdicción territorial y la desactivación de la función de defensa nacional, asignando a las Fuerzas Armadas Mexicanas actividades de seguridad pública, con graves e imprescriptibles violaciones al derecho penal internacional, y con desgaste de la base logística ante cualquier hipótesis de agresión externa.[3] A una conclusión similar llegó Alfredo Jalife al preguntarse: México, ¿primer cobayo de la guerra irregular del Pentágono? [4]

2. Fazio afirma citando al ex secretario de Defensa de EU William Perry, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) había auspiciado el vínculo económico y político entre su país y México, y procedía extender el proceso de integración en el área militar, a lo que llamó “el tercer vínculo”, cuyo objetivo radicaría en convencer a los militares mexicanos que EU en la era post TLCAN no debe contemplarse como un adversario intervencionista, sino un aliado para conseguir los objetivos de seguridad compartidos. Con ese fin Perry delineó algunas áreas de cooperación entre los dos ejércitos que incluían la modernización de equipo militar y para la lucha antinarcóticos; dispositivos para vigilar los espacios aéreo y naval; además del intercambio en instrucción de cuadros y programas de auxilio a la población civil; que al final de cuentas permitirían a EU intervenir en las estructuras de decisión táctica-operativa y estratégica de las fuerzas armadas mexicanas, la única institución de América Latina (AL), junto con la de Cuba que no había sido penetrada directamente por el Pentágono.^[5] No obstante, también la apertura habría sido muy paulatina concretándose hasta el gobierno de FCH, cuando en el marco de la Iniciativa Mérida el Ejecutivo aceptó entre otras cosas dar a EU acceso libre a su información de inteligencia[6]; el sobrevuelo de drones del Pentágono en su espacio aéreo pese a las restricciones constitucionales[7]; y la instalación de los llamados Centros de Fusión Antinarcóticos desde los cuales operarían directamente en su territorio agentes de inteligencia estadounidenses y contratistas militares.[8]

Y a todo esto, ¿cuál es la relación de lo anterior con la pretendida Ley de Seguridad Interior (LSI) que se discutirá a la brevedad en el Congreso?

En opinión de Gian Carlo Delgado, la variable del “orden interno”, ante el despojo y saqueo, es permanentemente necesaria y así se puede identificar en el discurso-acción de EU. El Plan Colombia y la Iniciativa Mérida son casos paradigmáticos, pero no aislados, de la interferencia de EU en América Latina, que a los fines de garantizar su “seguridad nacional”, léase sus intereses socio-económicos y geopolíticos, promueve mecanismos ad hoc de “orden interno” en la región. Se trata de un escenario que coloca de modo creciente a las fuerzas armadas locales, en alianza con EU, como gestores del “orden interno”, facilitando o estimulando la militarización y paramilitarización.[9] Esto se complementa con lo expresado durante mi participación en el 2do. Congreso Internacional de ALICE en 2013, espacio en el que sostuve que si bien la guerra al narco representa un punto de inflexión en materia de seguridad, también podría considerarse una continuación de la política económica neoliberal pues algunas de sus consecuencias como el debilitamiento del Estado Mexicano y el aumento de la precarización y polarización social nutren el fenómeno violencia/delincuencia.[10]

Es decir, la LSI con la que se busca regularizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se hallará en un contexto de muy alta conflictividad social, situación agudizada con la puesta en marcha de los proyectos de explotación de hidrocarburos derivados la apertura energética al capital extranjero. Así, en caso de aprobarse en los términos planteados hasta el momento, la LSI brindaría facultades extraordinarias y altamente discrecionales al Ejecutivo federal en lo referente a la seguridad pública y el combate al crimen, incrementando la indefensión ciudadana contra los abusos del Estado y el riesgo de que se use legalmente a los efectivos castrenses contra movimientos sociales contestatarios, como lo advierten numerosas organizaciones sociales y académicas.[11]

En caso de seguir el actual camino las consecuencias pueden ser impensadas. El protagonismo político que han adquirido algunos mandos militares (al grado de pronunciarse sobre temas de orden legislativo) debe terminar pues podría llegar a alterar el sano equilibrio que al día de hoy mantienen los poderes civiles y militares. Por ello y pensando en la estabilidad y viabilidad a largo plazo del país, será necesario que los militares regresen a sus cuarteles, se reestructuren a fondo todos los cuerpos policiales y se limpie profundamente el sistema de impartición de justicia, además de atender las bases económicas, sociales y culturales del problema.

Debemos tener siempre presente que el Ejército y la Marina, pese a pasajes oscuros en su historia, fueron garantes de la integridad nacional durante momentos decisivos del siglo XX por lo que no merecen ser expuestas al descrédito actual.
A nadie conviene tal escenario.

Preguntas finales:

¿Qué hacer con la apertura ante EU? Sí a la cooperación pero reestructurada y controlada; no al sometimiento. Nuevamente una fábula, la del tiburón y las sardinas puede ejemplificar a la perfección la situación.

¿La LSI en conjunto con los “gobiernos de coalición” promovidos por impresentables actores siempre serviles al establishment pero disfrazados de izquierda, se estarán pensando para limitar al máximo la capacidad de maniobra de un posible mandato presidencial de AMLO?