La crisis del gobierno de Jimmy Morales era previsible, ya que es resultado de una elección amañada y una salida a la crisis de 2015 que no resolvió las causas fundamentales que la generaron. También era previsible por el círculo de poder del presidente, integrado por grupos vinculados con violaciones de derechos humanos y hechos ilícitos, así como por las incapacidades y ejecuciones erróneas de aquel.

No es extraño, pues, que el detonante de esta crisis sea el muy probable involucramiento delictivo del presidente en el financiamiento ilícito de su campaña cuando era secretario general del partido FCN-Nación. Este hecho tiene como antecedente las inconsistencias contables en 2014 y 2015, que provocaron la sanción del Tribunal Supremo Electoral a dicho partido en 2016. A esto se suman los intentos fallidos del Ejecutivo de lograr la sustitución del comisionado de la Cicig y su posterior expulsión del país luego de declararlo no grato. Esto hizo que el Gobierno quedara aún más en entredicho, principalmente porque el presidente es parte investigada en un contexto en el cual la Cicig y el MP cuentan con opinión pública favorable gracias a sus resultados.

Lo anterior constituyó un factor grave que ahondó el proceso de desgaste y de pérdida de legitimidad del gobierno de Morales, sobre el cual pesan ahora señalamientos por su acción oficiosa a favor de sectores oscuros que intentan mantenerse impunes. No obstante el revés al antejuicio vivido el 11 de septiembre, el riesgo de su relevo continúa. En este marco, es posible una sustitución presidencial al estilo de 2015, de la cual no está exento tampoco el vicepresidente Jafeth Cabrera, dados los indicios de que también él pudo haber aceptado financiamiento ilícito.

Quienes controlan los hilos de poder podrían proceder —ciertamente presionados— de la manera como lo hicieron con Pérez Molina y Baldetti, es decir, operando las instituciones para sacrificar figuras políticas prescindibles. De hecho, cuentan con los recursos y las capacidades de poder para decidirlo. Esto podría suceder, dado que las posibilidades de maniobra del gobernante pueden debilitarse fácilmente. Los apoyos públicos y tras bambalinas, incluso el de más de algún grupo corporativo empresarial, parecieran ser insuficientes para evitar un desenlace desfavorable para el gobierno. Además, crece la movilización ciudadana y la opinión de que el presidente sea investigado y procesado, posición que aparentemente es la misma de la Embajada de Estados Unidos. Por su parte, el Cacif, pese a que ha manifestado su acuerdo con la Cicig, presenta un ejercicio de poder dudoso y más pareciera apoyar a Morales por las implicaciones que el caso podría tener para varios empresarios grandes.

Ya que el Congreso improbó el antejuicio contra el presidente —a pesar de las evidencias irrefutables—, la crisis se amplía y profundiza. Con el desgaste que pesa sobre este organismo, es susceptible de convertirse en un objetivo de depuración por la ciudadanía y por poderes como la Embajada de Estados Unidos. Si la presión interna y externa se incrementa y se suman otros casos de relevancia investigados por la Cicig, como Odebrecht, la demanda de relevo presidencial y la depuración del Congreso podrían imponerse como una salida en un momento determinado.

Así las cosas, estamos ante un gobierno que presenta una fuerte ilegitimidad por desconfianza, descontento y desaprobación; que tiene dificultades para lograr resultados; que enfrenta renuncias en su equipo de gobierno que podrían ser iniciales; que experimenta el retiro del apoyo de actores de primer orden en los ámbitos nacional e internacional, y que motiva el surgimiento de nuevas voces pidiendo su renuncia, como Articulación por la Vida, contra la Corrupción y contra la Impunidad. Como resultado, estamos ante una crisis de gobierno. Pero no estamos ante una crisis de Estado, y menos ante una crisis del régimen. El modelo de acumulación dominante como razón de Estado tampoco está en riesgo.

En este contexto, una salida a la crisis podría resultar poco favorable a la articulación del Gobierno y al presidente Morales, pero manejable por quienes tienen el poder real en Guatemala y factible para estos. De hecho, la salida podría representar a) que se concrete un pacto entre élites de poder, se resuelva la crisis y todo siga igual, o b) que se profundice la depuración institucional, con las investigaciones de la Cicig en marcha y la presión ciudadana en aumento.

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