En medio del espectáculo circense de la celebración de la “independencia” de Honduras, el actual mandatario Juan Orlando Hernández (JOH) se dio una vez más a la tarea de efectuar un nuevo lanzamiento de las controvertidas “ciudades modelo” o Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), nombre con el cual se le conoce su última versión, después de haber sido declaradas como inconstitucionales en octubre del año 2012 y resucitadas tras el golpe al poder judicial acontecido en diciembre del mismo año.

Las ZEDES en comparación con las zonas especiales de desarrollo (ZED) ofrece la tercerización de la aplicación de justicia y seguridad. En el planeta existen actualmente más de 4500 ZED, las que en la mayoría de los casos no son más que campos de concentración laboral, donde no existe ningún respeto a los derechos básicos de los trabajadores. Las ZEDES a diferencia de las ZED otorga la oportunidad de la creación de constituciones propias y manejo de la seguridad.

El origen de las ZED se remonta a mediados de los años 50 con el aeropuerto Shanon en Irlanda. Para 1979 se creó la zona de Shenzhen en China promovida por Deng Xiaoping. A partir de ese experimento se replicaron en el resto de la China continental, India y África. En la actualidad existen en todos los confines del planeta.

La versión de las ciudades modelo que intenta de forma desesperada imponer JOH en Honduras, fue planteada por Paul Romer en el 2009 al presidente de Madagascar Marc Ravalomana, el que fue depuesto por el pueblo Malgash, cuando intento ceder 1,3 millones de hectáreas de forma gratuita a la empresa coreana Daewoo, filial de POSCO.

Para el año 2010 aprovechando la crisis surgida en Honduras como consecuencia del golpe de estado de 2009, Romer vendió su idea a Pepe Lobo y los libertarios de derecha incrustados en su gobierno. En el 2011, un siglo después de la invasión de Sam Zemurray a Honduras y la creación de los infames enclaves bananeros, Honduras reforma su constitución para permitir la creación de las “ciudades modelo” con la posibilidad a -diferencia de las ZED- de crear sus propias leyes.

Para el año 2012, Paul Romer aparentemente ‘descubrió” la capacidad de distorsión de la administración Lobo, la que ya para aquel entonces poseía una reputación internacional de convivir con el crimen organizado. Romer se retiró del experimento en gobernanza promovido por Lobo.

Posteriormente en una entrevista con iMoney señaló: “Por ejemplo, dejé de trabajar en un proyecto en Honduras porque un grupo de personas está tratando de crear un sistema que establezca un tipo de aristocracia que nunca estará sujeta al control electoral local. Ellos están haciendo esto mediante el establecimiento de un consejo de gobierno que volverá a nombrar a sus propios miembros. No estará sujeto al control político de la población de la zona, ni de los ciudadanos de Honduras, ni siquiera de los votantes de otros lugares, como sucedió en Hong Kong. Están tratando de crear una verdadera aristocracia en un pequeño grupo de una veintena de personas, que van a designar sus propios reemplazos, y que siempre estarán a cargo¨.

Con la sentencia dictada por la Corte Constitucional en contra de las “ciudades modelo” y el posterior golpe a la Corte promovido desde el poder legislativo, el cual era presidido en aquel entonces por JOH, se acabó de consolidar el golpe de estado del 2009, además de consolidar las condiciones para una dictadura permanente en Honduras de fachada civil.

El pasado 12 de agosto el icono del neoliberalismo “The Economist” publicó un artículo que podemos denominar como el ataúd de las “ciudades modelo’, en el cual  efectúan un análisis exhaustivo de las enormes falencias del proyecto económico que casi a los cinco de haber sido defenestrada la corte constitucional y a cuatro años de haber sido maquillada y aprobada de nuevo,  nunca alcanzó a tomar vuelo.

La violencia imperante en Honduras en la última década muestra cifras espeluznantes. Desde el 2008 a 2015 se dieron más de 40.000 asesinatos, siendo las masacres parte de los hechos cotidianos. El colapso de la policía y su contubernio con el crimen organizado han servido de caldo de cultivo de la implacable violencia, la que según versión oficial viene descendiendo de forma vertiginosa. No obstante la percepción del pueblo es que la violencia continúa siendo imparable.

Sin embargo la violencia y sus estragos no es precisamente el motivo por el cual la inversión directa se mantiene alejada. La delirante corrupción enraizada tanto en la burocracia estatal como entre la élite empresarial, que se ha prestado al saqueo y destrucción de las instituciones, como sucedió con el Seguro Social y otras instituciones estatales.

El Carniege Endowment for Peace presentó un informe intitulado “Cuando la Corrupción es el Sistema Imperativo: el caso de Honduras”. El análisis señala como la cleptocracia existente en el país ha carcomido la institucionalidad además de replicarse entre la población en general los hábitos de la elite de poder. Actualmente no existe mayor diferencia entre los grupos de poder y las maras (bandas juveniles) que controlan los barrios periféricos de las urbes.

Con el Honduras 2020 de la consultora Mckinsey, JOH pretende resucitar las difuntas Ciudades Modelo y para ello ha logrado el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual aparentemente invertirá en las ZEDE y en la cartera de proyectos del Honduras 2020. A pesar de la terrible reputación que padece el país, como resultado de los juicios entablados contra la élite política Hondureña por su participación en un apoyo irrestricto al crimen organizado. Falta ver quienes son los que vienen a supuestamente invertir en lo que algunos definen como un narco estado.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH