Día a día se conocen nuevas evidencias sobre el escándalo político-judicial que sacude a Colombia, bautizado como “El cártel de la toga”, donde se demuestra que una verdadera pacificación no es viable sin reestructurar las corruptas instituciones del Estado, incluyendo la policía, las fuerzas armadas, el Congreso y, sobre todo, el poder judicial.

Hace una década, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso dijo públicamente que su grupo criminal controló el 35 por ciento del Congreso. Este fue el preámbulo de lo que se conoció como “el escándalo de la parapolítica”, un eje temático que convirtió a la Corte Suprema de Justicia colombiana en una de las más prestigiosas del mundo, por llenar el pabellón Ere Sur de la cárcel de La Picota con por lo menos 60 congresistas sentenciados por sus nexos con las AUC y otros centros carcelarios con otro tanto de exgobernadores y altos funcionarios del Estado.

Pero, según la Fiscalía, para esa época comenzaba a conformarse la red de favores que hoy tiene a varios de sus magistrados –traficantes de impunidades- en la picota, ante la conmoción en las jerarquías del Estado colombiano. De acuerdo a las denuncias, algunos de los expresidentes de la Corte, como Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, integraban  de un grupo que cobraba alrededor de 2.000 millones de pesos (unos 700 mil dólares) por engavetar expedientes a favor de los investigados.

Gustavo Moreno, exfiscal Anticorrupción, era el abogado cuya función era atraer clientes, y a la espera de la definición de su extradición a Estados Unidos por delitos de lavado de activos, decidió comenzar a ‘cantar’ ante la Justicia , donde explicó que algunos de los parlamentarios implicados son políticos con casos rezagados dentro del escándalo de la parapolítica, entre ellos grandes caciques electorales cuya vinculación con las autodefensas (paramilitarismo) era menos evidente y difícil de probar.     

La lista de acusados por Moreno está encabezada por el senador Musa Besaile, quien logró mediante el pago de 2.000 millones de pesos que su caso fuera encajonado por el magistrado Gustavo Malo, en la Corte Suprema de Justicia. La última semana,  la Corte dictó orden de captura en su contra por los delitos de cohecho y prevaricato.      

Moreno señaló a la Fiscalía que algunos pagaron para que sus investigaciones fueran frenadas, archivadas o se cambiara su rumbo con el manejo de testigos y señaló como responsables a Gustavo Malo y a Leonidas Bustos, pero lo cierto es que no todos los casos estaban asignados a estos dos despachos.

Se refirió por segunda vez al caso de Luis Alfredo Ramos, mencionado en los audios de la DEA y dijo que el único dinero que recibió del exsenador fueron los 200 millones de pesos correspondientes a sus honorarios como abogado. Dijo que Bustos y Malo tenían en sus despachos magistrados auxiliares que ayudaron y apoyaron todo el actuar criminal, como Camilo Ruiz, Luz Mabel Parra (magistrada auxiliar de Bustos y hoy fiscal delegada ante la Corte) y a Raúl Acero, actual fiscal delegado ante la corte, que admitió en entrevista radial haber comprado en nombre de Bustos un automóvil BMW.        

El senador Musa Besaile, por su parte, asegura que Gustavo Moreno, en nombre de los exmagistrados Ricaurte y Bustos, le pidió dinero a cambio de favorecerlo en sus procesos. Las declaraciones de Besaile hacen parte del escándalo que comenzó con las grabaciones que entregó la DEA, en las que el abogado Leonardo Pinilla y el exgobernador Alejandro Lyons hablaron de cómo sobornaron a Ricaurte y a Bustos para frenar procesos en contra de tres congresistas: Hernán Andrade, Musa Besaile y Luis Alfredo Ramos. 

El hecho de que  Besaile se declarara víctima de extorsión ha suscitado polémica, pues quien paga por un soborno a la justicia para torcer un proceso comete el delito de concusión.

Audios socializados

La última semana, Caracol Radio publicó apartes de las grabaciones telefónicas tomadas por la DEA, en las cuales se revela cómo el abogado Leonardo Pinilla alardeaba frente al gobernador Alejandro Lyons de sus contactos en la Corte Suprema y del acceso que tenía para torcer procesos que se adelantaban hace unos años en el alto tribunal.

La revista Semana, por su parte, reveló las conversaciones Alejandro Lyons y Leonardo Pinilla tuvieron en Miami. Las grabaciones de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA –obviamente con desconocimiento de la Justicia colombiana- evidenciaron la telaraña de corrupción que había en la Corte Suprema de Justicia.

Los audios publicados pertenecen a Leonidas Bustos (expresidente de la Corte Suprema de Justicia), Luis A. Ramos (excongresista y ex gobernador de Antioquia), Rodrigo Noguera (rector de la Universidad Sergio Arboleda), Musa Besaile (senador de Córdoba, máximo elector del partido de la U), Álvaro Ashton (senador del partido Liberal), Bernardo Elías (senador de Córdoba, capturado por el escándalo Oderbrecht), Francisco Ricaurte (ex Presidente de la CSJ, capturado por el escándalo del cartel de la Toga).

También fueron dados a conocer audios de Luis Ignacio Lyons (abogado, defensor del senador Besaile en caso de la parapolítica, engavetado a cambio de 2.000 millones de pesos), Hernán Andrade (senador del partido Conservador, con varias investigaciones en la Corte), Luis G. Moreno (ex Fiscal Anticorrupción, abogado de una decena de congresista ante la Corte y delator del Cartel de la Toga), Jose E. Saavedra (exdifrector del CTI de Bogotá), Zulema Jattin (exsenadora del Partido de la U, investigada por parapolítica).

A la lista se suman Raúl Acero (fiscal delegado ante el Tribunal hombre de confianza de Leonidas Bustos), Germán Olano (excongresista del Partido Liberal, destituido por la Procuraduría dentro del escándalo del Cartel de la Contratación), José A. Génecco (senador del Partido de la U), Turco Hilsaca (rico empresario de la Costa, financista de campañas políticas, con fuertes nexos con los paramilitares).

También se presentan audios incriminatorios de varios magistrados de la Sala Penal de la CSJ -Patricia Salazar, Gustavo Malo (miembro del Cartel de la Toga), Eider Patiño , José Luis Barceló (actual presidente de la Sala), Luis G. Salazar, y Fernando Castro (abogado de confianza del zar de las esmeraldas Víctor Carranza), José Jaime Pareja (exsecretario de Salud de Córdoba), Edwin Besaile (actual gobernador de Córdoba, hermano del prófugo Musa), junto a María González (exmagistrada de la CSJ),

Cierran la nómina, Daniel Díaz (fiscal anticorrupción de Córdoba, capturado por desviar el proceso del cartel de la hemofilia para beneficiar a los implicados),  Roberto Tirado (exsecretario general de  la gobernación de Córdoba) y Yoicerver Marruco (fiscal en el caso del cartel de la hemofilia en Córdoba).

Los audios entregados por la DEA a la justicia colombiana motivaron una compulsa de copias en contra de los magistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. La investigación se encuentra ahora en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El programa radial Hora 20 reveló la transcripción de apartes de las conversaciones entre ambos hombres sobre cómo se podría llegar a influir en las decisiones de la justicia. En una de estas, por ejemplo, Pinilla le dice a Lyons que “Leonidas Bustos me decía que no se iba a arriesgar por poco dinero”. Semana amplía en su edición del domingo 8 de octubre la información y suministra los audios de xxx implicados en el escándalo.

En los apartes, se refieren a los procesos que el fiscal Néstor Humberto Martínez mencionó en la rueda de prensa en la que hizo públicas las investigaciones. Lyons relata el supuesto gusto de Gustavo Moreno por los automóviles. Pinilla le contesta que el exfiscal anticorrupción en un comienzo de su vida profesional no tenía auto, y que después de andar en taxi se compró una camioneta Journey.

Relata que después el vehículo “se lo regalaron a Cristina, la mujer (de Bustos). Usted coge ese carro, me pagan a mí… son carros nuevos, así que a los dos meses exactos compró una Prado y vino Leonidas (Bustos) y le regaló el apartamento. Gustavo venga acá, venga a buscarme, ese man llegó a buscarme allá, no joda, se le salían las lágrimas, ese día pagué su apartamento y así empezaron los dos, llegó lo de Andrade 2.300, lo de Musa fueron 3000 y lo de Luis Alfredo mil y pico". 

Difícil hablar de paz y justicia en Colombia, donde instituciones policiales y militares siguen reprimiendo y agrediendo a campesinos en defensa de terratenientes y narcotraficantes, mientras los supremos magistrados tejen redes de tráfico de impunidades e invisibilización de culpabilidad de políticos, parlamentarios  y jueces corruptos.

Camilo Rengifo Marín

Economista y docente universitario colombiano, investigador asociado al Centro latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)