La derecha oligárquica buscará conseguir mayoría legislativa en las elecciones del año 2018 para seguir boicoteando al actual gobierno y para tener correlación favorable si retorna al Ejecutivo en las presidenciales de 2019. Los próximos comicios legislativos son, por tanto, prioridad para el partido ARENA.

Sin embargo, hay otra elección que también es de vital importancia para la defensa de los intereses oligárquicos: la designación de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para la cual – desde luego – tiene una estrategia.

En un foro público, realizado recientemente en la UCA, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) expuso la hoja de ruta para lograr el nombramiento de nuevos magistrados garantes del modelo neoliberal, como han sido los tristemente célebres Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco.

El presidente de FUSADES, Miguel Ángel Simán (ex funcionario de gobiernos areneros y hermano de un pre – candidato presidencial del partido oligárquico) pidió que el gremio de abogados y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) propongan candidatos con un perfil similar al de los actuales magistrados.

Los participantes en el referido foro (incluido un representante de la UCA que se declaró fiel defensor de los actuales magistrados y hasta llamó “turbas” a los críticos de las sentencias arbitrarias de la Sala) también plantearon que – en caso de un retraso de la elección en la Asamblea – Jaime, González, Meléndez y Blanco podrían continuar en sus puestos.

La desvergonzada revelación de la perversa estrategia de FUSADES debería alertar a las organizaciones progresistas, sectores democráticos y a toda la población decente que aspira a un país democrático, justo y equitativo.

El nombramiento de magistrados en el 2018 es oportuno para elegir una Sala que aplique correctamente los principios constitucionales y haga prevalecer la institucionalidad, el estado de derecho y la democracia.

Los nuevos magistrados también tendrán la tarea de revertir las resoluciones ilegales, arbitrarias y abusivas emitidas por Jaime, González, Meléndez y Blanco. Sentencias que irrespetaron la independencia de poderes, reformaron la Constitución y violentaron derechos humanos, deberán ser anuladas.

El país tiene, pues, el desafío de elegir a magistrados o magistradas independientes de las élites oligárquicas, de poderes foráneos y – desde luego – de los partidos políticos. La población, además, deberá presionar para que los actuales magistrados sean enjuiciados por actos arbitrarios, prevaricato y demás posibles delitos cometidos, tal como ha sucedido con el ex fiscal general Luis Martínez.

24 octubre de 2017

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

https://www.arpas.org.sv/article/la-otra-eleccion-del-2018/