Existe un acuerdo generalizado en que la tecnología ha cambiado nuestras vidas.  Lamentablemente, esta afirmación tan común, es parcial y hasta errada, porque no refleja el trasfondo del impacto nocivo que el consumo digital –hoy global– produce en la vida cotidiana de la población.  En resumen postulamos que: “la información digital –basada en la economía global– está cambiando la mente de las personas, y consecuentemente las normas de vida en sociedad”.

Precisemos: la tecnología ha cambiado dos grandes escenarios de la vida en sociedad:

1. Las estructuras de poder (o toma de decisiones), orientadas a la toma de decisiones relativa a inversiones estructurales tradicionalmente delegadas a políticos y empresarios, y en las que la mayoría de la ciudadanía no tiene participación más allá del voto (como se aprecia en los cambios en el mercado global digital hoy dominado por la electrónica y la energía; el rol de la ciencia y tecnología al servicio de la economía y la política, que hoy generan grandes flujos de capital/dinero entre países productores y consumidores de Hardware –es decir, las máquinas– y Software –programas o aplicaciones digitales que se utilizan en estas máquinas–).

2. Entonces, si la tecnología ha cambiado las estructuras de poder de la sociedad, ¿qué ha cambiado en la vida cotidiana de las personas?

2.1 El consumo diario de utensilios electrónicos: La adquisición familiar y masiva de utensilios electrónicos (producidos e importados desde Asia y Occidente, como por ejemplo: todo tipo de “máquinas inteligentes” –refrigeradores, microondas, televisores, instrumentos deportivos inteligentes, automóviles, laptops, celulares, tablets, videojuegos, y un largo e interminable etcétera–) generan grandes movimientos de capital financiero transnacional (que, paradójicamente, crean egresos financieros que ¡lucra con los ingresos familiares!), y por otro;

2.2 El consumo diario de información digital.El consumo de información digital a través de utensilios electrónicos importados, configura un tipo de ser humano, denominado hoy –ampliando la concepción marxista del “objeto-mercancía” – como “Sujeto Mercancía”.  Literalmente, ¡se lucra con la información personal de usuarios de servicios de información digital! (al presentar supuestos “servicios gratuitos”: correo electrónico, redes sociales, mensajería instantánea, servicios de chat, plataformas de visualización de fotografías y videos, etc.), deshumanizando al ser humano, considerando a las personas o a la ciudadanía como simples “bases de datos móviles” que alimentan la mercadotecnia digital.

De acuerdo a reflexiones de la Fundación REDES (2010), ambos escenarios (las estructuras de poder y el consumo digital cotidiano) hoy, revelan los síntomas tangibles de instauración de la Violencia Digital Estructural, porque tienen relación directa con la toma de decisiones económicas y políticas que afectan –negativamente– el comportamiento de grandes grupos de población (países).  Pero, con el exacerbado consumo digital hoy atendemos un fenómeno masivo: la emergencia e instauración de la Violencia Digital Cotidiana.

La Violencia Digital Cotidiana, es un concepto emergente ampliamente desarrollado en/desde Bolivia, por Rojas&Rojas de la Fundación REDES, desde el año 2010 (hoy con reconocimiento de la ONU, Unión Europea y la Organización de Estados Americanos). Hace referencia a “Relaciones de poder que ejerce una persona –o conjunto de personas– mediadas por nuevas tecnologías, que a través del uso de información digital (texto, audio e imagen) limitan las libertades de una persona o conjunto de personas, con impactos nocivos en los derechos personalísimos o patrimoniales, a nivel real (local-global) y virtual”.

Analicemos: Para que exista violencia digital, debe existir –¡y lamentablemente existen!– al menos tres condiciones estructurales:

• Debe existir un consumo masivo (estructural) de nuevas tecnologías con acceso a Internet (en este caso la mayor parte de las líneas telefónicas cuentan con acceso a Internet).  De acuerdo a la ATT “existe 6.880.719 conexiones de Internet a Diciembre de 2016 en Bolivia.  La cantidad de líneas activas que utilizan la tecnología LTE totalizan 1.793.517, y tomando en cuenta que al mes de diciembre de 2016 el total de líneas móviles activas suman 10.181.941, con ello la penetración de esta tecnología alcanzaría a 17,6% del total.  El 29,7% de los smartphones en Bolivia usan la tecnología LTE para su acceso a Internet” (Fuente: https://att.gob.bo/content/situaci%C3%B3n-del-internet-en-bolivia).
• Deben existir actores políticos dedicados a la promoción de las nuevas tecnologías. En el caso del país, además del (1) Viceministerio de Telecomunicaciones (VITEL) encargado de la inversión en infraestructura; contamos con el ente regulador la (2) Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT). Además, dependiente de la Vicepresidencia, existe (3) la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (ADSIB), y (4) la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información (AGETIC).  Por su parte, la Ley 164, de Telecomunicaciones y TIC, crea (5) el Consejo Sectorial de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación (COSTETIC), y (6) el Comité Plurinacional de Tecnologías de Información y Comunicación (COPLUTIC), integrado por el Ministerio de de obras Públicas, Servicios y Vivienda, el Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Educación, Ministerio de Planeación del Desarrollo y la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (ADSIB).  Nótese la inexistencia de participación de mecanismos de control social y de sociedad civil.  La lista puede ampliarse, a actores económicos estatales como (7) ENTEL, (8) ABE; (9) Televisión Boliviana (con avances significativos en televisión digital terrestre) o en otras tareas el (10) Viceministerio de Transparencia (por el acceso a información pública digital), o en su defecto el (11) Viceministerio de Defensa del Consumidor (por la defensa de usuarios digitales).  Cabe señalar, que los mecanismos de toma de decisiones no se realizan necesariamente de manera coordinada y se mantiene la vieja ideología de la “cabeza de sector” lo que dificulta más aún el diseño de políticas públicas “transdisciplinarias y convergentes” de construcción de la Sociedad de la Información boliviana.  Aún así, se cumple con ese requisito.
• Debe existir un mercado (relativamente) abierto proveedores de servicios de telecomunicaciones.  El modelo de economía plurinacional permite la operación de tres operadores de telefonía móvil en Bolivia (VIVA, TIGO, ENTEL), y cada vez se promueve la inserción de nuevas actores como el caso de las tradicionales Cooperativas Locales de Telefonía Fija, que diversifican sus servicios hacia la telefonía móvil, la televisión por cable e Internet.  Adicionalmente, existen varias empresas proveedoras de servicios de Internet (servicios de valor agregado) que operan a nivel nacional, regional y local.  Cabe destacar que el ente regulador de estas empresas es la ATT, y la ciudadanía conoce en la experiencia propia la efectividad de las denuncias de la ciudadanía por defectos en los servicios de telefonía móvil, Internet y televisión por cable, por mencionar algunas desagradables experiencias en que literalmente, las Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO), al depender de las mismas empresas, dejan a los usuarios digitales en indefensión nacional.

Así, la existencia de a) un ejército de consumidores digitales (no necesariamente educados en lo que denomino Cultura Digital); b) un conjunto de actores públicos (con diversas cabezas de sector); y c) un ecosistema de empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones; crean las condiciones estructurales para la instauración del consumo masivo digital, es decir, la transformación de la ciudadanía en “consumidores digitales”, por lo que atendemos la instauración de la población boliviana –al menos quienes están conectados– al ejército global de “Sujetos Mercancía”.

Ahora bien, ¿qué hacen las personas (usuarios digitales) con estos servicios de comunicación digital, específicamente “Internet móvil”?  ¿Acaso, existe el desarrollo de una cultura digital boliviana?  ¿Avanza Bolivia en la construcción de una ciudadanía digital responsable e informada?  Tan sólo, basta con analizar los comentarios del problemático acontecimiento digital denominado 21F (los resultados negativos del referéndum para la re-postulación del presidente en 2019, cuyo resultado negativo fue achacado a la influencia nefasta de las redes sociales, específicamente, de Facebook).

Avancemos con el análisis de la Violencia Digital Cotidiana en Bolivia.  Las investigaciones desarrolladas por J. Eduardo Rojas de la Fundación REDES, señalan que la Violencia Digital, se produce entre los siguientes actores concretos; y, además, afecta dos tipos de bienes jurídicos a) personalísimos, y b) patrimoniales:

Fuente: IGF 2016, Guadalajara, México. www.fundacionredes.org

En el primer caso, donde la Violencia Digital es protagonizada por Estados, la Violencia Digital de Estado a Estado, se ejemplifica con los casos de espionaje de la NSA de Estados Unidos al gobierno de Brasil durante la presidencia de Dilma Rousseff. En el caso de la Violencia Digital de Estado a Empresa, se ejemplifica con casos en que los Estados obligan a empresas de telecomunicaciones a brindar información privada de sus usuarios, posibles cargas impositivas o restricción de licencias de operación.  En el caso de Violencia Digital de Estado a Persona, basta con señalar a un ciudadano como terrorista o pedófilo para vulnerar sus derechos a la privacidad en el entorno digital.

En el segundo caso, la Violencia Digital de Empresa a Estado, basta con imaginar la enorme cantidad de información que tienen las empresas de redes sociales, plataformas de chat o servicios de correo electrónico gratuito de autoridades políticas y de sus funcionarios, y las diversas maneras en que esta información puede ser utilizada en contra de los mismos gobiernos.  En el caso de la Violencia Digital de Empresa a Empresa, son cada vez más conocidos los casos de hackeo de bases de datos, carteras de clientes, patentes o modelos de negocios entre las más diversas empresas del sector digital.  Finalmente, en el caso de la Violencia Digital de Empresa a Personas, basta con analizar los términos y condiciones de uso de todas las plataformas digitales aparentemente gratuitas de correo electrónico, mensajería instantánea, carga de fotos y videos y redes sociales, que literalmente lucran con la información personal de sus usuarios, e incurren en modelos de negocios que vulneran abiertamente la privacidad de las personas en todo el mundo.

En el tercer caso, la Violencia Digital de Personas a Estados, se visualiza en casos de hackeos de cuentas personales de autoridades públicas hasta casos de extorsión que personas comunes realizan contra actores públicos.  En el caso de Violencia Digital de Personas contra Empresas, se conocen de casos similares de hackeo de cuentas de empresas e incluso robo de bases de datos, a cambio de dinero. Finalmente, en el caso de Violencia Digital de Persona contra Personas, atendemos el incremento exponencial de casos de: suplantación de identidad, robo de identidad, hackeo, ciberespionaje, extorsion on-line, pornografía infantil, trata de datos personales, engatusamiento online, fraude digital, contacto para fines de trata y tráfico, venta de drogas y sustancia ilícitas on-line, sexting (envío y reenvío de material pornográfico infantil), hasta casos de contacto en redes sociales para fines de explotación sexual o abuso deshonesto, por citar algunos de cientos de casos que diariamente se producen en Bolivia.

No cabe duda, que estamos ante un fenómeno emergente, y que el derecho, las normas y la sociedad misma se enfrentan a cambios trascendentales, producidos por el uso y abuso de la información digital, sin una orientación política y económica hacia la construcción de una Cultura Digital Responsable.  La falta de cultura digital, y el consumo de información digital sin educación, generan, sin duda la Violencia Digital.

Hoy, el término de Violencia Digital es ampliamente utilizado por actores nacionales e internacionales.  Sospecho, que las instituciones y profesionales interesados en este campo “aún no comprenden la dimensión epistemológica y estructural de este fenómeno”.  En este debate, estoy seguro, que no faltarán los ciberactivistas prestidigitadores de los beneficios de la tecnología en busca de consultorías para mostrar los beneficios de su trabajo.  Por otro lado, ya vemos ONGs que lucran con la defensa de la infancia hablando alegremente de ciberbullying (tratando, ilusamente, de relacionarla con el concepto de Violencia Digital para justificar financiación externa a nombre de los nativos digitales), e instaurando este término con estrategias de comunicación y prebendas, que solo generan apología del delito (como podrá el lector, analizar al oír hablar burlonamente a adolescentes y jóvenes del ciberbullying).  Tampoco faltarán académicos haciendo alusión a la Violencia Digital utilizando nombres tan absurdos como “Una Selfie a la Violencia Digital”; o funcionarios municipales de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, que, al enfrentarse diariamente a casos relacionados al mal uso del teléfono móvil e internet por parte de nuevas generaciones, alarmarán a la población sobre el uso irresponsable de la tecnología.  Todos estos actores, descalificados –desde mi particular punto de vista– ¡solamente contribuyen con su ignorancia a la instauración estructural de la Violencia Digital en Bolivia!

J. Eduardo Rojas, consultor independiente.  Presidente de la Fundación REDES.  Autor Global del concepto de Violencia Digital.  (eduardo@fundacionredes.org)