La denuncia que aquí se hace es clarísima: la injerencia en el poder judicial de Bolivia, de parte de una ONG norteamericana a través de la cooperación internacional, iglesias presbiterianas y políticos, todos ellos asesorados y dirigidos por agentes encubiertos de la misma ONG, con un modus operandi muy parecido al que tiene la CIA.

Esta injerencia requiere de un entretejido muy complejo con agentes infiltrados en casi todos los niveles institucionales, políticos y sociales. Y es precisamente lo que estas ONG han logrado articular: una gigantesca red de lazos irregulares que no solo incluye a jueces y fiscales, sino también a otras instancias del aparato estatal y municipal, entre ellos la Policía, las Defensorías de la Niñez y del Pueblo, las iglesias presbiterianas y varios políticos.

Como toda estrategia injerencista, ésta tiene al menos dos décadas de estar incubándose y poniendo en práctica. Por ello, en la primera parte se hace un relato de un caso emblemático de injusticia judicial: el de Odón Mendoza y la niña Patricia Flores. La segunda parte está dedicada a la ONG IJM. Y para cerrar, un epílogo que resume toda la evidencia recolectada.

Esperamos que las investigaciones de esta extensa red de lazos irregulares e injerencia permitan visibilizar más claramente los verdaderos intereses que encubren las acciones de estos agentes encubiertos y de sus cómplices.