Cuando una estructura criminal logra controlar un organismo o institución del Estado, la entidad se orienta a facilitar las fechorías y el encubrimiento de los actos anómalos y criminales.

Esto fue lo que sucedió en el período 2012-2015, cuando la estructura criminal —conocida como La Línea— logró organizarse como Partido Patriota, ganó la elección a la presidencia y orientó el Organismo Ejecutivo al logro de sus fines. También ocurrió en el Legislativo y en algunos ámbitos del Organismo Judicial durante los gobiernos del Frente Republicano Guatemalteco (FRG, 2000-2004) y de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE, 2008-2012), lo cual se evidencia con el caso Transurbano, en el cual resultan comprometidos un expresidente y exministros.

En la actualidad, estamos frente a una articulación política que sigue actuando en el Estado para hacer uso de la política y de los recursos públicos en beneficio de unos pocos, tal como ha sido denunciado y sobre lo cual existen evidencias. Esta articulación política ha sido denominada pacto de corrupción e impunidad.

Los hechos que evidencian la existencia de dicho pacto informan que este está integrado por empresarios y empresas, políticos y partidos políticos, militares (activos o en retiro), funcionarios, medios de comunicación masiva, fundaciones y organizaciones propiamente mafiosas y criminales, entre otros actores que han hecho uso ilícito de las instituciones, las políticas y los recursos públicos para enriquecerse, lograr ventajas competitivas en el mercado, aumentar las ganancias de sus empresas y perpetrar violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.

A pesar de que no todos los que integran este pacto —algunos convictos o prófugos en proceso de enjuiciamiento o de investigación criminal— están relacionados directamente, comparten el haberse involucrado en hechos ilícitos, anómalos e inconstitucionales al tiempo que integraban un bloque político cada vez más nutrido y fuerte, con presencia y control principalmente en los organismos Ejecutivo y Legislativo y en los más importantes Gobiernos municipales.

El objetivo de este pacto es enriquecerse a través de prácticas corruptas y garantizarse impunidad. Su estrategia es compleja e incluye varias acciones: a) entorpecimiento y reversión de los procesos judiciales en su contra; b) detención de los procesos de investigación criminal, lo cual pasa por lograr la salida del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pero también por poner fin a esta comisión y controlar finalmente la fiscalía general del Ministerio Público (MP); c) captura y control de instituciones públicas estratégicas como el Legislativo, dependencias como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Gobernación, donde han avanzado en su propósito, y d) aprobación de leyes que les beneficien y garanticen impunidad, como la modificación al Código Civil pretendida en septiembre de 2017 y la aprobación de leyes que criminalicen acciones de protesta social y limiten la libertad de emisión del pensamiento.

En este marco, es posible sospechar que el atentado contra la fiscal de Derechos Humanos ocurrido el 15 de febrero se trate de una acción para detener juicios e investigaciones en materia de violación de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. Puede ser, asimismo, una amenaza velada a los funcionarios del MP y de la Cicig con el propósito de detener su labor, en especial en casos de alto impacto que han sido presentados ante tribunales o que podrían estar en proceso de indagación.

Así las cosas, el pacto de corrupción e impunidad tiene orígenes de larga data, pero emergió como tal en el 2015 y continúa avanzando en la actualidad. Su impacto se observa en materia de legislación y de políticas regresivas para facilitar el saqueo de los bienes comunes y la aplicación de medidas represivas. También se evidencia en avances en su propósito de entorpecer la labor de organismos a cargo de la investigación y el enjuiciamiento criminales.

Enfrentar dicho pacto requiere una acción decidida, organizada y articulada. Solo así se logrará detener su avance. En ese sentido, en este momento es esencial que dicha acción se oriente al sostenimiento y el desarrollo de los procesos de investigación y enjuiciamiento en marcha, así como a lograr una selección de un nuevo fiscal general del MP que no esté comprometido con ese pacto y cuente con la capacidad y la calidad ética indispensables para cumplir su mandato.

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