Sucedió en 1936. Cuando la crisis estaba en su auge, los denominados funcionarios “rojos” de la cartera de Trabajo aprobaron medidas progresistas a favor de los obreros. Eso fue respondido por el sector liberal con la dictación de un decreto anticomunista. En medio de esa pugna, salieron exilados a Chile José Antonio Arze, Ricardo Anaya, José Aguirre Gainsborg y otros cien fueron confinados.

En su etapa fundacional, en 1936, el Ministerio de Trabajo fue moldeado por ideas socialistas. Eso generó tirria en el ala liberal del gobierno, la rosca minera y su prensa, que fraguaron un complot que consiguió la dictación de un decreto supremo anticomunista. La norma permitió el exilio de al menos tres autoridades de esa Cartera de Estado. Luego cayó el primer ministro obrero.

En la nueva institución, el “fantasma del comunismo” –expresión usada por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista– recorrió sus oficinas y se materializó en el reajuste de sueldos y salarios, la sindicalización obligatoria y la creación de la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB) y la Asamblea Nacional Permanente de Organizaciones Sindicales (ANPOS).

Quienes timonearon esas políticas a favor de los trabajadores no eran personas inexpertas. El ministro obrero Waldo Álvarez se había rodeado de lo más destacado de la izquierda de entonces. Nombró a Ricardo Anaya como asesor técnico; a José Aguirre Gainsborg, subsecretario, y a José Antonio Arze, asesor jurídico.

Frente a ese plantel, los liberales desplegaron una campaña hostil que concluyó con la persecución, el arresto y el exilio de quienes encarnaban el espíritu socialista.

Acciones

El Ministerio de Trabajo fue creado mediante el decreto supremo de 17 de mayo de 1936. Su primera autoridad fue Pedro Zilveti, que ejerció el cargo cinco días. Luego, el 22 de mayo, se posesionó como segundo ministro al gráfico Waldo Álvarez.

La entidad nació en la posguerra del Chaco, cuando se desató una crisis con el alza de precios, el encarecimiento del costo de vida, el desempleo y una galopante inflación.

Ante eso, el Ministerio de Trabajo impulsó el reajuste de salarios; la sindicalización obligatoria; la creación de la CSTB, que radicalizó a los obreros, y la fundación de la ANPOS. Guillermo Lora, en su obra Historia del movimiento obrero boliviano, puntualizó que esa Asamblea fue el “comando supremo de sindicatos y fuerzas de izquierda”.

Campaña

Esas acciones fueron cuestionadas por el bloque liberal. El periódico La República, el 14 de junio de 1936, denunció que “las medidas relativas a fijación de salario mínimo y bonificaciones de sueldos y jornales (…) son manidas disposiciones que no alcanzan a constituirse en sólidos guiones del esquema revolucionario”.

Ese medio impreso, el 20 de junio de 1936, denunció que el titular del Trabajo perteneció a las corrientes radicales de izquierda: “Libres son los ciudadanos de profesar cualquier doctrina, más resulta infantil la afirmación del ministro de Trabajo el cual no solamente fue considerado como comunista por los anteriores regímenes, sino que el mismo se consideraba un prosélito de la ideología extremista, que con Lenin, ha tenido su fiel realización en Rusia (…) El señor Álvarez en su vida cotidiana, ha demostrado poseer algunos conocimientos de las doctrinas de izquierda y así lo ha comprobado en sus discursos. Más ahora se halla frente de una repartición que exige de su parte, la efectividad de sus ideas y la realización de los grandes ideales socialistas”.

“Bolchevique”

A su turno, Última Hora, el 22 de julio de 1936, afirmó que “el sindicalismo obligatorio, que está encarando la Junta Militar, es –lisa y llanamente– el primer paso hacia el comunismo”.

En esa línea, La Razón, el 2 de septiembre de 1936, reveló que los “decretos y hechos que consagran las reivindicaciones obreras han contribuido a empeorar la moneda, depreciándola, y al aumento excesivo del costo de vida”.

El periodista Cornelio Tejada, en La Razón, el 3 de septiembre de 1936, condensó esas demandas en una consigna: “Impidamos la tendencia y propaganda bolchevique, e invoquemos como doctrina de progreso evolutivo: el Socialista Nacional Boliviano”.

El matutino La Calle, el 10 de enero de 1937, en contraposición a todo lo mencionado, informó que “la labor del Ministerio de Trabajo en el curso del segundo semestre de 1936 (…) ha sido prolija y de vastos alcances. Desde sus labores iniciales, su organización sigue el rumbo señalado por las inaplazables necesidades que atender (…) Antes que político, juega su rol de organismo administrativo orientando sus normas a un común denominador de intereses obreros y patronales.”

Zarpaso

Así, a cuatro meses de la creación del Ministerio de Trabajo, la cruzada contra los denominados funcionarios “rojos” llegó a su cenit. Esa tarea se concretó el 16 de septiembre de 1936. Mediante decreto supremo, firmado por el presidente David Toro, se resolvió que “los nacionales que traten de poner en práctica procedimientos comunistas quedan sometidos a la vigilancia policial y a las sanciones legales, como perturbadores del orden público; a los extranjeros se les aplicará la ley de residencia”.

Al respecto, Álvarez, en su libro Memorias del primer ministro obrero, explicó que ese decreto impulsó “la represión del comunismo desquiciador, extirpando de raíz el mal, evitando que los propagandistas del extremismo rojo vayan minado el orden social y la paz de la nación”.

“Como inmediata consecuencia de las medidas recientemente adoptadas por la policía –la detención de dirigentes del núcleo comunista– el Ministerio de Gobierno ha dictado un decreto”, puntualizó La Razón, el 22 de septiembre de 1936.

De ese modo, el 24 de septiembre de 1936, “salieron deportados a Chile José Antonio Arze, Ricardo Anaya, José Aguirre Gainsborg y otros, y el resto fue confinado a Todos Santos, entre los que se contaban Walter Alvarado, Carlos Mendoza, Durán Boger, Mario Illanes, L. Vilela, Orías” y una lista de cerca de cien personas.

Desenlace

Empero, los liberales buscaron mostrar el exilio como un consenso entre partes. En La Razón, el 24 de septiembre de 1936, se aseguró que Álvarez “se entrevistó con Toro (...) y por acuerdo de ambos, los asesores del Ministerio serían invitados a presentar su renuncia, si es que voluntariamente no la formalizan”.

La noticia fue cuestionada por Álvarez, quien afirmó que Ricardo Anaya no fue invitado a que renunciara. La Razón, el 29 de septiembre de 1936, insistió en lo publicado, respaldado en un telegrama, donde se habría escrito lo siguiente: “Al presente, elevo renuncia de mi cargo en virtud de reasumir la jefatura de la Izquierda de Cochabamba”.

Luego del exilio, el ministro Álvarez puso a disposición de un congreso obrero su cargo. El 29 de noviembre de 1936 presentó su renuncia y con eso el fantasma del comunismo se alejó del Ministerio de Trabajo.

Grecia Gonzales Oruño es periodista