La trama alrededor de los sobornos y demás actos de corrupción de la firma brasilera Odebrecht sigue su curso en Colombia. Como en el resto de países de América Latina ha quedado en evidencia el modus operandi de dicha firma. Para ganar las licitaciones públicas para la construcción de grandes obras públicas la firma recurría a los sobornos de quienes decidían sobre las licitaciones, también acudía a sobornar mediante el financiamiento ilegal a las campañas políticas de candidatos tanto de las campañas presidenciales como de las campañas regionales y locales sin importar la filiación política de sus beneficiarios. Se trataba de asegurar que cualquiera fuera el resultado la firma quedara posicionada con los nuevos funcionarios públicos electos. Una parte de los recursos de los sobornos provenían directamente de sus arcas centrales manejadas desde Brasil, pero, otra parte y en el caso de Colombia mayoritariamente provenían de las finanzas de las propias obras que ganaba y construía.

El departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló desde el mes de diciembre de 2016 que Odebrecht había revelado información según la cual habría destinado 11.6 millones de dólares para promover actos de corrupción en Colombia. Unos 6.5 millones de dólares se habrían destinado a pagar sobornos para ganar la licitación para la construcción de la llamada Ruta del Sol II, una vía que pretende unir a Bogotá con la región Caribe del país. El destinatario de este primer soborno sería el viceministro de Transporte Gabriel García Morales puesto preso y condenado a cinco años y dos meses por este hecho. Lo que se debate es que quienes han sido investigados y puestos bajo las rejas son quienes ayudaron a legalizar esta suma de dinero, pero, no se ha investigado quienes más dentro del Estado estarían comprometidos con la aprobación fraudulenta de esta licitación. También está claro que los otros 5 millones de dólares se destinaron a pagar sobornos para que se aprobara sin licitación pública un nuevo tramo de la Vía la que conectaría a Ocaña con Gamarra que terminó siendo adicionada al contrato principal mediante un otro sí. Por esta nueva trama de corrupción están detenidos de nuevo funcionarios medios y algunos parlamentarios que están a la espera de juicio. Dos destacados funcionarios públicos aparecen ligados a esta investigación Luis Alberto Andrade quien era el Directos de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y el senador Bernardo Miguel Elías, conocido popularmente como el ñoño Elías uno de los senadores más cercanos del ex presidente Juan Manuel Santos.

Pero ahora también se sabe que para obtener un contrato de rebaja de impuestos que en Colombia se conoce como contrato de estabilidad jurídica que el proyecto obtuvo en el año 2012, también se pagaron sobornos que según el senador Gustavo Petro habrían ascendido a más de 8 millones de dólares. Quien fungió como abogado del consorcio para lograr este contrato de estabilidad jurídica desde el año 2010 en que se presentó la propuesta por primera vez y hasta el año 2012 en que fue aprobado, fue el actual Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien en el debate dijo no saber nada de dicho soborno en el momento en que se tramito el contrato de estabilidad jurídica. Como es usual allí también se ha implicado a funcionarios medios.

Por todos estos hechos los senadores de la llamada bancada alternativa convocaron este martes 27 de noviembre a un debate de control político al cual concurrió Néstor Humberto Martínez, como Fiscal General de la Nación y Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior del Gobierno de Iván Duque Márquez. Los senadores citantes, Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, Gustavo Petro de Colombia Humana y Angélica Lozano de la Alianza Verde, presentaron abundante información sobre las denuncias de la trama de corrupción de la firma brasilera en esta obra, la de la Ruta del Sol II y reiteraron que el Fiscal General de acuerdo con la información suministrada por el Auditor de la obra, Jorge Enrique Pizano, sabía de los delitos y las irregularidades cometidas por la firma brasilera por lo menos desde agosto del año 2015 y no solo no informó a las autoridades sino que prestó sus oficios como abogado para que se firmara un convenio entre los socios de la obra, Odebrecht y Corficolombiana firma del Grupo Aval de Luís Carlos Sarmiento Angulo el primer banquero del país, para que Odebrecht reintegrara 33 mil millones de pesos que había destinado a pagar sobornos y se presume que a pagar el financiamiento de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en el año 2010 y las campañas de Juan Manuel Santos y del candidato uribista, Oscar Iván Zuluaga en el año 2014.

El reclamo de los convocantes del debate se puede resumir en tres hechos principales. El primero que Néstor Humberto Martínez está inhabilitado por un evidente conflicto de intereses para continuar al frente de la investigación y por tal razón debe o renunciar o permitir que la Corte Suprema de Justicia nombre a un Fiscal y una fiscalía ad hoc para que conduzca la investigación. El segundo, que la investigación abarque otros frentes que hasta el momento no han sido abordados, principalmente que se investigue el destino de los recursos que ya suman cerca de 50 millones de dólares y tercero que se investigue el financiamiento ilegal de las campañas políticas presidenciales de 2010 y 2014, y las campañas a gobernadores y alcaldes en el año 2015. A ello se suma ahora la investigación de la muerte del auditor de la obra, Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro, muertos en circunstancias cuento menos extrañas el primero el 8 de noviembre y el segundo el 11 del mismo mes. Los documentos y las grabaciones que dejó el Auditor son las que han dado nuevas pistas y pruebas sobre la trama de la corrupción y en estas grabaciones aparece justamente Néstor Humberto Martínez a quien Pizano da cuenta y entrega material probatoria, sobre los delitos cometidos por la firma brasilera. Sin ningún reato Néstor Humberto Martínez sigue al frente de investigaciones que lo comprometen en estos hechos.

Colombia: un régimen bloqueado en la lucha contra la corrupción

Lo que puso sobre la mesa el debate es que el diseño institucional existente en Colombia no solo impide el avance en las investigaciones sobre la corrupción que carcome al régimen político y económico del país sino que también dificulta en grado extremo el que las indagaciones conduzcan a investigar a los principales responsables de la misma. Por ejemplo, la mayor parte de los altos funcionarios del Estado comprometidos o relacionados con decisiones que terminan en grandes hechos de corrupción están protegidos por fueros especiales. En este caso por ejemplo los senadores, el fiscal general y los más altos funcionarios del Estado son cobijados por fueros que hacen imposible que las investigaciones avancen aun cuando la sociedad exige castigos ejemplares y resultados prontos en las investigaciones. Los presidentes de la República solo pueden ser investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara que los investiga y si encuentra mérito los acusa ante la Cámara de Representantes quien los acusa ente el Senado de la República que puede levantarles el fuero para que entonces los investigue en materia penal la Corte Suprema de Justicia. Igual camino está garantizado para el Fiscal General de la Nación. Y esa comisión es una garantía de impunidad a tal punto que en la opinión pública se le conoce como la comisión de absoluciones.

En este caso por ejemplo el único que puede investigar al Fiscal General de la Nación es esa Comisión de Acusaciones o sea que Néstor Humberto Martínez está protegido por ese marco institucional. Reformarlo ha sido imposible pues comenzando por el presidente de turno, por los magistrados de las altas cortes y por los altos funcionarios del Estado, todos se oponen y todas las reformas han fracasado.

En el caso que nos ocupa y que indigna a los colombianos es casi imposible que las investigaciones avancen. Para que ello ocurriera tendría que renunciar el fiscal, Néstor Humberto Martínez para dar paso a un nuevo fiscal que tampoco sería prenda de garantía de que tal cosa ocurriera pues en Colombia el fiscal general es elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de una terna que le presenta el presidente de la República, en este caso, Iván Duque Márquez, quien como se sabe viajo en el mes de febrero del año 2014 a reunirse con el publicista brasilero Duda Mendoza y se sabe que allí en esa reunión se pactó que Odebrecht pagaría una suma cercana a los dos millones de dólares para completar el pago de sus servicios como publicista de la campaña del uribista, Oscar Iván Zuluaga. En el debate que comentamos del día martes el senador Álvaro Uribe Vélez no solo defendió la honorabilidad sino que señalo que el actual presidente de la República no había tenido nada que ver con esos hechos.

El Fiscal Martínez no va a renunciar eso lo dejó claro en su larga intervención en que trató de convencer al país de que detrás de las denuncias lo que hay es una conspiración contra él pues según dijo nunca se había combatido y con mayores logros a la corrupción en el país. Así las cosas la única alternativa es que este día jueves la Corte Suprema de Justicia apruebe las inhabilidades del fiscal y solicite a Duque la terna para nombrar un fiscal ad hoc y ojalá una fiscalía ad hoc pues no es lógico que declaradas las inhabilidades el fiscal siga al frente de los cuerpos especiales de investigación que deberán investigar este caso. Si bien no es la mejor solución es la más viable en estos momentos. Estoy seguro que tampoco Duque se declarara impedido para conformar la terna por lo que deberíamos exigir que sean tres facultades de derecho de las Universidades debidamente acreditadas quienes mediante concurso público seleccionen a cinco candidatos de los cuáles Duque escoja tres para que envíe la terna a la Corte y para que esta proceda a su elección. Así por lo menos en este caso podríamos esperar avances en las investigaciones. También la investigación de las muertes de Jorge Enrique y Alejandro Pizano deberían ser investigadas por esta fiscalía ad hoc. Y habrá que seguir exigiendo la renuncia del Fiscal pues sus inhabilidades también se presentan en otros importantes casos que esa dependencia investiga.

Bogotá, 29 de noviembre de 2018.

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur