Si hay un sector de la sociedad que con frecuencia ha sido invisibilizado, marginado y discriminado, este ha sido el de los pescadores y las pescadoras. No sólo por el sistema de dominación capitalista moderno/colonial: cuando pensamos en las ruralidades, solemos hablar de los campesinos, olvidando el importante rol que juegan los pescadores, muy buena parte de ellos integrantes de comunidades que, por el fuerte arraigo con sus territorios y esta actividad de subsistencia, se constituyen como guardianes de las costas, defensores de los ríos, las ciénagas, los manglares.

En este sentido, son también comunidades importantes para la defensa y consecución de la soberanía alimentaria, sobre todo entre los pescadores de las clases populares y los pueblos indígenas, que dependen de esta actividad para su subsistencia. Según FAO, el 90% de los pescadores del mundo son artesanales y se cuentan entre 40 millones de personas –unos 2,5 millones en América Latina– que alimentan a otros millones más.

Pese a ello, estos se enfrentan a numerosos desafíos como lo son la competencia con la industria pesquera, los cercamientos (“enclosures”) de sus territorios acuáticos, los impactos de las petroleras, o incluso las consecuencias de la minería (como por ejemplo ocurrió con el derrame de residuos mineros Fundão en Mariana, Minas Gerais, Brasil), sufriendo tremendas injusticias y racismo ambiental.

Ante esto, numerosas organizaciones y comunidades de pescadores se movilizan contra estos flagelos, emergiendo como dignas luchas en defensa de los bienes comunes y sus modos de vida, referentes que nutren el conjunto de luchas populares que se dan hoy en América Latina y el Caribe.

Resistencias en las aguas: pescadores y pescadoras contra el despojo y el racismo ambiental petrolero en Brasil y Colombia

En el año 2003, en la bahía de Guanabara (Rio de Janeiro, Brasil) nació una combativa organización de pescadores y pescadoras, Ahomar (Associação dos homens e mulheres do mar), quienes se organizaron para luchar contra los crecientes impactos provocados por la actividad petrolera impulsada por Petrobras. Los terribles efectos de un enorme derrame registrado en el año 2000, motivaron una lucha que se mantiene hasta nuestros días, en un ecosistema que tradicionalmente ha abastecido cerca de 70% del pescado de toda la región metropolitana de Rio de Janeiro, y que sustenta a miles de familias de pescadores y pescadoras.

Derrames petroleros, aumento de construcciones de la industria, cercamientos y restricciones en la circulación y práctica de la pesca, desaparición de peces, y principalmente una extraordinaria violencia y persecución contra los integrantes de Ahomar, no han amilanado a estos combativos pescadores, quienes han llevado adelante diversos tipos de movilizaciones y acciones, como lo han sido la ocupación durante 38 días, con casi un centenar de pescadores, de las obras en las que se estaba construyendo un gasoducto submarino y terrestre; un proceso de búsqueda y sistematización de información para comprender las prácticas de la petrolera, sus procedimientos, y los impactos que se generan por su actividad, lo que les ha permitido construir contra-argumentos, solicitar inspecciones públicas, elaborar mapas de las zonas de pesca, y realizar monitoreos ambientales propios; generar articulaciones con actores de las universidades; o alcanzar victorias judiciales con las que lograron detener una construcción y demoler dos terminales ya construidos.

A decir de Alexandre Anderson, uno de los líderes de la organización (muy amenazado por los poderosos intereses económicos en la zona), a pesar de toda la violencia ejercida contra estos, los pescadores se han vuelto más fuertes y no dejarán de luchar.

En el caribe colombiano, específicamente en el norte del departamento de Córdoba, diversas organizaciones y comunidades de pescadores, con mucho ímpetu y un gran nivel de organización, defienden toda la región del bajo Sinú, un área de amplias ciénagas y zonas de manglares que se conectan con el Golfo de Morrosquillo.

Habiendo luchado contra los impactos provocados por la instalación de la hidroeléctrica de Urrá a partir del año 2000, y la expansión de la frontera agropecuaria en las ciénagas –lo que ha provocado desecaciones y desaparición de parte de las mismas–, una de las resistencias más relevantes en los últimos años ha sido contra los proyectos de construcción de un puerto de aguas profundas para transporte de hidrocarburos, y otro de graneles para materiales mineros en la bahía de Cispatá, en el Golfo de Morrosquillo.

La Asociación de productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del bajo Sinú (Asprocig), una potente organización que reúne a unas 6.000 familias de campesinos, pescadores e indígenas del pueblo Zenú, en alianza con otras organizaciones, comunidades, concejales y alcaldes, se han articulado en contra de estos proyectos, señalando que la instalación de los puertos pondría en peligro más de 8.000 hectáreas de manglares, así como numerosas especies, los paisajes y las actividades de subsistencia de los habitantes de la zona. Por ser un área donde se ha asentado la industria petrolera, en la misma se producen persistentes derrames que provocan conflictos y frecuentes protestas de los pescadores.

Las comunidades han apelado a diversos recursos legales y figuras de protección, en alianza con las autoridades locales, como ocurrió con el Acuerdo Municipal (2017), que recurrió al principio de precaución para evitar que se realice el proyecto, teniendo en cuenta que Cispatá es categorizada como un Distrito de Manejo Integrado. Gracias a estas luchas, el proyecto se ha logrado frenar en dos ocasiones.

Del mismo modo, comunidades pescadoras y quilombolas, en la Isla de Maré (ubicada en la bahía de Todos los Santos, cercana a Salvador de Bahía, Brasil), mantienen una fuerte y permanente lucha, liderada por mujeres, contra los terribles impactos que la actividad petrolera (de nuevo, Petrobras) ha dejado no sólo en sus aguas, manglares y recifes coralinos, en la pesca artesanal y sus modos de vida, sino en la salud de estas comunidades pescadoras, que han sufrido múltiples enfermedades y la muerte por cáncer de varios de sus integrantes.

Sus movilizaciones, que las entienden como una vieja lucha contra el colonialismo de antes y de ahora, señalan el racismo ambiental al que son sometidos, principalmente por la industria petrolera –instalada desde la década de los años 60s–, específicamente por los efectos que producen el puerto y la petroquímica de Aratú, ubicadas a muy pocos kilómetros de varias de las comunidades de la isla.

En torno al Movimiento de Pescadores y Pescadoras Artesanales, estas comunidades han realizado diversas acciones de protesta en el mar; cortes de ruta de la entrada del puerto; ocupaciones como la de la sede de la Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA), exigiendo que sean atendidas sus demandas y los casos de salud de los afectados; marchas; comunicados públicos; solicitud de audiencias públicas y de estudios epidemiológicos independientes, entre otras iniciativas. Todo esto, buscando que se detenga la contaminación y que se evite la ampliación del puerto de Aratú. Para ellos se trata de una lucha por la vida.

El extractivismo petrolero, lejos de su promesa de riqueza y progreso para todos, ha dejado en cambio miseria y devastación, dolor y grandes cicatrices en las comunidades afectadas, y una enorme impotencia, ante tanta injusticia. El petróleo mata, y los proyectos impulsados por esta industria (sea transnacional o de empresas nacionales) deben ser entendidos como proyectos de re-colonización de los territorios.

Las pescadores y pescadores también construyen alternativas al modelo civilizatorio: el ejemplo de Asprocig

Ni el Fondo Monetario Internacional, ni las enormes inversiones chinas, ni el desarrollismo progresista, ni la expansión del extractivismo son las únicas vías para enfrentar la crisis que se vive en América Latina y el Caribe, mucho menos para construir alternativas al modelo civilizatorio. En cambio, en el campo popular latinoamericano se pueden encontrar numerosas experiencias que evidencian posibilidades de transformación, que pueden allanar el camino para la emancipación de los pueblos y la naturaleza.

Una de estas experiencias es la de Asprocig, que no sólo ha resistido a los avances del modelo extractivista desde hace unos 25 años, sino que en simultáneo, ha construido una propuesta de desarrollo autónomo y territorializado para el bajo Sinú (al norte de Córdoba), llevada adelante por los propios campesinos y pescadores, y adaptada a las condiciones ecosistémicas y culturales de la zona.

Esta propuesta la consideramos paradigmática para la región, tanto por su apuesta por las autonomías populares, su orientación ecológico-política, como por la dimensión de amplia escala geográfica que tiene (y que puede seguir expandiéndose). Además, se trata de una iniciativa que se ha mantenido y consolidado en el tiempo, en un contexto bastante complejo debido a la presencia de la violencia y el paramilitarismo en esta zona del caribe colombiano.

Acuicultura en el patio de un ABIF de Asprocig, Córdoba (Colombia)

Por un lado, la organización ha crecido desde abajo, a partir de las prácticas asamblearias, la descentralización y la rotación de puestos, y si bien ha tenido como horizonte la producción agrícola (en el contexto de violentas luchas por el derecho a la tierra), la propuesta reivindica la reafirmación y construcción de comunidades culturales, antes que entender a pescadores y campesinos como meros productores. En la medida en la que producen sus alimentos, estos también reproducen su existencia y su cultura, lo que además está en estrecha relación con su territorio. El funcionamiento y crecimiento de esta red de organizaciones se ha basado en la recuperación de la “institucionalidad ancestral”, es decir, los códigos, patrones, la palabra, los espacios tradicionales de comunicación, con lo que estos pueblos han desarrollado su vida en comunidad, lo que otorga gran organicidad al proceso.

Por otro lado, la organización orienta sus prácticas territoriales a partir de la agroecología. La base fundamental de la propuesta son los Agroecosistemas Biodiversos Familiares (ABIF), los cuales plantean a aquellos que quieran sumarse a la organización, una transformación inicial de su parcela o su patio basado en la biodiversidad local: se propone la inserción como mínimo de 80 especies vegetales agrupadas en seis tipos: medicinales, energéticas, hortalizas, frutales, productoras y ornamentales. Asprocig suele proveer de la semilla criolla –que está permanentemente recuperando y preservando–, al tiempo que se promueve el aprovechamiento de los diversos servicios ambientales que ofrece el agroecosistema, la gestión comunitaria del agua y el empleo de energías renovables.

Los ABIF reivindican el “vivir sabroso”, garantizando en primer lugar la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas y el bienestar integral de la familia que lo gestiona, y así evitar que los campesinos y pescadores tengan que emigrar a las ciudades. A su vez, se contempla la realización de proyectos productivos y la generación de recursos económicos, pudiéndose comercializar los excedentes en el “Sistema Solidario de Intercambio y Comercialización”.

Tal vez lo más interesante de la propuesta es que plantea agregaciones más amplias, como son las espirales agroecológicas, siendo que un conjunto de las mismas conformaría comunidades agroecológicas, las cuales a su vez, agrupadas constituirían comunidades sustentables. La serie de figuras organizativas está en consonancia con los delicados ecosistemas del bajo Sinú y las tradiciones culturales de sus pobladores. El planteo de Asprocig podría tributar a una transformación significativa que se base en las biorregiones, pudiendo entonces consolidar un proyecto que pueda llegar a disputar el propio proyecto nacional dominante.

Es claro que las dimensiones de un horizonte de transformación como este son notablemente complejas y presenta enormes desafíos. Pero, podríamos decir que si hay una utopía para una democracia ecológica radical y directa, experiencias como la de Asprocig representa un referente material, con ya varios años de trayectoria y resultados territorializados. Esta propuesta merece ser tomada en cuenta en los debates regionales sobre alternativas, sumándose así a las reflexiones que se han generado en torno a los caracoles zapatistas, las comunas en Venezuela, las redes de cooperativas y de economía social y solidaria en Brasil, entre otras.

Tenemos mucho que aprender de Asprocig.

Emiliano Terán Mantovani es miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Este artículo surgió a partir de nuestra participación en el Encuentro Latinoamericano de Comunidades Pescadoras Afectadas por Actividades Extractivas, realizado en Lorica y otras localidades del norte de Córdoba (Colombia) y organizado por Oilwatch Latinoamérica.