“Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. (…) Porque soy como el árbol talado que retoño: aún tengo la vida”
Miguel Hernández

El 11 de setiembre del 2018, un día después que empezó la Huelga 10-S, Carlos Andrés fue aprehendido por la Fuerza Pública.

Pero, ¿quién es Carlos Andrés? Carlos Andrés es un trabajador de 27 años, curtido por el sol del Caribe, con más de 8 años de laborar en las instalaciones de Recope, en la localidad de Moín.

Carlos Andrés, acusado por el Ministerio Público, fue sentenciado el 27 de noviembre último por el Tribunal de Flagrancia de Limón, por daño agravado, contra una esfera de almacenamiento de gas de la planta de Moín, cuyas circunstancias -por cierto, bastante contradictorias en el pronunciamiento judicial-, se desarrollaron en el marco de la huelga nacional convocada por los sindicatos, contra la ahora Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Carlos Andrés fue condenado a 2 años de prisión, cuya sentencia le denegó el beneficio de la ejecución condicional de la pena e inhabilitó para el ejercicio de cualquier cargo público por un período de 10 años. Además, ordenó su prisión preventiva por un plazo de 6 meses, mientras queda firme semejante gazapo judicial.

La sentencia dictada contra Carlos Andrés, en un juicio sumario, está plagada de yerros jurídicos y prejuicios ideológicos, fundada en especulaciones policiales, ayunas de todo respaldo probatorio, que violentaron el debido proceso y el derecho de defensa, a contrapelo del artículo 39, 40 y 41 de la Constitución Política, artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 60 del Código Penal y artículo 1, 3, 6, 10 del Código Procesal Penal.

La historia nos demuestra que esta suerte de vicios procesales y de fondo, son una constante en esta especie de procesos, que se transmutan en verdaderos juicios políticos, en los que los jueces terminan subordinándose al linchamiento mediático y político, pues valga recordar que el propio Presidente de la República demandó mano dura contra este trabajador de RECOPE, aplaudido hasta con las orejas por los medios de comunicación colectiva que todos conocemos.

Pero, por otro lado, la denegación del beneficio de la ejecución condicional de la pena y la imposición de la prisión preventiva, es totalmente ilegítima y desproporcionada, una afrenta más al famélico Estado Social de Derecho, sostenido apenas con respiración artificial.

El encarcelamiento arbitrario de Carlos Andrés no tiene fundamento legal, porque se le impuso una pena inferior de tres años, quien tiene domicilio estable, trabajo fijo, arraigo familiar y además, no tiene ningún antecedente penal.

La privación de libertad debe ser una medida excepcional, que en este asunto no tiene justificación legítima la condena que se le impuso a Carlos Andrés y mucho menos, la desproporcionada prisión preventiva.

La prisión degrada, estigmatiza, cuyas consecuencias sufre la familia de la persona recluida. Carlos Andrés no se merece este infame vejamen.

Entonces, ¿qué razones privaron para negar a este humilde y joven trabajador el beneficio de la ejecución condicional de la pena y ordenar su prisión preventiva? No queda la menor duda que el interés que prevaleció fue, de una parte, castigar injustamente la participación de un obrero en la lucha social, sin padrinos políticos que recurran presurosos a su auxilio y de otra parte, mandar una inequívoca advertencia contra las huelgas y la protesta social; es decir, una sentencia ejemplarizante que pretende amedrentar a la ciudadanía, cada vez más disconforme con las cosas que están pasando en este descarrilado país.

Desafortunadamente, la política criminal costarricense se viene decantando por un uso excesivo de la prisión preventiva, reflejo de un Estado Policial que receta cárcel y macana, como mecanismo reactivo de “resolución” de los conflictos sociales que se van acumulando y agudizando en todo el territorio nacional, pero que tarde o temprano serán incontenibles.

La familia de Carlos Andrés extrañará su tangible ausencia en la Noche de Navidad. Su hijo, con el corazón partido, no renuncia a la esperanza de que en el último minuto, se le cumpla el único sueño, que ahora más que nunca quiere se haga realidad, para siempre.

Mientras tanto, en el Centro Penal Sandoval, donde está injustamente encarcelado, pasarán por la mente de este muchacho tantos recuerdos de su infancia, de juventud, aguijoneados por el fantasma de la libertad, mientras sus verdugos y carceleros montarán la juerga, hasta embriagar lo poco que les queda de conciencia.

El encarcelamiento de Carlos Andrés no nos puede ser ajeno. Su libertad es una responsabilidad moral, que tenemos quienes sentimos y pensamos que las cosas no pueden seguir así, en la suiza centroamericana de la pura vida.

¡Libertad inmediata para Carlos Andrés!

22 de diciembre de 2018